Las comunidades energéticas, un requisito indispensable para socializar la energía

La obligada transición energética, enmarcada en la crisis climática actual, no solo pretende descarbonizar los diferentes sectores productivos erradicando los combustibles fósiles. La sustitución del petróleo, gas o carbón por electricidad procedente de fuentes de energía renovable también lleva un cambio intrínseco en la propiedad de quien produce y gestiona dicha energía. Es decir, ahora todos podemos ser productores, gestores y consumidores, permitiendo socializar y democratizar la energía a la vez que luchamos contra el cambio climático.

"En 2019 existían 1.750 proyectos comunitarios alrededor de la energía en Alemania"

El valor social de una fuente de energía es relativo a la propiedad de esta, con quién se comparte la electricidad generada y cómo se consume en función de unas necesidades energéticas. El flujo energético tradicional es unidireccional; se compraba la electricidad a un tercero, una empresa eléctrica te cobraba por generarla, transportarla y distribuirla desde una central hasta tu casa, oficina o industria donde se consume.

Es aquí donde, unido a la fotovoltaica y su carácter distribuido, la irrupción de las comunidades energéticas enarbola el cambio de paradigma desde el engranaje tradicional al nuevo sistema eléctrico descentralizado y distribuido, dando pie a que la ciudadanía sea el actor principal.

La regulación europea pionera

Una comunidad energética es una entidad jurídica que tiene como premisa su conformación en torno a la participación voluntaria de sus miembros, bien sean personas físicas, autónomos, PYMES, cooperativas o la propia administración local, con el objetivo de ser usuarios activos del sistema eléctrico. Su actividad no es solo compartir la generación eléctrica de unos paneles fotovoltaicos, sino que también puede dar servicios de eficiencia energética, puntos de recarga para vehículos eléctricos o la agregación y almacenamiento de energía.

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Según la Directiva (UE) 2019/944, bajo el término “comunidades energéticas locales“ (CEL), se definen como “cualquier asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local”.

Impulsar la socialización energética

El informe de Amigos de la Tierra, ‘Energía comunitaria: el potencial de las comunidades energéticas en el Estado español’ desglosa el potencial de esta nueva figura en el sistema eléctrico, con un supuesto potencial de generación de 148.610 GWh anuales. Con esta electricidad se puede cubrir el 60% de la demanda eléctrica total de España, alcanzando el 100% de sectores como el doméstico y el terciario.

Para desplegar todo su potencial en la transición energética de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprovechado el impulso financiero de los Fondos de Recuperación Europeos. Además de proclamar un objetivo de 2000 comunidades energéticas para 2023, a principios de febrero se abrió un nuevo plazo para solicitar ayudas económicas con el propósito de implantar proyectos piloto de comunidades energéticas.

Dos convocatorias de ayudas que responden al programa CE IMPLEMENTA del plan de impulso a las comunidades energéticas, dotado con 100 millones, y se enmarcan en la Componente 7 “Despliegue e integración de energías renovables” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Abierta hasta el 1 de marzo, y dotado con un presupuesto de 30 millones de euros, la segunda convocatoria del programa CE IMPLEMENTAaspira a impulsar el desarrollo de proyectos disruptivos y transformadores de comunidades energéticas. Apoyados en la innovación social y gestionadas por el IDAE, las ayudas buscan priorizar instalaciones que combinen diferentes tipos de energías renovables, con gestión de la demanda y una base de eficiencia. Asimismo, la inclusión de consumidores vulnerables y el impacto social y de género es primordial.

Un despegue con lastre

Las prácticas comunitarias ya puestas en marcha tienen una exigencia troncal: transponer la legislación europea cuanto antes para dar un marco jurídico estable y de referencia. Incluso la propia Generalitat Valencia, a través de la Conselleria de Transición Ecológica, le puso encima de la mesa al MITECO una propuesta de norma, compuesta, en parte, por las mejoras regulatorias contenidas en las Directivas Europeas. Es una pulsión regulatoria que todo el sector reclama.

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Y las Directivas Europeas son claras. Dentro del Artículo 22 de la Directiva (UE) 2018/2001, se incide en que los Estados deben favorecer que los miembros puedan acceder a los mercados de energía, el gestor de la red de distribución sea un facilitador y que las administraciones públicas puedan propiciar su creación, entre otras medidas. Indicaciones y relatos que están muy lejos de llegar a la práctica y su urgencia converge con el papel clave de las comunidades energéticas para democratizar la energía.

El desarrollo comunero también se extiende por Europa. Como señala un informe de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, en 2019 existían 1.750 proyectos comunitarios alrededor de la energía en Alemania, 700 en Dinamarca, 500 en los Países Bajos y 431 en el Reino Unido. Si se suma Australia y Estados Unidos, la cifra total ascendía a 4000. Siendo cierto que es una figura incipiente, su capacidad para socializar la energía en torno a un colectivo de personas, e incluso la administración pública, tiene un potencial insólito y latente hasta ahora. De su regulación depende el ritmo y la facilidad de implantación para que sea una práctica frecuente en todas nuestras ciudades, municipios y áreas rurales.