la jueza pide documentos sobre sánchez ortega

La Audiencia estrecha el cerco sobre BlackRock por su operativa en Abengoa

La Audiencia Nacional ha estrechado el cerco sobre Blackrock al admitir la petición de la acusación de documentos para demostrar el uso de información privilegiada en Abengoa

Foto: Sede de BlackRock en Nueva York (Reuters)
Sede de BlackRock en Nueva York (Reuters)

El escándalo de las posicones bajistas (cortas) tomadas por BlackRock en Abengoa tras el fichaje de su exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, empieza a complicar la existencia a la mayor gestora de fondos del mundo. La jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional ha admitido las pruebas documentales solicitadas por la acusación particular para "acreditar la la relación que tiene el querellado Manuel Sánchez Ortega con su nueva empresa BlackRock y el posible conflicto de intereses con Abengoa".

Esta admisión se incluye dentro de un auto emitido ayer por la magistrada en el que también rechaza ampliar el caso Abengoa a la falsificación de las cuentas de la sociedad, así como la declaración del exministro Josep Borrell, presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones que autorizó las millonarias indemnizaciones de Sánchez Ortega y el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea (4,44 y 11,4 millones, respectivamente), que están en el origen de la investigación. La instructora considera que esta salida de la compañía conociendo su mala situación "no guarda relación alguna" con el hecho de que las cuentas de Abengoa ocultaran dicha situación hasta el verano pasado.

 

Manuel Sánchez Ortega, ex CEO de Abengoa
Manuel Sánchez Ortega, ex CEO de Abengoa

Como informó El Confidencial, BlackRock (que gestiona 4,3 billones de dólares en todo el mundo) tomó fuertes posiciones bajistas en el valor por más del 1% de su capital en agosto, apenas un mes después de fichar a Manuel Sánchez Ortega -la persona con mejor conocimiento de la crítica situación financiera de la compañía- como responsable de inversiones en infraestructuras en Latinoamérica.

Estas posiciones le reportaron pingües beneficios con el desplome del valor tras el fracaso del intento de salvación de la compañía sevillana: la acción llegó a caer un 78,75% por debajo de su cotización cuando se tomaron las posiciones cortas, si bien el volumen de las mismas fue variando en el tiempo.

Los querellantes no consideran que fuera casual la toma de estas posiciones tras la incorporación de Sánchez Ortega, sino que se trata de un delito de uso de información privilegiada. La citada jueza admitió en diciembre que existen indicios de delito en esta operativa y por eso solicitó a la CNMV que remitiera "toda la información sobre operaciones de compraventa de acciones de ABENGOA, S.A. desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo BALCKROK" (sic).

BlackRock tendrá que explicarse en el juzgado

Ahora la Audiencia ha ido un paso más allá al solicitar a la gestora el contrato de trabajo de Sánchez así como cualquier documento que recoja los bonus que pueda percibir, una declaración jurada de BlackRock en la que se recoja que las retribuciones del exconsejero delegado de Abengoa se limitan a las recogidas en ese contrato y otra declaración jurada del propio Sánchez en la que explique las funciones que le competen como empleado de la gestora de fondos.

BlackRock tendrá que explicar a la jueza los mecanismos que le impedían aprovecharse del conocimiento de Sánchez Ortega sobre Abengoa

En su momento, BlackRock explicó que la labor de Sánchez Ortega se limitaba a gestionar las inversiones del fondo en proyectos de infraestructuras en Latinoamérica e incluso que tenía prohibido por contrato realizar cualquier actividad relacionada con su antigua empresa (las conocidas como "murallas chinas" en el mundillo). Algo de lo que ahora tendrá que convencer a la jueza. En todo caso, lo que es seguro es que, inmediatamente después de su llegada, la gestora dio un giro de 180 grados en su operativa sobre Abengoa, al pasar de estar alcista a ponerse fuertemente bajista. 

Para ponerse bajista (corto), los inversores toman prestados títulos de otros accionistas (que les cobran un interés por ello) que venden en mercado inmediatamente con la esperanza de que el valor baje. Cuando esto ocurre, el inversor compra los valores en mercado -y se los devuelve a quien se los prestó- a un precio más bajo del que los había vendido, por lo que le 'sobra' dinero del que había ingresado con esa venta: ese exceso es su beneficio, es decir, la diferencia entre el precio de venta inicial y el de compra posterior.

Felipe Benjumea en la salida al Nasdaq de Abengoa Yield
Felipe Benjumea en la salida al Nasdaq de Abengoa Yield

¿Por qué Benjumea siguió tras cobrar la indemnización?

En su auto de ayer, Lamela también admite una prueba documental para aclarar la condición en la que permaneció en Abengoa su expresidente tras haber cesado en la misma y haber percibido la indemnización de 11,4 millones. Como también informó El Confidencial, el anterior máximo ejecutivo percibió a cambio de su salida una compensación anual de casi 4,5 millones de euros, equivalente a su retribución anual, más otros siete millones de bonificación adicional por no competencia. Pero no contento con ello, se añadía un contrato de asesoramiento a su sustituto -José 'Pepón' Domínguez Abascal- hasta finales del próximo año por valor de 1,086 millones y se le permitía seguir asistiendo a las reuniones del consejo pese a la oposición de la banca acreedora.

Por ello, la instructora pide a Abengoa el acta de la reunión del consejo de administración del 23 de septiembre de 2015 en la que cesó Benjumea; el contrato firmado por éste y la compañía para que asesore al nuevo presidente, al vicepresidente y se le permite seguir asistiendo a las reuniones del consejo de administración; y los anexos de los contratos firmados por Benjumea y Sánchez en los que se vinculaban a la entidad como consejeros ejecutivos. Todo ello, según la jueza, aclararía "la condición en la que permaneció el expresidente en Abengoa tras haber cesado en la misma y cobrado la indemnización, lo que es esencial a la hora de acreditar la comisión del delito de administración desleal".

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