¿El 'Pinochet birmano'? El mundo señala a este general para detener la limpieza étnica

El pasado mes de septiembre, el retrato de Aung San Suu Kyi, la icónica defensora de la democracia de Myanmar y ahora líder del joven gobierno civil, recorrió las calles de la capital de Indonesia, Yakarta. La concentración no era, sin embargo, como las que antaño alababan su resistencia pacífica contra las cinco décadas de dictadura militar birmana que terminaron en 2011. Su retrato, símbolo durante años de la lucha por los derechos humanos, ardía ahora como señal de protesta por su silencio hacia lo que varias organizaciones han calificado de 'crímenes contra la humanidad' y 'limpieza étnica' contra los rohingyá.

La Premio Nobel de la Paz lleva años en el centro de las críticas internacionales por su inacción ante la situación de los rohingyas, una minoría musulmana que se concentra en el estado Rakhine, al oeste de Myanmar, y que es considerada como población inmigrante ilegal del país. Poco a poco, sin embargo, los dedos están empezando a apuntar hacia otro lado: el poderoso ejército birmano, más conocido como Tatmadaw, y, sobre todo, el hombre que lo dirige, el jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlaing.

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Estados Unidos lo hizo ayer con contundencia, retirando su apoyo militar al país como represalia por la campaña de represión del Tatmadaw contra los rohingyas iniciada el pasado mes de agosto. "Expresamos nuestra mayor preocupación sobre los eventos recientes en el estado Rakhine y los abusos violentos y traumáticos que los rohingyas han sufrido", aseguró la portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, un país que nunca llegó a levantar el embargo de armas al país, impuesto durante la dictadura militar. "Es necesario que cualquier individuo o entidades responsables por las atrocidades, incluidos actores no estatales y justicieros, rindan cuentas", continuó.

Aunque las tensiones han sido comunes en la región durante décadas y los enfrentamientos directos frecuentes desde 2012, la última campaña militar birmana, que siguió a una ofensiva en la zona de un nuevo grupo guerrillero, el Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ha sido la más contundente de los últimos años. Así, desde agosto, más de 600.000 rohingyas han abandonado Myanmar con dirección a Bangladesh, según datos de Naciones Unidas, quien ha calificado la política de Myanmar como un “ejemplo de libro” de una limpieza étnica. “El mundo pocas veces ha visto una crisis de refugiados tan rápida”, aseguró el director general de la Organización para las Migraciones, William Lacy Swing, la semana pasada.

El jefe del Estado Mayor no tardó en responder: “Se ha exagerado al decir que el número de 'bengalis' huyendo hacia Bangladesh es muy grande”, se quejó en su cuenta de Facebook, negándose a usar el término 'rohingya' y utilizando el bengalí, algo que también lleva años haciendo Suu Kyi. Min Aung Hlaing recordaba además la versión oficial del gobierno birmano sobre esta minoría: “Cuando la región cayó bajo el colonialismo británico en 1824, bengalíes de Bengala entraron como mano de obra agrícola. […] Esos bengalíes se quedaron de forma permanente en la región. Y después su población creció gradualmente”. En 1982, la entonces dictadura aprobó una ley de ciudadanía, vigente hoy en día, que no reconoce a los rohingyas como población autóctona, convirtiéndolos en una de las mayores comunidades apátridas del mundo.

"El mayor obstáculo a la democracia"

“Min Aung Hlaing es el mayor obstáculo para mejorar los derechos humanos, la reforma democrática, la paz, la modernización y mejorar la salud y la educación en Birmania”. Para Burma Campaign UK, una de las organizaciones que ha estado defendiendo la democratización de Birmania durante más tiempo, los poderes casi absolutos que tiene el ejército son el principal bache para conseguir la cacareada apertura política que ha dado reconocimiento internacional al país asiático.

No obstante, cuando los militares anunciaron su hoja de ruta política en 2003, ya avisaron de que su democracia no iba a ser como las demás; iba a ser una 'democracia disciplinada'. Y la disciplinaron con una nueva Constitución, aprobada en 2008, en la que el 25 por ciento de los escaños del Parlamento estaban reservados para los militares – votos necesarios para cualquier reforma de la Carta Magna – y asegurando el control por parte del ejército de varios ministerios clave: el de Asuntos Internos, el de Defensa y el de Fronteras. “A través de estos ministerios, los militares tienen control directo sobre la seguridad, y a través del Departamento de Administración Generación, sobre toda la estructura de gobernanza local en Birmania”, escribía tras las elecciones de 2015 el periodista y analista Francis Wade, quien acaba de publicar un libro sobre el conflicto rohingyá. La Carta Magna asegura así que el ejército actúa de forma independiente y coloca a Min Aung Hlaing como la figura más poderosa del país.

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Suu Kyi, sin embargo, no está desprovista de poder, aunque los militares intentaron reducir su peso en el gobierno al introducir una claúsula en la Constitución que le impedía acceder a la máxima posición civil, la de presidente. Así, tras la victoria de su partido en las elecciones, la carismática ex-activista otorgó la presidencia a una persona de confianza y se creó para sí misma el puesto de 'Consejera de Estado', equivalente al de primer ministro.

Su popularidad sigue además intacta en un país fuertemente dividido en grupos étnicos, muchos de ellos en conflicto directo con el gobierno central, pero que comparten su odio hacia los rohingyas. Así, según una encuesta de opinión publicada en agosto por el Instituto Internacional Republicano, tres cuartas parte de los birmanos pensaban que el país iba en la dirección adecuada. La satisfacción con la gestión central, no obstante, ha caído y se sitúa 13 puntos por debajo de la encuesta de 2014.

La presión contra Suu Kyi, a quien la ciudad de Oxford le ha retirado un premio por su lucha por los derechos humanos, y Min Aung Hlaing, contra el que Amnistía Internacional ha abierto una petición de firmas, está dando poco resultado, y cientos de refugiados siguen cruzando cada día la frontera con Bangladesh. La mitad de ellos, ha denunciado UNICEF, son menores y uno de cada cinco, asegura la organización, se encuentra en situación de malnutrición severa.