Todos los 'Bañuelos' que han surgido al calor de las renovables

Superada la primera burbuja, pese a los coletazos en las cortes internacionales de arbitraje, la nueva ola renovable que promete cambiar el negocio de la energía (y el mundo) ha dado lugar a nuevos actores en los últimos años que, en muy poco tiempo, han conseguido hacerse con un jugoso trozo del pastel verde. Son los desarrolladores. Ellos son el primer eslabón de la cadena. Han logrado derechos en subasta pública (sin prima) o promovido sus proyectos de infraestructura (eólicos o fotovoltaicos) sin tener los recursos ni la tecnología. Apostaron por crear activos (permiso administrativo y punto de conexión a REE) e intermediar ante los grandes operadores y el dinero institucional, siendo Forestalia el paradigma de este nuevo modelo.

Salvando las distancias con el denostado sector inmobiliario, subyacente de la anterior crisis financiera y foco histórico de corrupción política, algunos de los nuevos emprendedores del bondadoso mundo renovable guardan ciertas similitudes con la figura del agente urbanizador que encarnó el controvertido empresario valenciano Enrique Bañuelos. Más allá de su carrera de éxito como promotor inmobiliario local, el abogado de Sagunto exprimió como nadie el resquicio legal que permitía que alguien promoviera la urbanización de suelo sin ser propietario del mismo. Ese fue el germen del fenómeno Astroc, el proyecto al que se subieron varias grandes fortunas (Godia, Nozaleda, Ortega...) antes de que saltara a bolsa en la primavera de 2006.

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Este paralelismo de brocha gorda (que nadie se ofenda) sirve para describir cómo se ha comportado una parte importante del nuevo mercado energético de los últimos años. Solo durante el año 2019, hasta el 'shock' provocado por la pandemia, el precio para el desarrollo de un megavatio fotovoltaico se disparó más de un 100%. El furor ha sido tal que se formó un mercado secundario informal de compraventa de permisos, con inversores dedicados al puro ‘trade’ y con algunos fondos de deuda aprovechando la oportunidad para financiar los avales exigidos a la hora de formalizar los trámites burocráticos, contribuyendo así a superar el parche legal puesto desde la Administración para tratar de frenar la especulación en este eslabón inicial de la cadena.

Esta carrera desmedida por atesorar derechos para desarrollar activos renovables ha generado ya algunas distorsiones en el sector. Es cierto que España tiene previsto que el 42% de su consumo de energía para 2030 (PNIEC) sea de origen renovable. También lo es que este esfuerzo, alineado con los compromisos fijados por la UE, obliga a nuestro país a desarrollar algo más de 40.000 megavatios verdes en la próxima década para llegar al escenario tipo previsto de 157.000 megas, de los que casi la mitad corresponderán a eólico y solar. Tal vez por eso a nadie extraña que una sola compañía de nuevo cuño como Capital Energy, aireando ya una posible salida a bolsa, presuma de contar con 30.000 megas “en estudio o en desarrollo” en la Península.

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Desde el pasado 31 de diciembre, está en vigor el Real Decreto 1183/2020 por el que se regula el nuevo proceso de concesión de permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, paso previo y necesario para la instalación de nuevas plantas de energía renovables. Han pasado más de siete años desde la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico sin contar con un adecuado desarrollo reglamentario de los derechos de conexión, que se ha ido parcheando con disposiciones. Este nuevo marco pretende contribuir a un despliegue ordenado de las renovables, aunque llega tarde para ese cometido si tenemos en cuenta que existen solicitudes para cerca de 100.000 megavatios, casi tres veces más de lo necesario.

Aunque todo lo ocurrido pueda asumirse como un proceso natural, la nueva fiebre por las renovables trasciende el fenómeno de la energía verde. Hay otros factores, como la financiación a tipos muy bajos o la capacidad para conjugar atractivo financiero con aspectos de sostenibilidad (ESG), que explican la dimensión alcanzada y las expectativas de crecimiento que están comprando los inversores. Tal vez por eso tampoco sorprenda el arreón de tramitaciones y operaciones millonarias firmado antes de acabar el año por diferentes promotores, como Prodiel. A falta de que el marco jurídico quede completado con la circular de la CNMC, determinante para pinchar la actual burbuja, algunos ya han tenido tiempo para consolidarse y expandirse… al mundo del fútbol.