Devolver a 600.000 personas al infierno del que huyeron

Desde el pasado mes de agosto, miles de portadas de periódicos y telediarios han mostrado columnas de personas caminando a través de la jungla o famélicos niños en polvorientos campos de refugiados en la frontera entre Myanmar y Bangladesh. Los rohingyas, una minoría musulmana que se concentra fundamentalmente en el oeste de Myanmar, nunca habían ocupado tantas portadas a pesar de que Naciones Unidas ha calificado la política del gobierno del país hacia ellos como un “ejemplo de libro” de una limpieza étnica. Sin embargo, la campaña militar lanzada en agosto tras una ofensiva en la zona de un nuevo grupo guerrillero, el Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), ha sido especialmente represiva y más de 600.000 rohingyas han huido desde entonces a Bangladesh. “El mundo pocas veces ha visto una crisis de refugiados tan rápida”, aseguró el director general de la Organización para las Migraciones, William Lacy Swing, en octubre.

Myanmar y Bangladesh se preparan ahora para iniciar la próxima semana la repatriación de miles de exiliados al estado Rakhine, de donde huyeron, pero la comunidad internacional ha mostrado preocupación por las condiciones a las que serán sometidos los rohingyas a su retorno tras haber sufrido décadas de políticas discriminatorias.

Así, desde 1982, la Ley de Ciudadanía no reconoce a los rohingyas como población autóctona del país, convirtiéndolos en una de las mayores comunidades apátridas del mundo y limitando derechos como el matrimonio o la educación. Desde 2012, cuando la violencia entre la población budista y la musulmana empezó a escalar, se implementaron políticas de segregación y la mayor parte de los rohingyas fueron confinados en campos de desplazados o en pueblos musulmanes.

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Laura Villadiego. Bangkok

“Se ha puesto a esas personas bajo condiciones que son similares a un apartheid”, aseguró Laetitia Van Den Assum, miembro de la Comisión sobre el Estado Rakhine que publicó un informe con recomendaciones para la paz en la región el mismo día en que el ARSA lanzó su ataque el pasado mes de agosto. “Hay una discriminación sistemática y prácticamente todas las instituciones están involucradas en implementar este sistema pernicioso”, continuó la diplomática en un foro público celebrado en Bangkok, la capital de la vecina Tailandia. La antigua embajadora de los Países Bajos en el país asiático aseguró, sin embargo, que la palabra 'genocidio', “que tiene una definición legal concreta”, debe ser utilizada con precaución, “ya que no hay acceso suficiente para probarlo”.

Myanmar ha blindado así la zona a periodistas y diplomáticos, y los visados para que representantes de Naciones Unidas puedan visitar la zona han sido denegados sistemáticamente. Los que se atreven a desafiar el muro informativo se enfrentan a la cárcel. Así, dos periodistas de Reuters han sido detenido y acusados de violar el Acta de Secretos Oficiales por “obtener documentos del Estado para compartirlos con medios extranjeros”. Los reporteros habían conseguido acceso al estado Rakhine y habían investigado la existencia de una fosa común en la zona. Un día después de que la acusación contra los periodistas se hiciera formal, el ejército reconoció ser responsable de los cuerpos de los 10 aldeanos rohingyas encontrados.

La política del Gobierno contra los rohingyas, pero también contra los medios, ha provocado numerosas críticas hacia el actual gobierno de Suu Kyi, premio Nobel de la paz y durante décadas icono de los derechos humanos gracias a su resistencia pacífica a la dictadura militar, y ha levantado sospechas sobre el alcance real del proceso de democratización iniciado en 2011 tras casi 50 años de régimen castrense.

Un futuro para los rohingyas

Cuando los rohingyas comiencen la repatriación la semana que viene, no volverán a las casas que abandonaron, muchas de ellas destruidas durante la represión, sino que se encontrarán de nuevo en un campo de refugiados que el Gobierno de Myanmar está construyendo como medida transitoria. Sin embargo, aún no está claro cuántas personas podrán volver ya que el Ejecutivo ha asegurado que la repatriación sólo será posible cuando haya alguna prueba de residencia en el país durante varias generaciones. Algo imposible para una población que huyo sin apenas pertenencias y cuyos documentos han sido a menudo desestimados por las autoridades de Myanmar.

“El proceso de verificación no va a ser fácil y va a llevar tiempo”, asegura Supang Chantavanich, consultora del Centro para la Investigación de la Migraciones del Sudeste Asiático. Así, según la académica, en el otro extremo del país, donde los conflictos con las etnias Karen, Mon y Shan, sí reconocidas como grupos étnicos del país, llevaron a miles de personas a huir de forma continua durante décadas, el proceso de repatriación apenas ha comenzado. “Llevamos tres años hablando de repatriación y sólo 60 personas han vuelto a Myanmar”, asegura. Las otras dos opciones, el reasentamiento en terceros países o la asimilación en Bangladesh, son “poco probables”, asegura la académica, ya que ninguno de los países está dispuesto a aceptar a los refugiados.

Myanmar tampoco parece dispuesta a modificar la Ley de Ciudadanía y a conceder la nacionalidad a los rohingyas, algo necesario para asegurar una repatriación segura, según Laetitia Van Den Assum. “Se necesita un debate nacional sobre qué significa ser un ciudadano de Myanmar en el siglo XXI”, afirma la diplomática. Supang Chantavanich recalca además la necesidad de promover el desarrollo económico y social en la región. “A pesar de la apertura económica, la mayor parte de la inversión está centrada en Yangón [antigua capital administrativa y centro económico del país]”, asegura la académica. “El desarrollo en la zona debería ser una prioridad para evitar futuros conflictos”.