Los impuestos ambientales de los países de la UE no concuerdan con los objetivos climáticos

Los contribuyentes de la UE aportaron unos 330.000 millones de euros en impuestos ambientales, pero el Tribunal de Cuentas Europeo considera que la fiscalidad verde de los Veintisiete no se corresponde con sus objetivos climáticos. A pesar de las promesas de reducir y eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, estas se mantienen “relativamente estables” en la última década. Incluso, el tribunal señala que algunos Estados miembro gastan más en mantener las ayudas a las fósiles que en subvencionar las energías límpias.

El análisis «Fiscalidad de la energía, tarificación de las emisiones de carbono y subvenciones a la energía» del Tribunal de Cuentas Europeo observa que la fiscalidad de la energía puede “servir de apoyo a los esfuerzos por combatir el cambio climático”, pero los tipos impositivos vigentes “no reflejan” el grado en que contaminan las distintas fuentes de energía.

"El régimen fiscal de la energía puede ser determinante para alcanzar los objetivos climáticos"

Por ello, los auditores recomiendan a los responsables políticos que garanticen una carga fiscal coherente de la energía entre sectores y vectores energéticos; que reduzcan las subvenciones a los combustibles fósiles y que concilien los objetivos climáticos con las necesidades sociales.

El estudio refleja que de los 330.000 millones de euros en impuestos ambientales que aportaron en 2019 los contribuyentes europeos, el 78% (258.000 millones) eran impuestos a la energía y a la tarificación del carbono; el 19% (62.000 millones) al transporte, mientras que el 3% restante (10.000 euros) correspondió a impuestos motivados por otros recursos, como por ejemplo las licencias de caza y pesca, las emisiones al aire o al agua, gestión de residuos sólidos, ruido, entre otros.

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Sin embargo, concluye que las subvenciones de los Estados a los combustibles fósiles superaron los 55.000 millones de euros anuales y considera que estas son un “obstáculo para alcanzar los objetivos climáticos porque entorpecen la transición energética ecológica”. Además, el tribunal afea que 15 de los 27 gastan más en subvencionar combustibles fósiles que a actuaciones ecológicas, por lo que insiste en su necesaria “supresión gradual” de aquí a 2025.

En concreto, advierte de que estas generan ciertos riesgos “significativos” porque socavan la eficacia de las señales de precios del carbono y “obstaculizan” la transición energética, al tiempo que contribuyen “a dañar la salud pública”, ya que favorece la principal fuente de contaminación atmosférica. También avisa de que elevan los riesgos de dependencia de inversiones con altas emisiones de carbono y de inversión en activos que deban clausurarse antes de que finalice su vida útil, además de que distorsionan el mercado, puesto que encarecen “relativamente” las tecnologías de energía limpia y de eficiencia energética.

Resistencias sociales a la transición ecológica

El análisis admite que su eliminación constituirá “una difícil transición social y económica”, porque puede dar lugar a la percepción de que se trata “injustamente a algunos grupos o sectores” y esto puede, “suscitar reticencias a la transición hacia una economía más ecológica”. Asimismo, considera que el impacto de la fiscalidad de la energía en los hogares puede ser significativo y “despertar rechazo a este tipo de impuestos”. Por ejemplo, expone que el gasto energético de los hogares (calefacción y transporte) varía de manera “considerable” y puede superar el 20% de la renta de las familias más pobres de Chequia o Eslovaquia. En ese sentido, entre otras cosas, aconseja reducir los impuestos y aplicar medidas redistributivas para garantizar a la vez una mayor transparencia y MEJOR comunicación sobre “los motivos de las reformas”.

Entre las conclusiones, la investigación del Tribunal de Cuentas Europeo observa que el régimen fiscal de la energía puede ser “determinante para alcanzar los objetivos climáticos” mientras que algunos sectores reciben “reducciones y exenciones sustanciales”, de modo que advierte de que el nivel impositivo a las fuentes de energía “no refleja sus emisiones de gases de efecto invernadero”.

Por otro lado, añade que en los últimos años (el estudio se refiere al periodo 2008 -2021) el precio de los productos energéticos después de impuestos o derechos de emisión no reflejaba el coste medioambiental de las emisiones.

El analista del Tribunal de Cuentas Europeo y responsable de este estudio, Viorel Stefan, sostiene que los impuestos a la energía, la tarificación del carbón y las subvenciones a la energía son “herramientas importantes” para conseguir los objetivos climáticos. A su juicio, el “principal reto” es cómo “estrechar lazos” entre las medidas reglamentarias y financieras, y encontrar la “combinación perfecta entre ambas”. “Con este análisis buscamos contribuir al debate sobre los precios de la energía y el cambio climático, y en particular, el próximo debate en torno a la revisión propuesta de la Directiva sobre fiscalidad de la energía”, ha justificado.

España, casi 20.000 millones de impuestos ambientales

En España, las Cuentas Ambientales del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la recaudación por impuestos ambientales en España llegó a 19.750 millones de euros en 2020, aunque la cifra es un 10,3% inferior a la del año anterior, en parte por los efectos del confinamiento inicial para frenar el avance del coronavirus. Del total de todos los impuestos que pagan los españoles, la fiscalidad ambiental representó un 7,7% y los hogares aportaron el 47,2%. Este volumen incluye lo impuestos sobre los productos, ya excluido el IVA, y los impuestos sobre las importaciones alcanzaron un total de 15.443 millones de euros, un 13,5% menos que en 2019.

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En comparación con el total de la UE-27, el INE informó en noviembre de que en 2020 los impuestos sobre la energía en España correspondieron en un 82% a la fiscalidad ambiental; el 13,3% al transporte y el 4,7% fueron impuestos sobre la contaminación y los recursos. El pasado mes de julio la Comisión Europea publicó una propuesta de revisión de la Directiva de fiscalidad de la energía, dirigida a lograr el 55% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Dicha iniciativa legislativa permite a los Estados miembro reducir los tipos impositivos sobre la energía por motivos medioambientales, de eficiencia y/o pobreza energética.

En términos generales, el Tribunal de Cuentas Europeo reclama a los responsables políticos que cuando debatan esta propuesta y, en general todo lo relativo a impuestos y subvenciones, tengan en cuenta tanto los objetivos climáticos como el impacto social.