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Las criptodivisas activan las puertas giratorias de EEUU con salarios millonarios
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Las criptodivisas activan las puertas giratorias de EEUU con salarios millonarios

Ante el escrutinio al que se enfrenta, la industria de las criptodivisas refuerza sus filas con asesores y abogados familiarizados con los pasillos del Capitolio

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Entre los que ya trabajan o asesoran a empresas de criptomonedas o fondos de inversión se encuentran tres expresidentes de la SEC (Securities and Exchange Commission), tres expresidentes de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), tres exsenadores estadounidenses y al menos un exjefe de personal de la Casa Blanca, un exsecretario del Tesoro y un expresidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

El Tech Transparency Project, una asociación que vigila políticas públicas, ha identificado a más de 200 exempleados de agencias federales, oficinas del Congreso y campañas políticas nacionales que han trabajado en el sector cripto. Ha analizado empresas como Coinbase, Circle y FTX, a fondos de capital riesgo como Andreessen Horowitz, a bufetes de abogados que representan a clientes de criptodivisas y a asociaciones comerciales centradas en las criptomonedas.

El impulso se produce en un momento en que los reguladores están tratando de elaborar normas para proteger a los inversores en el mercado de las criptomonedas y salvaguardarlas de las actividades ilícitas o la inestabilidad financiera. El miércoles, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que encomienda a las agencias federales una amplia revisión del sector de las criptomonedas.

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"No es habitual que industrias tan nuevas acumulen tanto poder duro y blando en Washington", dijo Jeff Hauser, director ejecutivo del Revolving Door Project, un grupo de vigilancia progresista. Señaló que la actividad de los grupos de presión y el gasto político de las empresas de criptomonedas han aumentado en paralelo a la contratación de antiguos funcionarios del Gobierno.

Las contrataciones abarcan una variedad de funciones e incluyen a exfuncionarios de las administraciones republicanas y demócratas. Desde el sector, afirman que los antiguos funcionarios del Gobierno pueden ayudar a las empresas a cumplir la ley y a comprender las expectativas de la normativa.

La expresidenta de la SEC Mary Jo White, ahora abogada de Debevoise & Plimpton LLP, está defendiendo al emisor de criptomonedas Ripple Labs Inc. contra una orden ejecutiva de la SEC. White dirigió la SEC durante el Gobierno de Obama. El exsecretario del Tesoro Lawrence Summers asesora a la empresa de inversiones en criptomonedas Digital Currency Group Inc. y forma parte del consejo de Block Inc., una empresa de tecnología financiera que invierte en sistemas de pago de criptomonedas. Por su parte, el exjefe en funciones de la Office of the Comptroller of the Currency (un supervisor bancario dependiente del Tesoro) Brian Brooks es director general de la empresa de minería de bitcoins Bitfury Group, y trabajó brevemente como director general de Binance.US, una filial estadounidense de la gigantesca plataforma global de la criptodivisa.

La remuneración que obtienen estos exfuncionarios en la industria de las criptodivisas puede llegar a las siete cifras, según una persona familiarizada con varias de las contrataciones, mientras que en sus puestos como reguladores los sueldos alcanzan un máximo de alrededor de 250.000 dólares. Los exfuncionarios que se dirigen a empresas o fondos de inversión centrados en las criptomonedas también pueden negociar incentivos con un gran potencial de revalorización a largo plazo, como opciones sobre acciones o una parte de los beneficios conocida como intereses transferidos.

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Dos acontecimientos recientes han impulsado la contratación. El primero fue la toma de conciencia en el sector tras las elecciones de 2020 de que las criptodivisas probablemente no permanecerían sin regulación para siempre. Mientras que la Administración de Trump incluyó una serie de partidarios de las criptodivisas, la mayoría de los altos funcionarios de la Administración de Biden han expresado su escepticismo sobre esta clase de activos.

La segunda fue una disposición en el paquete legislativo de infraestructuras del año pasado que requiere que los brókeres de criptodivisas presenten formularios de impuestos a la Hacienda pública. El sector de las criptomonedas criticó esta disposición, argumentando que era demasiado ambigua, pero no consiguió que se eliminara del proyecto de ley.

"Ese fue el punto de inflexión en el que la industria dijo: 'Dios mío, necesitamos a esta gente", afirma Julian Ha, socio de la empresa de búsqueda de ejecutivos Heidrick & Struggles, con sede en Washington, que ofrece servicios de contratación a empresas de criptodivisas, entre otras. El aumento del valor de los 'tokens' digitales el año pasado dio al sector de las criptomonedas el dinero necesario para competir por el talento en Washington. El mercado total de criptodivisas se valoró recientemente en torno a 1,73 billones de dólares, frente a los 200.000 millones de hace dos años, según CoinMarketCap.

