Escrivá lanzará el proyecto del fondo público de pensiones sin convencer a la banca

El ministro José Luis Escrivá quiere que los nuevos fondos de pensiones de promoción pública funcionen ya en 2023. El primer paso para ello es que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley en los próximos días, pero llegará sin que Escrivá haya convencido al sector financiero para apostar por el nuevo esquema.

Representantes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y de la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones se han reunido este mes con representantes del sector financiero, para promover su proyecto, según fuentes conocedoras. Pero el titular del Ministerio de Seguridad Social no ha convencido a bancos, aseguradoras y mutualidades, que han mostrado dudas sobre los costes operativos para participar, el funcionamiento de la nueva plataforma, el alcance entre empresas y trabajadores o la financiación del sistema. Es decir, el coste de las empresas para contribuir al fondo de sus empleados sin más incentivos fiscales, aunque en el último borrador ha habido una referencia, insuficiente según el ámbito empresarial. Todas estas dudas no se han disipado con una nueva versión del anteproyecto, que en los próximos días tiene previsto llevar al Consejo de Ministros para que se eleve como proyecto de ley al Congreso, con vistas a que se inicie ya la tramitación parlamentaria y se apruebe antes del verano.

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En este calendario, la siguiente meta es que en otoño ya haya una versión preliminar de la plataforma a la que deberían adherirse los fondos de pensiones. El propio ministro se ha comprometido con el sector financiero a liderar su implantación, en paralelo con el desarrollo reglamentario, para que pueda estar funcionando el año que viene en su versión definitiva. Se trata de una de las grandes incertidumbres del sector financiero: cómo funcionará tecnológicamente, qué atractivo tendrá para que las empresas apoyen este sistema de aportaciones y qué coste operativo deberán asumir las entidades. A largo plazo, el ministro confía en llegar al millón de empresas y los 10 millones de partícipes en planes de empleo en 10 años, el segundo pilar del ahorro para la jubilación, tal y como el Gobierno se comprometió con Bruselas.

Estos objetivos se ven demasiado ambiciosos en el sector financiero, pese a que es un negocio que la industria quiere explotar. Hasta ahora, los planes de empleo solo se han desarrollado en grandes empresas y están estancados desde hace dos décadas, con 37.792 millones de euros al cierre de 2021, según la patronal Inverco, y 1,9 millones de partícipes. Los planes individuales cuentan con 89.323 millones de 7,5 millones de partícipes.

Sin embargo, la apuesta de Escrivá ha sido clara en virar hacia el pilar II en detrimento del tercero, donde se ha reducido la deducción máxima por aportaciones de 8.000 euros a 1.500 euros anuales, elevando la de los planes de empleo hasta los 8.500 euros si llegan al máximo el empleado y el empleador, que es de 4.250 euros. El nuevo borrador refleja que el trabajador podrá aportar más si la empresa no llega al máximo: hasta 2,5 veces la aportación de la empresa si esta no pasa de 500 euros, hasta dos veces si no sobrepasa los 1.000 euros y hasta 1,5 veces si no supera los 1.500 euros.

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Escrivá, que ya tiene nuevos actos previstos con profesionales del sector financiero para defender el nuevo sistema, cuenta con que se apruebe en Consejo de Ministros el viernes o el martes que viene. A principios de mes, el ministerio trasladó un nuevo borrador del anteproyecto a los agentes sociales, en el que hay varios cambios respecto al texto que circuló por el sector en otoño y sobre el anteproyecto redactado en diciembre. También ha recogido aportaciones de sindicatos y patronal. El texto definitivo aún no está cerrado, por lo que se trabaja con prisas para llegar a alguno de los próximos Consejos de Ministros.

Comisión máxima

El nuevo borrador ha quitado la comisión máxima, que deberá desarrollarse en reglamento. La comisión de depositaría máxima se había fijado en el 0,1%, y la de gestión pasó del 0,4% del texto que facilitó a la industria financiera al 0,3% en el anteproyecto. En realidad, los planes de empleo no suelen estar por encima, aunque sí los planes individuales. Para que sea rentable para las entidades, la clave es que haya escala, unido a que se minimicen los costes operativos de trabajar con la nueva plataforma.

Pero hay un punto clave sobre la comisión, que influye directamente en cómo se invierte. Básicamente, si se impiden las comisiones en cascada. Esto es, que un fondo de pensiones no puede pagar con patrimonio de los partícipes una comisión a terceros fondos. Con esta práctica se evitan conflictos de interés, como seleccionar fondos del mismo grupo financiero para generar más comisiones que se queden en casa. No obstante, también se coarta la posibilidad de invertir en vehículos sofisticados, ya sean fondos internacionales de renta variable o productos de inversión alternativa, que tienen comisiones mayores.

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A escala internacional, los fondos de pensiones son grandes inversores de infraestructuras, capital riesgo o energía, dado que la liquidez a corto plazo no es un problema por tener un horizonte largo por definición, pero no en España por la estructura normativa de las comisiones.

En el texto tampoco está, como informó El Confidencial, el requisito de gestionar al menos 1.000 millones en planes de pensiones para participar en las licitaciones, algo que hubiera limitado a 22 entidades los fondos de pensiones de promoción pública, dejando fuera a firmas como Mutua, Allianz, March o Mediolanum.

Lo que sí aparece, como había pedido el sector financiero, es que las aportaciones de las empresas se excluyan de la base de cotización de los trabajadores para reducir el pago que realiza el empleador. Esto debería ser un incentivo para las empresas, aunque está limitado, lo que ha llevado a las entidades a pensar que también puede ser limitado el interés del sector empresarial por adherirse al sistema. También hay cambios en la gobernanza, reduciendo el peso de la Administración, pero manteniendo el de los agentes sociales, algo que tampoco gusta en el sector financiero.