El plan del Banco de España para amurallar el sector financiero frente a los políticos

El Banco de España tiene un plan en mente para evitar injerencias políticas en el sector financiero. Se trata de una idea que sobrevuela los despachos de Cibeles desde hace tiempo y que ahora ha vuelto a cobrar fuerza ante las noticias que llegan de Cataluña, según varias fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

Se trata de un plan para reducir el peso que las fundaciones bancarias tienen en las grandes entidades financieras. El Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) no están cómodos ante las posibles amenazas políticas que podrían aflorar en torno a estas fundaciones semipúblicas.

La preocupación ha crecido en los últimos meses ante las informaciones que rodean a la Fundación la Caixa, máxima accionista de CaixaBank, con rumores que apuntaban al deseo de los partidos catalanes (Junts y ERC) de entrar en su patronato. Aunque estas informaciones no se han hecho realidad por el momento, han provocado que en Cibeles se planteen retomar la idea que tenían en la cabeza.

Esta pasaría por bajar el porcentaje máximo que las fundaciones pueden controlar en los bancos: del 30% actual a debajo del 20%. Hay voces dentro del supervisor que incluso apuntan a porcentajes inferiores.

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Jorge Zuloaga

Uno de los principales escollos para ello es fiscal. Si alguna de las dos grandes fundaciones que están en bancos cotizados, La Caixa o Unicaja, bajaran de ese porcentaje, dejarían de formar parte del mismo grupo de consolidación fiscal, con un impacto importante. Por ello, en el Banco de España llevan tiempo planteándose la opción de negociar con el Ministerio de Economía una reforma que baje el porcentaje de consolidación fiscal a un nivel que les permita aminorar el peso de las fundaciones. En los últimos meses, no se abrió esta puerta, al estar Nadia Calviño de salida. Con un nuevo ministro nombrado a más largo plazo, Carlos Cuerpo, cambia el panorama.

Esta casuística solo afectaría a CaixaBank y Unicaja Banco, ya que las otras fundaciones bancarias con participaciones en el sector financiero no tienen intereses en bolsa: como la Fundación Ibercaja, que tiene un 87% de Ibercaja Banco, o la Fundación BBK, que tiene un 57% de Kutxabank. Aun así, la amenaza latente de que en cualquiera de esas fundaciones entre algún partido político con deseos de influir en el banco hace que se despierten fantasmas de la anterior crisis entre los supervisores. También hay un ojo en las próximas elecciones vascas, en las que Bildu podría adelantar al PNV.

Cualquier cambio en esta línea estaría sujeto a grandes dificultades y obstáculos, más en una legislatura como la actual, en la que los equilibrios parlamentarios son cada vez más complejos. Como se ha visto esta última semana, el PSOE necesita el apoyo de partidos catalanes y vascos para aprobar cualquier real decreto. Y este no sería fácil de digerir por algunos.

La actual normativa de las fundaciones bancarias procede de 2014 y fue fruto de las imposiciones fijadas por Europa para el rescate de las cajas. Una de las condiciones fue que se despolitizaran estas entidades. Y así ha sido hasta ahora. De hecho, prácticamente todas estas fundaciones han hecho grandes mejoras de gobernanza en los últimos años para alejar cualquier riesgo. Aun así, al ser instituciones semipúblicas, siempre existe el riesgo de que acaben en malas manos.

Ya en 2014, la redacción de la actual ley fue objeto de una intensa negociación política en la que todas las comunidades autónomas afectadas trataron de influir. La que tuvo más éxito fue la vasca, que consiguió quedarse con la supervisión de sus fundaciones. El resto de estas instituciones es supervisado por el Ministerio de Economía, junto al Banco de España.

800.000 millones en juego

Las cuatro mayores fundaciones (La Caixa, Unicaja, BBK e Ibercaja) controlan indirectamente activos bancarios valorados en más de 800.000 millones de euros. Y participaciones en bolsa (de CaixaBank y Unicaja Banco) tasadas en casi 10.000 millones.

Pero estas fundaciones no solo son importantes por los intereses que tienen en los bancos. Lo son incluso más por los presupuestos que manejan gracias a los dividendos que reciben de sus participaciones. Los dedican principalmente a obra social en sus áreas de influencia, un montante que en 2022 ascendió a 800 millones. Son, de esta manera, una tentación para los políticos como fuente adicional de dinero para la ciudadanía.

A la amenaza política en el sector financiero se suma la presencia pública, actualmente representada con el 17% en CaixaBank a través del FROB y el 50,1% en Sareb, que permite al Gobierno seguir influyendo en el sector financiero y el inmobiliario. En el sector financiero, sorprende que el Estado no haya aprovechado el rally de las acciones de CaixaBank para hacer caja y reducir su participación, como han hecho muchos Estados europeos. Tras el rescate, se dio por sentado que la presencia sería efímera, para evitar errores del pasado. ¿Volveremos a tropezar con la misma piedra?