Todo tipo de industrias y sus grupos de presión han contratado históricamente a antiguos funcionarios del Gobierno para que les ayuden a diseñar la política. La particularidad de las criptomonedas es que las reglas básicas del sector aún no están escritas. Las regulaciones financieras existentes, si se aplican a los mercados de criptomonedas, podrían añadir grandes costes a empresas que hoy son muy rentables. El sector, por su parte, está presionando para que se establezcan nuevas normas que estén más adaptadas a sus peculiaridades y sean más fáciles de cumplir.

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"Muchas veces hablamos de cómo las industrias están gastando una gran cantidad de dinero en influencia política y, gracias a ello, están obteniendo una enorme rentabilidad por algún pequeño ajuste en la regulación", apunta Dan Auble, un experto en 'lobbies' de OpenSecrets, un grupo que rastrea el dinero en la política. "Pero esta es realmente una situación en la que lo que haga el Gobierno en los próximos años puede arruinar una industria entera".

En Washington, el sector está peleando con la SEC y presionando al Congreso para que redacte nuevas leyes que, según aseguran, se ajusten mejor al funcionamiento de su tecnología. Una lista de antiguos reguladores con experiencia en nómina puede añadir credibilidad, a los ojos de algunos responsables políticos, a empresas que a menudo describen las finanzas tradicionales como estiradas y elitistas.

Los antiguos funcionarios del Gobierno se han convertido en un objetivo atractivo de contratación para las empresas de criptomonedas que necesitan ayuda con el escrutinio regulatorio o de aplicación de la ley.

Dugan Bliss, antiguo abogado interno de la SEC con sede en Nueva York, renunció a la agencia en mayo de 2021 para unirse a BlockFi, una empresa de criptodivisas que permitía a los usuarios ganar un rendimiento prestando sus bitcoins o 'tokens' similares. BlockFi acordó el mes pasado pagar 100 millones de dólares a la SEC y a varios estados para resolver las reclamaciones de que sus cuentas con intereses violaban las leyes de protección de los inversores. Bliss no trabajó en la investigación de BlockFi cuando estaba en la SEC, dijo una portavoz de la empresa.

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Bliss había sido parte de un equipo de abogados de la SEC que trabajaba en su batalla judicial con la firma de criptomonedas Ripple y dos de sus más altos ejecutivos. La SEC argumentó en una demanda de diciembre de 2020 que Ripple captó casi 1.400 millones de dólares vendiendo su moneda digital, XRP, en violación de las normas de protección de los inversores, mientras que su cofundador y director ejecutivo cosechó cientos de millones de dólares en ganancias comerciales. Ripple responde que XRP se utiliza para los pagos internacionales y no es una inversión que deba ser supervisada por la agencia.

White, expresidenta de la SEC, representa a Ripple contra la propia SEC. Andrew Ceresney, que fue uno de sus ejecutivos durante su etapa en el supervisor, también está en el equipo de defensa. En una presentación judicial de abril, la SEC afirmó que la estrategia legal de White y Ceresney implicaba un intento de "acosar" a la SEC con solicitudes de pruebas que los dos litigantes sabían que eran irrelevantes porque habían trabajado en la SEC. En enero, un juez federal dijo que Ripple y sus ejecutivos tenían derecho a obtener algunos registros de la SEC, pero permitió que la agencia mantuviera la mayoría en secreto.

Christopher Giancarlo, que dejó de ser presidente de la CFTC en 2019, argumentó en un artículo de junio de 2020 que XRP no debería estar bajo la supervisión de la SEC. Su bufete de abogados había representado a Ripple. Giancarlo se basó en la información proporcionada por Ripple para escribir el artículo. En una entrevista, se negó a decir si sabía que Ripple estaba bajo investigación de la SEC en el momento de la publicación del artículo.

Giancarlo dirigía la CFTC cuando la agencia aprobó los contratos de futuros de bitcoin, una medida que, según asegura, llevó a la criptodivisa "a la esfera regulada". Desde entonces, ha ayudado a las empresas porque cree que la tecnología que sustenta las criptodivisas cambiará el funcionamiento de las finanzas para mejor. "Así que mi apuesta está hecha", afirma. "Estoy aconsejando a las empresas cómo mantenerse en el lado correcto de la ley, pero también cómo creo que la ley evolucionará".

*Contenido con licencia de 'The Wall Street Journal'.

Entre los que ya trabajan o asesoran a empresas de criptomonedas o fondos de inversión se encuentran tres expresidentes de la SEC (Securities and Exchange Commission), tres expresidentes de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), tres exsenadores estadounidenses y al menos un exjefe de personal de la Casa Blanca, un exsecretario del Tesoro y un expresidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

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