El grito de socorro de los indígenas para detener la destrucción de sus bosques

Frenar la deforestación en el planeta para 2030. Es lo que se han propuesto más de 100 líderes mundiales, incluidos los representantes de países cuya cooperación es clave para la conservación de los grandes pulmones del planeta —Canadá, Rusia, Noruega, Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo—, reunidos en la cumbre del clima de la ONU (COP26) que acoge la ciudad escocesa de Glasgow hasta el 12 de noviembre.

Pero esa misma meta ya se planteó en 2014, cuando se firmó la Declaración de Nueva York, que proponía recortar a la mitad la deforestación para el año 2020 —objetivo que no se ha cumplido— y acabar con ella definitivamente en 2030. Una diferencia de este nuevo acuerdo, impulsado por el Gobierno de Reino Unido en la COP26 y apoyado por los Estados que juntos representan el 85% de los bosques del mundo, es que reconoce el papel de las comunidades indígenas como guardianes del territorio, y prueba de ello es que se les prevé destinar un total de 1.700 millones de dólares estadounidenses (casi 1.500 millones de euros) para que mantengan sus tareas de conservación. En total, 12 Estados se han comprometido a donar hasta 12.000 millones de dólares para lograr el objetivo de acabar con la pérdida de masa forestal en 2030 y se espera que el sector privado aporte otros 7.200 millones de aquí a 2025.

"Pronto nos veremos en un punto donde la Amazonía no tendrá ya salvación"

Sin embargo, algunos activistas se muestran escépticos con este nuevo esfuerzo multilateral que, si bien ahora cuenta con el apoyo de Brasil —uno de los actores centrales en la lucha contra la acelerada pérdida de biodiversidad—, no tiene carácter vinculante. Entre los críticos, hay líderes de comunidades amazónicas como Fany Kiuru, del pueblo uitoto (en Colombia), quien subraya que lo que falta no es dinero, sino medidas concretas para asegurar que su territorio queda protegido de los intereses de la agroindustria y de otros intereses extractivistas que destruyen su hábitat, algo que pasa por aplicar restricciones a esas actividades económicas.

“Mientras el territorio indígena no esté protegido, estará a merced de la deforestación, porque el pensamiento de quienes no son indígenas no es amigable con el territorio, así que las inversiones que hagan en sí no van a frenar la destrucción”, explica Kiuru desde Bogotá, mientras se prepara para cruzar el Atlántico y asistir en los próximos días a la COP26 en Escocia (Reino Unido). “Los gobiernos de los nueve países que conforman la cuenca amazónica, entre ellos Colombia, no pueden hablar sin que estemos allí los pueblos indígenas”, insiste, y lamenta que, si no se actúa con contundencia para acabar a tiempo con la destrucción de su tierra, “pronto nos veremos en un punto donde la Amazonía no tendrá ya salvación”.

“La Amazonía ya ha perdido el 17% de su cobertura forestal y un 7% de sus selvas tropicales se han degradado, porcentajes que siguen en aumento por la incidencia de la industria extractiva, que contamina nuestros ríos y deforesta nuestra selva, agudizando los efectos del cambio climático y poniendo en riesgo la biodiversidad, así como la vida de los pueblos indígenas que milenariamente hemos habitado y cuidado de este bioma”, reza la carta que Kiuru, junto a otras ocho mujeres amazónicas, envió recientemente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la ONU.

Tampoco desde el movimiento conservacionista español hay demasiadas esperanzas depositadas en este acuerdo. Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, critica la ausencia de información sobre en qué exactamente se va a gastar esos millones prometidos por los mandatarios. “Los grandes compromisos, si no llevan un detalle de actuaciones concretas —como mínimo, por regiones— es difícil valorar si se pueden considerar suficientes o a veces hasta negativos”, dice y argumenta que, en muchos casos, los estados se limitan a hacer plantaciones masivas de árboles. Algo que, según Oberhuber, no es la solución y que además puede dejar la puerta abierta a trampas en la declaración de resultados si, por ejemplo, se incluyen en los datos de recuperación forestal los cultivos forestales, es decir, las plantaciones de árboles que tienen un objetivo de aprovechamiento de recurso, ya sea por parte de la industria agroalimentaria (cultivos de palma aceitera, por ejemplo) o de la maderera.

Según Oberhuber, estas plantaciones en ningún caso deberían contar como bosques porque “un bosque es un ecosistema completo” —arguye— “y los cultivos son generalmente de una misma especie, todos los árboles tienen aproximadamente la misma edad, y muchas veces tienen unos impactos importantes en las especies autóctonas de la zona por las propias técnicas de tala”, por lo que no contribuyen a la conservación, sino que responden a unos intereses extractivistas.

Así, incide en que para valorar la validez del compromiso impulsado por el Reino Unido en la COP26 habría que conocer primero qué acciones concretas, por países o por regiones, se van a llevar a cabo. Y solo así se podrá asegurar “que las medidas son favorables a la conservación de los bosques, que a la vez sea una propuesta aliada en la lucha contra el cambio climático, y que efectivamente se dé participación a las comunidades indígenas o locales”.

Como Kiuru, el ecologista argumenta además que “los procesos de regeneración forestal necesitan menos inversión y más compromiso político en la restricción de otros usos que amenazan los bosques”.

La necesidad de frenar la preocupante pérdida de masa forestal en la cumbre del clima se debe a que estos ecosistemas son importantes sumideros de carbono, y los especialistas climáticos de la ONU ya han manifestado en repetidos informes que no es posible lograr el objetivo de contener el calentamiento de la Tierra por debajo de los 1,5 °C o los 2 °C —como pide el Acuerdo de París— sin acciones radicales para frenar la deforestación.

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Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, ha recibido con algo más de esperanza el anuncio de destinar 1.700 millones de dólares a la protección de los bosques a cargo de los pueblos indígenas, pues se trata, dice, de “la inversión climática más importante dedicada a nuestras comunidades” que se ha hecho hasta ahora.

Aunque reconoce que “los acuerdos en las cumbres siempre son muy generales”, confía en que este tendrá resultados positivos para la conservación de su territorio y de la cultura de los pueblos nativos. Lo que pide ahora son mecanismos para asegurar que la financiación termine en manos de organizaciones locales que a su vez administren esos fondos como estímulo para ejercer las tareas de cuidado del bosque que las comunidades indígenas llevan ejerciendo desde que llegaron al mundo. “El esquema de guardas forestales se ha inventado en países desarrollados donde se ha expulsado a los habitantes de los bosques, pero en otros países ya hay gente que cuida de los bosques, porque es su hábitat, y esas acciones merecen ser financiadas”, zanja.