El Ibex catalán se enfrenta al vencimiento de 100.000 M en una legislatura de riesgo político

La guerra del relato vuelva a golpear los intereses empresariales. Los pactos a los que está llegando el PSOE con los partidos independentistas Junts, ERC y PNV para investir presidente a Pedro Sánchez han desatado el ruido político que tan poco gusta a los inversores y que tanto daña a los intereses empresariales, porque genera incertidumbre y espanta la inversión.

El más claro ejemplo del dañino efecto que tienen estos juegos políticos en la vida corporativa es, precisamente, la fuga de miles de empresas catalanas que hubo tras la declaración unilateral de independencia del año 2017. Esas mismas empresas a las que ahora Junts y PSOE, en su pacto, aseguran que van a intentar convencer para que vuelvan.

Una ambición muy difícil de visualizar cuando, punto de acuerdo siguiente, se abre la puerta a celebrar un referéndum de independencia. Y los sueños de grandeza de David Cameron ya dejaron claro que, quien juega con fuego, acaba quemándose, como demostró el Brexit. "El inversor extranjero empieza a estar algo cansado y cauteloso sobre el riesgo político de España", reflexiona un gestor. "Con todo este ruido, será complicado que no se encarezcan algo más las emisiones", apuntan desde una gran compañía.

Solo el grupo que se ha bautizado como Ibex catalán, las grandes compañías de esta comunidad autónoma que movieron su sede hace seis años, suman más de 100.000 millones de vencimientos de deuda de aquí a 2028. CaixaBank, el buque insignia de este grupo, es quien se enfrenta a un mayor volumen de vencimientos, con 44.500 millones en los próximos cinco años. Buena parte del dinero que tiene pendiente de vencimiento, en torno a la mitad, son bonos senior, la vía tradicional de financiación de los bancos en los mercados.

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Junto a ello, las entidades financieras también emiten cédulas hipotecarias, que ceden intereses (y riesgo) de parte de sus créditos inmobiliarios, para poder prestar más, y bonos T2 y AT1, los de más riesgo, con los que los bancos refuerzan su capital y que tienen que emitir para cumplir requisitos regulatorios.

Este tipo de bonos han estado en cuestión tras las pérdidas que sufrieron los inversores de Credit Suisse, aunque el mercado se ha normalizado en los últimos meses y las entidades están pudiendo recurrir a esta vía de nuevo. CaixaBank tiene más de 9.000 millones que podrían vencer en el próximo lustro, aunque la opción de amortizar estos bonos depende de la decisión del banco, que no está obligado a ello

Sabadell, con 17.658 millones de euros, es la segunda compañía del Ibex catalán con mayor volumen de vencimientos por delante de aquí a 2028, emisiones que cumplen un patrón similar al de Caixa. Abertis, junto con sus subsidiarias, suma algo menos de 13.000 millones de euros, Cellnex roza los 12.500 y Naturgy alcanza los 10.402 millones de euros. La inmobiliaria Colonial, por su parte, tiene en este periodo el vencimiento de algo menos de 4.000 millones, entre las emisiones directamente atribuibles a la empresa catalana y las de su filial francesa SFL, mientras que la asegura Catalana Occidente se enfrenta a 131 millones.

Aunque todas estas compañías cuentan también con líneas de liquidez, lo cierto es que necesitan estar constantemente ganándose la confianza de los grandes inversores internacionales para colocar sus emisiones. Y titulares como el dedicado por The Washington Post al pacto del PSOE y Junts, To stay in power, Spain’s Socialists offer amnesty to Catalan separatists (Para mantenerse en el poder, los socialistas españoles ofrecen la amnistía a los separatistas catalanes), son auténtica gasolina para avivar el fuego.

El plazo hasta 2018 abarca toda la legislatura próxima, siempre y cuando Pedro Sánchez sea investido presidente en los próximos días y consiga mantenerse como inquilino de la Moncloa por otros cuatro años. El problema es que, para conseguir este reto, deberá ir cumpliendo lo pactado y ejecutando las cesiones que ha anunciado con los independentistas, tal y como le han advertido desde las formaciones independentistas.

Pero, aunque el PSOE estuviera jugando de farol, como mínimo necesita seguir avanzando en el relato y eso, para los mercados, es más ruido político e incertidumbre inversora. Y eso se paga.

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La reciente emisión de pagarés realizada por Metrovacesa es un claro ejemplo de la relevancia que tiene para los inversores, lo que está pactando el PSOE. La inmobiliaria controlada por Santander, BBVA y Carlos Slim siempre incluye en sus colocaciones de deuda el riesgo político catalán derivado de sus aspiraciones independentistas. Pero en la del pasado octubre, dirigida a levantar 100 millones, fue un paso más allá.

En aquella ocasión dejó claro que Pedro Sánchez "pretende formar Gobierno a costa de ceder a las exigencias de los partidos políticos separatistas en España" y que "Carles Puigdemont [expresidente de la región catalana y de Junts per Catalunya, que impulsó un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña y una supuesta declaración unilateral de independencia en octubre de 2017] ha solicitado, entre otras, una amnistía para cualquier presunto acto ilícito relacionado con los hechos ocurridos en octubre de 2017 y un referéndum sobre la independencia de Cataluña".

Apenas tres semanas después, el riesgo es una realidad. Ahora las advertencias tendrán que ir dirigidas a las consecuencias económicas que pueden tener estos pactos.