SAQUEO DE RECURSOS

Destruir la Amazonia no es solo de derechas: cómo el socialismo se merienda la selva

La minería se está comiendo la selva amazónica en todos los países que la componen, sin distinguir la ideología de sus gobernantes

Foto: La Amazonía. (EFE)
La Amazonía. (EFE)

La Amazonía está en el punto de mira de los medios de comunicación y las redes sociales. Millones de personas atacaron en agosto las políticas nada ambientalistas de Jair Bolsonaro y se han manifestado en las embajadas de Brasil por el mundo. Incluso han pedido que se rece, que se deje de comer carne de vaca (porque el uso intensivo del suelo en la ganadería fomenta la deforestación de la selva) y se han destinado millones desde el G7 para frenar esta catástrofe ambiental mundial. Pero más silencioso, con menos fotos en redes aunque igual de dañino, hay otro mal que está rompiendo este gran pulmón vegetal con la aquiescencia de los Estados, los que comparten la Amazonía y los que compran los tesoros que yacen bajo su tierra.

En medio del espeso bosque selvático se abre un claro enorme, sin árboles, sin río, solo restos de barro. Como una herida que fue purulenta, grave, y ahora es una gran costra seca. Así se ve desde el cielo la Amazonía: con más de 2.300 de esas heridas que laceran su superficie. Es el daño de la minería. En parte ilegal, en parte auspiciada por los estados que, sin distingo ideológico, hacen del extractivismo su fuente de ingresos con unos daños medioambientales incalculables.

Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana y Surinam comparten los siete millones de kilómetros cuadrados de la mayor selva tropical del planeta. Según un estudio reciente de Amazonía Socioambiental, que se pudo hacer en seis de esos nueve países, hay 2.312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales, entre ellos oro, diamantes y el preciado coltán, que sirve para que puedas usar el teléfono con el que casi seguro estés leyendo esto.

El extractivismo sin normas, ilegal y sin estudios ambientales ha existido siempre. Sin embargo, los expertos señalan que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial. Y hay gobiernos que han fomentado este expolio natural o, simplemente, han mirado para otro lado.

Del oro negro al oro azul

Venezuela ostenta el dudoso honor de ser el país con más puntos de extracción ilegal, 1.899, según el informe mencionado. Las minas a cielo abierto proliferan en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, estados sin ley donde las bandas criminales, la guerrilla y los militares pelean por el control desde hace años y con más crudeza en el último lustro.

Desde 2017, el Gobierno se ha unido al saqueo mineral de modo legal. El Arco Minero del Orinoco (AMO) es una zona rica en oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita. Se denominó como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional en 2016 y en 2017 se comenzó la extracción después de que el Gobierno de Nicolás Maduro diera concesiones a distintas empresas nacionales y extranjeras. Ocupa un territorio de 111.843 kilómetros cuadrados, alrededor del 12% de Venezuela, más o menos la quinta parte de la Península Ibérica.

Hugo Chávez fue quien inició esta idea en 2011 bajo la premisa de diversificar la economía y apartar a un lado el rentismo petrolero. Al caer los precios mundiales del crudo, tras años de derroche y corrupción y con el reciente bloqueo de Estados Unidos a PDVSA, la petrolera estatal, la extracción y venta de oro se ha tomado como una salida al ahogo financiero del gobierno de Maduro.

Al menos cinco áreas protegidas están en proceso de deforestación por la actividad minera según el Global Forest Watch. El observatorio apunta que el país ha perdido 48.600 hectáreas de bosque natural entre 2016 y 2018. Solo en 2016 se 'evaporaron' 20.700 hectáreas, un salto exponencial si se compara con 2015 (6.400 hectáreas). En la zona del Arco Minero hay cinco parques nacionales, como Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, donde se encuentra el famoso Salto Ángel.

En la zona hay más de 200 comunidades indígenas. Los detractores del Arco Minero denuncian que los indígenas no han sido consultados para implantar los proyectos de minería que afectan a su entorno.

Correa, Bolsonaro, Morales: ninguno se salva

Además de la quema para cultivos de soja y posterior uso para el ganado, Brasil no está libre de la minería. Una zona bastante afectada es la región del río Tapajós. Allí también hay comunidades indígenas que ven cómo sus territorios y modo de vida quedan afectados.

En Colombia, unida a la deforestación para el cultivo ilegal de coca, también hay extracción ilegal de oro y coltán en la región amazónica, que afecta especialmente a los ríos Putumayo, Caquetá o Inírida. Las autoridades colombianas han logrado detectar más de 6.330 puntos en todo el país donde se extrae oro. Alrededor de 200.000 hectáreas estarían deforestadas en varios departamentos, parte de ellos pertenecientes a la Amazonía.

En Ecuador, los movimientos indígenas se han movilizado contra las concesiones mineras en numerosas ocasiones. Acusan a los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno de seguir otorgando licencias, ajenos a una minería responsable. Durante el mandato de Correas se dieron concesiones mineras de gran escala. Dos esos proyectos están en la Amazonía.

La reserva nacional Tombopata, en la Amazonía peruana, es una de las principales afectadas por una tristemente famosa zona de minería ilegal: Madre de Dios. Aunque la gran veta tiene tiempo, en 2015 entraron a la reserva nacional. Tras un 2018 donde la deforestación por la extracción de oro alcanzó máximos históricos (9.280 hectáreas), el pasado febrero el Gobierno inició la “Operación Mercurio 2019”.

A esa región de Madre de Dios, vecina con Brasil, entraron más de 1.500 policías para asegurar el fin de esa actividad ilegal, previo paso por una suspensión por 60 días de las libertades civiles en esa región.

En Bolivia, el margen entre la minería legal e ilegal es difuso. Bajo el mandato de Evo Morales se suscribió el convenio de Minamata (ONU) para regularizar el uso del mercurio en el proceso de extracción y tratamiento del oro. Según las autoridades del país, se aplican métodos de control y restricciones del uso de este metal pesado, principal contaminante de los ríos amazónicos.

El estudio “Mercurio en Bolivia”, hecho por la WWF, revela que Bolivia es el segundo mayor emisor de mercurio de Latinoamérica por minería de oro. El 47% de esas emisiones provienen de la minería de oro y la Amazonía es una de las zonas más sensibles de contaminación. La concentración de mercurio en los peces supera los estándares de consumo recomendados.

Un leve apunte a tener en cuenta: buena parte de las concesiones mineras se hacen a empresas internacionales, la mayoría canadienses. Pero también de China, Suiza o Estados Unidos. Lo que con una mano tratan de arreglar –con el envío de dinero para los incendios–, con la otra mano lo destrozan.

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