Escrivá se reserva para el reglamento la comisión máxima de los planes de empleo

El ministro José Luis Escrivá ya ha puesto en marcha su proyecto de ley de planes de empleo para que se tramite en el Parlamento. El ministerio ha incluido cambios en el anteproyecto que han pedido sindicatos y patronal, pero no ha conseguido con ello su apoyo. El sector financiero tampoco está convencido de su éxito tras el recorte a la deducción de los planes de pensiones individuales.

Esta falta de conformidad se produce pese a que el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ha cambiado elementos del anteproyecto de ley que se ha aprobado en el Consejo de Ministros en segunda ronda este martes, para enviar ya el proyecto al Congreso. Un cambio relevante respecto a los textos previos es que Escrivá ha dejado fuera del trámite parlamentario la comisión máxima.

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Curiosamente, se trata de un elemento clave en el argumentario del ministro para priorizar el pilar segundo respecto al tercero en el ahorro para la jubilación. Es decir, potenciar los planes de empleo a través de un esquema público en detrimento de los planes individuales, a los que se ha reducido la deducción máxima por aportaciones de 8.000 a 1.500 euros en dos años. Por contra, ha aumentado a 10.000 euros la deducción por aportaciones de planes de empleo.

La comisión máxima que figuró en el primer texto, que el ministerio hizo circular en otoño por el sector financiero, incluía una comisión máxima del 0,4% por gestión, además de un 0,1% por depositaría. Este límite se redujo al 0,3% en el anteproyecto sometido a consulta pública, y desaparece del proyecto que irá al Congreso para su trámite parlamentario.

Fuentes del ministerio aseguran que fijar comisiones máximas es importante y una de las razones que justifican esta reforma, pero que es más apropiado que se incluya en su desarrollo reglamentario, facilitando así la aprobación parlamentaria. También quedará para el desarrollo reglamentario el detalle de los costes en torno a si se prohíben o limitan las comisiones en cascada. Esto es, las comisiones de vehículos de inversión que estén en cartera. Hay dos cosas a tener en cuenta: que el grupo financiero que se ha llevado la licitación pueda generar comisiones extra al incluir fondos de su propia gestora en la cartera, pero también que si se quiere invertir en fondos sofisticados de capital riesgo, infraestructuras o renta variable, como hacen los fondos de pensiones de todo el mundo, es necesario asumir comisiones implícitas más altas.

Restricciones

Estos detalles no estarán en la tramitación parlamentaria, como tampoco los requisitos de las gestoras y las entidades depositarias para acudir a las licitaciones. Inicialmente, se fijó que las gestoras debían tener bajo gestión 1.000 millones en planes de pensiones y las depositarias 10.000 millones para concursar, lo que dejaba en 22 gestoras y mutualidades el universo que podía competir, con nombres propios importantes del sector como Mutua Madrileña o March sin posibilidad de ello. Pero luego se quitó este límite, tras la presión del ‘lobby’ financiero encabezado por las patronales de gestoras y aseguradoras, Inverco y Unespa, respectivamente. Sin embargo, fuentes del ministerio no descartan que se incluyan requisitos similares en la tramitación reglamentaria o en los pliegos de las futuras licitaciones.

El objetivo de Escrivá es que la plataforma tecnológica que centralizará este marco de fondos de pensiones de promoción pública esté lista en octubre para sus primeras pruebas, y funcione ya en 2023. Aunque en el sector financiero hay dudas de que se cumpla este calendario, que implicaría la aprobación en el Congreso antes del verano. La plataforma digital se financiará con fondos europeos y, según fuentes del ministerio, apenas supondrá coste para las entidades financieras que participen en la gestión de los nuevos planes de empleo.

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La nueva deducción máxima en planes de empleo es de 10.00 euros, siempre y cuando el empleador aporte, al menos, tanto como el trabajador. El empleador puede aportar 1.500 euros extra sobre una base de 8.500 euros ya sea en el plan de empleo, aportando 5.750 euros junto a los 4.250 de la empresa, o sumar 1.500 a un plan individual. Asimismo, el empleado puede aportar 2,5 veces más cuando la empresa aporta 500 euros o menos; dos veces más si está entre 1.000 y 2.000 euros, y no más que el empleador si este aporta 2.000 euros o más. Asimismo, el máximo para los autónomos será de 5.750 euros.

El Ministerio de la Seguridad Social se ha abierto a incentivos fiscales, pactados con Hacienda, que no estaban en los primeros textos, después de haber escuchado a los agentes sociales. Se recuperan las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social de las aportaciones empresariales al fondo, aunque ahora con límite de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros anuales. Por ahora, no se contemplan incentivos en el Impuesto de Sociedades, como sí hubo en el pasado, a no ser que se incluyan en la reforma fiscal que se llevará a cabo a partir del informe del comité de expertos de Hacienda, que entregará este mes.

La reforma establece así un esquema para potenciar el ahorro colectivo para la jubilación a través del ámbito laboral. En concreto, con fondos de pensiones que nacerán de la negociación colectiva. Habrá planes de empleo sectoriales que estarán gestionados por una entidad que gane el concurso. La Administración, los sindicatos y la patronal formarán una comisión promotora para el lanzamiento del fondo que, a su vez, designará una comisión de control para el seguimiento del fondo. Las comisiones crearán el marco de inversión que seguirá la gestora y vigilarán su evolución.

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Sindicatos y patronal no han mostrado su apoyo al plan de Escrivá, que va adelante sin haber convencido a los agentes sociales y tampoco al sector financiero. Fuentes financieras muestran dudas sobre el coste de la plataforma y el alcance a empresas y trabajadores ante, según critican, la falta de incentivos fiscales. Este martes, tras la aprobación en Consejo de Ministros, la patronal de los seguros, Unespa, ha criticado que es una “ocasión perdida” para incentivar los planes de empleo, y ha destacado que se inicia el trámite parlamentario sin el apoyo de los agentes sociales.

El proyecto “recoge algunos incentivos en materia de cotizaciones sociales. Lamentablemente, dichos incentivos distan de ser relevantes. Los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor. En opinión de la industria aseguradora, estas deducciones resultarán insuficientes para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales”, dice Unespa.

Representantes del ministerio y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) se reunieron con la patronal Inverco y con varias gestoras este mes, para explicarles el estado del proyecto, pero continuaron las incertidumbres en el sector financiero, donde hay interés en diferentes gestoras por competir por estos fondos. De hecho, hay varias que tienen experiencia en grandes volúmenes a través de planes de empleo y comisiones bajas, aprovechando las economías de escala y con una gestión de mínimos.