Los fondos reclaman a Escolano poder alquilar sus valores a los bajistas

La industria de los fondos de inversión y de pensiones tiene una batería de reivindicaciones preparada para el flamante ministro Román Escolano. Entre ellas destaca la petición histórica de poder prestar a terceros sus valores, una práctica habitual en otros mercados desarrollados con la que obtener rentabilidades a corto plazo vía comisiones.

La reivindicación consiste en que los gestores puedan alquilar sus valores si así lo desean. “Es bueno para el partícipe, porque las comisiones suponen más rentabilidad, y para el mercado, porque aumenta la liquidez”, señala Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Según cálculos de la asociación, el retorno puede llegar a ser de entre 20 y 30 puntos básicos al año.

Es bueno para el partícipe, porque las comisiones suponen más rentabilidad, y para el mercado, porque aumenta la liquidez

Los potenciales prestatarios son desde la cámara de compensación (BME Clearing en España) hasta los bajistas. En el primer caso, para evitar operaciones fallidas, incrementando la liquidez del mercado. En el segundo, porque los ‘hedge funds’ que abren posiciones cortas se nutren del alquiler de acciones. Esto es, toman prestados títulos que venden en el mercado para recomprarlos cuando van a devolverlos a su legítimo dueño.

La práctica de alquilar sus valores está vetada para los fondos españoles. Pero como depende de la regulación del domicilio del vehículo, los inversores internacionales como Norges Bank, BlackRock, JP Morgan o Goldman Sachs sí pueden prestar las acciones o bonos que poseen de compañías españolas. De hecho, suelen hacerlo.

Sólo queda España

Bélgica fue el último país de la Unión Europea en regularizar el alquiler de acciones o bonos para los institucionales, y esto ocurrió en 2007, según Inverco, la asociación de gestoras españolas de fondos y planes de pensiones. Un año después, en 2008, el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable a la aprobación del proyecto de orden ministerial para tramitar el reglamento que lo regule, pero nunca vio la luz.

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La llegada de la crisis dejó enterrado el proyecto en los cajones de los despachos del Ministerio de Economía. No en vano, los supervisores europeos prohibieron durante varios periodos las posiciones cortas ante el desplome de los mercados y, en especial, de los bancos. En 2015 Inverco desenterró esta reivindicación, una vez que los nubarrones de la crisis habían quedado atrás. Sus estimaciones son que esta práctica mueve cerca de 8.000 millones de euros anuales a escala global.

Pero la patronal se encontró primero con el 'impasse' político entre las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016. La formación del segundo Gobierno de Mariano Rajoy coincidió con el inicio de la crisis de Banco Popular en medio de un alto volumen de posiciones cortas, que después fueron prohibidas temporalmente en Liberbank.

Es decir, el clima del mercado volvió a complicar políticamente la aprobación del reglamento que permita a los fondos de inversión y de pensiones alquilar sus valores. Incluso hubo voces críticas con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando quebró el Popular por no haber vetado las ventas en corto.

Fuentes de la industria recuerdan que Economía tiene muy presente el boceto de reglamento, que no necesita pasar por el Parlamento tras recibir el visto bueno del Consejo de Estado hace una década. Aun así, Inverco insistirá con el equipo de Román Escolano, que tomó posesión el pasado 9 de marzo en sustitución de Luis de Guindos.

No es la única cuestión que tendrá Escolano encima de la mesa en torno a la industria de la gestión y el asesoramiento de las inversiones. Inverco pedirá que los fondos tengan un procedimiento de cierre con el que no cuentan actualmente, para evitar morir de éxito. Aunque lo más importante es MiFID II. El grueso de la directiva europea, que entró en vigor el pasado 3 de enero en el viejo continente, aún no ha sido traspuesto a través de un real decreto ley que pase por el Parlamento. Esta norma debe regular el asesoramiento y el cobro de retrocesiones -parte de la comisión de un fondo que se de queda el vendedor-. En otras palabras, busca aumentar la transparencia y evitar los conflictos de intereses para proteger al inversor.