Las gestoras presionan a Escrivá para abrir los planes colectivos a más de 22 entidades

El ministro José Luis Escrivá ha dado uno de los grandes pasos que buscaba al aterrizar en el Ministerio de Seguridad Social, después de que la AIReF, bajo su mando, cuestionara los incentivos fiscales a los planes individuales de pensiones. Así, tras dos recortes consecutivos a las deducciones en las aportaciones a estos productos, ya ha iniciado el trámite para la creación de un sistema que incentive los fondos colectivos de pensiones desde el mercado laboral.

El objetivo del ministro pasa por incentivar el segundo pilar para las pensiones (el de ahorro desde el ámbito laboral) frente al tercero (ahorro individual) para complementar el primero, que es la pensión pública. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley para impulsar los planes colectivos de pensiones, con deducciones por la contribución a los mismos de hasta 8.500 euros si hay aportaciones del trabajador y de la empresa (4.250 euros cada parte).

El borrador contempla que también puedan acogerse los autónomos, aunque con una limitación en la deducción de 5.750 euros, y algunos funcionarios de la Administración Pública. La iniciativa llega sin consenso previo en el diálogo social con patronal y sindicatos, y según el ministro busca simplificar la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y planes simplificados que tendrán que adscribirse a los anteriores.

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El ministerio espera que el 48% de los contribuyentes se adhiera, cuadruplicando el patrimonio actual en planes de empleo hasta niveles de 500.000 millones (124.000 millones suman ahora planes individuales y de empleo), con este sistema de planes colectivos adheridos a una plataforma pública, en vez de la creación de un macrofondo (como un fondo soberano), idea con que se especuló inicialmente.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladó a la industria de gestión de activos un borrador inicial, al que ha tenido acceso este medio, en el que establece barreras de entrada a las gestoras que aspiren a gestionar estos planes colectivos de promoción pública. En el mismo, figura una barrera de entrada de 1.000 millones que el sector presiona para que se elimine.

Dicho borrador apunta a que para la selección de gestoras de fondos de pensiones de promoción pública habrá un concurso cada tres años de libre concurrencia, y se exige que se esté bajo el control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), así como un patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones al cierre del ejercicio anterior superior a 1.000 millones. O, si son mutualidades de previsión social, que las provisiones matemáticas sobrepasen también los 1.000 millones.

Por otro lado, se exige presentar un máximo de tres propuestas junto con una entidad depositaria, que debe tener al menos 10.000 millones administrados, dejando fuera, por ejemplo, a Inversis. Si el patrimonio está entre 1.000 millones y 3.000 millones, se podrán presentar dos propuestas, mientras que si las entidades sobrepasan los 3.000 millones, podrán realizar tres propuestas.

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Estos límites reducen a 22 entidades, con las cifras de 2020, las que podrían optar en 2022 a estos fondos de pensiones. El ministerio señaló este martes que prevé que en enero llegue el anteproyecto al Congreso, y que se apruebe en junio del año que viene, cumpliendo con lo previsto en el plan de recuperación del Gobierno.

Según datos de la patronal de gestoras Inverco, hay 17 gestoras con más de 1.000 millones bajo gestión si se suman sus activos en planes individuales y de empleo, aunque este punto no está aclarado en el borrador. Siguiendo con estos números, CaixaBank, BBVA, Santander, Ibercaja, Mapfre, Renta 4, Fonditel y Banco Sabadell pasan de 3.000 millones.

Por su parte, otras ocho gestoras de fondos de pensiones están en la horquilla entre 1.000 millones y 3.000 millones: Santalucía, Caja Rural, Kutxabank, Abanca, Caser, Deutsche-Zurich, Bestinver, Cajamar Vida y Nationale Nederlanden. A las puertas, con 992,7 millones en septiembre, estaría AXA Pensiones. También habría que sumar a cinco mutualidades con más de 1.000 millones en provisiones: Mutualidad de la Abogacía, Hermandad Nacional de Arquitectos (estas dos con más de 3.000 millones), Mutualidad de Empleados del Banco de España, Previsión Sanitaria Nacional y Loreto Mutua.

Críticas al proyecto

Desde el sector ha habido críticas, canalizadas a través de Inverco y también de forma directa. En los contactos con el ministerio de Escrivá, se ha trasladado eliminar esta idea. De hecho, hay grupos que estarían fuera que tienen peso en la industria por la gestión de fondos o carteras de gestión discrecional. Una de las posibilidades que se han deslizado es que haya agrupaciones de gestoras que puedan concurrir juntas.

Las gestoras ya han pedido que se quite esta barrera de entrada, y volverán a hacerlo cuando se inicie la audiencia pública en la tramitación del anteproyecto de ley. Igualmente, ha habido quejas con la comisión máxima, que es del 0,4% en gestión, mientras que es del 0,1% en depositaría. El argumento es que hay ciertas inversiones que no se podrían realizar, como inversión en fondos de terceros, por la comisión exigida por los mismos si no se dejan contabilizar aparte. En cualquier caso, el coste medio de los planes de empleo está en el 0,21%, y el de los individuales, en el 1,04%.

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Otro punto que cuestionan es el de la gestión, ya que el proyecto de Escrivá tiene comisiones de control especial compuestas por 17 miembros, de los que cuatro serán propuestos por los sindicatos, otros cuatro por las patronales y nueve por el ministerio.

Inverco también ha criticado públicamente el recorte de la deducción a los planes individuales, que en dos años ha pasado de 8.000 euros a los 1.500 proyectados en los presupuestos de 2022 que se están negociando, con el paso previo de 2.000 euros este año.

La asociación que preside a Ángel Martínez-Aldama también lamenta que las gestoras de planes de empleo tendrán que informar a los partícipes de la futura pensión, pero que la Seguridad Social no lo hace, a pesar de que la reforma de pensiones de 2011 estable la obligación de informar a los contribuyentes. “Hay dos millones de contribuyentes en planes de empleo que recibirán información de la pensión complementaria, pero los 22 millones de contribuyentes no pueden saber la futura pensión pública”, señaló Aldama la semana pasada en la presentación de una encuesta a inversores de Bestinver y el IESE.