Pueblos prohibidos a musulmanes: la última vuelta de tuerca en el gran apartheid de Asia

“El pueblo de Orin está poblado solo con gente puramente budista”; “A los Kalars (palabra despectiva en birmano para los musulmanes) no se les permite la entrada en el pueblo de Kone Thar”; “Zona prohibida a musulmanes”. Son los eslóganes que pueden verse en carteles en al menos 21 localidades en Myanmar en los que se prohíbe la entrada de musulmanes o se les limitan sus movimientos y derechos, según denuncia un informe publicado por la Burma Human Rights Network (Red de Derechos Humanos de Birmania). La creación de estos 'pueblos libres de musulmanes' supone así una nueva vuelta de tuerca en las políticas discriminatorias en el país asiático contra los rohingya, una minoría musulmana que lleva décadas siendo perseguida en la antiguamente conocida como Birmania.

La publicación del informe coincide además con un nuevo brote de violencia en la región de Rakhine, al oeste de Myamnar, donde se concentra la población rohingya, en el que, según los militares birmanos, unas 400 personas han muerto en los últimos 10 días, la mayoría integrantes de un grupo insurgente formado recientemente y que lanzó su primer ataque en octubre de 2016. Más de 150.000 rohingyas han cruzado además la frontera con Bangladesh a través de la jungla huyendo de los enfrentamientos entre la guerrilla y los militares, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Los números son muy preocupantes. Crecen muy rápido”, aseguró la portavoz regional de ACNUR Vivian Tan a la agencia AP.

La tensión étnica en la frontera entre Myanmar y Bangladesh se ha disparado desde 2012, después de que una joven budista fuera hallada muerta y con signos de violencia sexual y de que la policía acusara a tres hombres rohingya. El suceso provocó una nueva persecución contra esta etnia y el Gobierno impuso medidas de segregación entre la población budista y la musulmana en la región, abriendo varios campos de desplazados para estos últimos. Cinco años después, más de 120.000 rohingyas aún malviven en campos de desplazados, mientras que aquellos que viven fuera tienen “restricciones severas” en su capacidad de viajar o de acceder a servicios sanitarios, dice el informe.

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Laura Villadiego. Bangkok

Sin embargo, mientras que la segregación en el estado Rakhine fue impuesta por el Gobierno por motivos de seguridad, las zonas libres de musulmanes se han extendido por el resto del país de forma espontánea por iniciativa de las propias comunidades. Estos pueblos conectan además con una corriente ultranacionalista y ultrarreligiosa que se ha extendido en el país durante los últimos años, el movimiento 969, liderado por un sector radical del monacato budista que ha llamado a la población a levantarse contra la fe islámica.

Las zonas libres de musulmanes se han extendido por iniciativa de las propias comunidades. Son pueblos que conectan con una corriente ultranacionalista y ultrarreligiosa

“La prohibición de musulmanes en pueblos budistas parece estar motivada por una percepción de que la presencia de musulmanes […] está diluyendo la fuerza del budismo”, dice el informe. “Estos pueblos se han convertido en bastiones simbólicos de la pureza budista”. El informe documenta así diferentes grados de segregación en diferentes puntos del país que van desde la prohibición completa a la entrada de musulmanes en las localidades a otras formas menos drásticas, como las restricciones a sus actividades económicas o el veto a los matrimonios mixtos.

El informe denuncia además que se están dando formas “más sutiles de persecución”, que no afectan únicamente a los rohinhgya sino que se han extendido a los musulmanes de cualquier grupo étnico y que cuentan con “el apoyo del Gobierno, ciertos sectores del monacato y los grupos civiles ultra nacionalistas”. Así lugares de culto musulmanes han sido cerrados o destruidos y a los musulmanes se les deniega con frecuencia documentos de identidad y otros derechos básicos, como la educación o la asistencia sanitaria.

Una persecución histórica

La hostilidad hacia los rohingyas no es nueva y las persecuciones han sido frecuentes desde la II Guerra Mundial. Se convirtieron, sin embargo, en política estatal en los años 70, bajo la dictadura del general Ne Win, quien lanzó en 1978 la llamada operación Dragon King, que empujó a miles de rohingya a emigrar a la vecina Bangladesh. Se calcula que desde entonces más de un millón de rohingyas han abandonado el país.

Poco después, en 1982, el ejecutivo aprobó una Ley de Ciudadanía que solo reconocía como etnias de pleno derecho a aquellas comunidades establecidas en el país antes de la llegada de los ingleses. Los rohingyas, considerados inmigrantes ilegales llegados durante el periodo británico, quedaban fuera de esa categoría. De un plumazo, la ley convirtió a esta comunidad en uno de los pueblos apátridas más grandes del mundo y las campañas contra los rohingya continuaron de forma intermitente durante décadas.

La última olead de ataques comenzó en 2012, a pesar de la apertura política que ha vivido el país desde 2011, tras cinco décadas de férrea dictadura militar, y Human Rights Watch ha denunciado en varias ocasiones la destrucción de pueblos enteros de musulmanes documentada a través de imágenes satélite, así como otros abusos. La llegada al poder en 2016 del partido de Aung San Suu Kyi, la carismática líder de la resistencia contra la dictadura militar, era para algunos la última esperanza de que la situación de los rohingya en el país mejorara. Sin embargo, la Nobel de la Paz se ha negado a calmar las aguas y la represión de los militares se ha recrudecido bajo su mandato. Así, Amnistía Internacional denunció en un informe que, desde el ataque insurgente de octubre de 2016, las fuerzas de seguridad del país “han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas contra [los rohingyas] incluso dirigidas de forma deliberada hacia la población local, sin importarles su conexión con los militantes”.

El silencio de Suu Kyi no ha sido bien recibido por una comunidad internacional que la apoyó durante sus 15 años de arresto domiciliario durante los años de la dictadura. Una de las últimas en alzar la voz ha sido la también premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai que lanzó este martes provocativo mensaje a la líder birmana. “Durante los últimos años he condenado de forma repetida este tratamiento trágico y vergonzoso. Todavía estoy esperando a que mi compañera de Nobel Aung San Suu Kyi haga lo mismo”, escribió Malala. “El mundo está esperando y los musulmanes rohingya están esperando”.