CaixaBank y Sabadell se blindan frente a la ofensiva de Junts por recuperar las sedes

"No creemos que el Gobierno vaya a pasar por el aro". Así se pronunciaban a primera hora del día desde un gran banco sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez aceptara las exigencias de Junts y ceda a aprobar un real decreto para forzar a las empresas a devolver la sede a Cataluña. Algo que fue más deseo que realidad, ya que finalmente se accedió a ello. Estas palabras desprenden el enfado de los grandes bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell, por volver a verse en el foco público tras la inestabilidad que sufrieron en septiembre de 2017.

Entonces, los bancos afincados en Cataluña tuvieron que trasladar la sede de manera exprés ante la fuga de 9.000 millones en depósitos de clientes que temieron verse fuera del amparo del Banco Central Europeo (BCE) tras la declaración unilateral de independencia (DUI) de Carles Puigdemont. Actualmente, este escenario de declaraciones impuestas no está sobre la mesa, pero tampoco un posible regreso de los bancos. Menos, tras las declaraciones que están haciendo desde Junts.

"Si había posibilidades de que los bancos volviéramos a fijar la sede en Cataluña, movimientos como el de Junts lo alejan. Nunca vamos a regresar forzados por iniciativas políticas, nos movimos en 2017 por la inestabilidad que ellos provocaron", reconocen extraoficialmente desde los bancos catalanes.

¿Y qué ocurriría al pasar Sánchez por el aro y aprobar la operación retorno de Junts? En tal caso, añaden las fuentes consultadas, durante estos últimos seis años y cuatro meses han ido haciendo movimientos que los blindan, a la espera de la letra pequeña que se apruebe.

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J. Z. J. C. P. R.U. J. M. Ó. G.

El ejemplo más claro es el de CaixaBank. La entidad liderada por Gonzalo Gortázar aprobó en octubre de 2017 el traslado de la sede a Valencia, donde tenía la infraestructura legal de Banco de Valencia. Desde entonces, CaixaBank se ha hecho todavía más valenciano y nacional tras la compra de Bankia en 2020, que también tenía la sede en Valencia.

Esta entidad tiene actualmente tres grandes sedes operativas: la original de Barcelona, la de Madrid de Bankia, donde se han congregado gran parte de los servicios centrales que también tenía el banco catalán en la capital, y la de Valencia, donde se celebran consejos de administración, presentaciones de resultados y juntas de accionistas.

Podría darse la paradoja de que la banca se trasladara a Madrid antes que a Cataluña

Podría incluso darse la paradoja de que se aprobara un real decreto que obligue a las empresas a tener su sede social donde está el centro operativo, y CaixaBank eligiera moverla a Madrid para evitar la inestabilidad jurídica que ya sufrió en 2017. De hecho, esta entidad tiene más cuota de mercado en esta comunidad que en Cataluña, tras la compra de Bankia.

Las fuentes consultadas añaden que en función de cómo se redacte el real decreto, también podría provocar que la Comunidad de Madrid reclame para sí el traslado de la sede de grandes empresas con sedes en la comunidad, pero afincadas fuera, como Santander en Cantabria y BBVA e Iberdrola en el País Vasco.

En el caso de Sabadell, la sede se movió en octubre de 2017 a Alicante, donde tenía la infraestructura de CAM. Y al igual que con CaixaBank, en los últimos años también ha movido equipos de Barcelona a Madrid y Alicante, aunque en su caso en menor medida, al no haber hecho adquisiciones. Sus principales directivos tienen despachos tanto en Madrid como en Barcelona y trabajan varios días a la semana en cada lugar. También en Londres y México, donde tienen filiales internacionales.

Caixa/Criteria

Cualquier presión sobre estas entidades será monitorizada de cerca por el BCE, que no permitirá a sus directivos tomar decisiones que pongan en peligro la estabilidad de sus depósitos y acciones.

Otro caso clave es el de la Fundación la Caixa/Criteria, que se trasladó a Palma de Mallorca y que celebra allí patronatos y consejos periódicos. Fuentes cercanas a estas instituciones declinan hacer valoraciones ante la indefinición de los criterios que podrían justificar las teóricas sanciones. Aun así, desde su entorno recuerdan que su negocio (los dividendos de las participadas) es cada vez más internacional, con participaciones en Asia y México, y que la obra social se despliega por toda la geografía española. Junto a ello, estos grupos compraron por 240 millones la sede que tienen en Madrid, lo que refleja su arraigo fuera de Cataluña.

Las entidades consultadas no niegan la importancia de su origen, del que no reniegan, pero se niegan a poner en juego su patrimonio y el de sus depositantes y accionistas por intereses políticos.