Incendios activos y bomberos despedidos: España baja la guardia contra el fuego

Suma y sigue en el peor año de incendios forestales en lo que va de siglo. El balance de hectáreas quemadas en 2022 en España no para de aumentar a pesar de adentrarnos ya en pleno otoño.

A las 302.000 hectáreas calcinadas por el fuego hasta la semana pasada, según las estimaciones del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (Effis), hay que añadir las que han ardido o siguen ardiendo esta semana en los incendios declarados en la Sierra de Arana (Granada), Nerja (Málaga), Benharás (Cádiz), Liébana (Cantabria) o Ames (A Coruña), algunos de los cuales permanecen todavía activos.

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Tal y como señalan uno tras otro los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en el sur de Europa, la ampliación de los periodos de sequía, cada vez más severos y recurrentes, así como el aumento y la persistencia de las altas temperaturas, están acabando con la estacionalidad de los incendios. Estamos ante un nuevo escenario en el que la situación de riesgo se va a prolongar mucho más allá del periodo estival.

Debido a ello, todos los expertos coinciden en señalar que lo prudente ahora es reforzar las tareas de prevención y mantener los equipos de extinción activos todo el año, más allá de lo que hasta ahora se consideraba ‘temporada de incendios’. Porque la situación de abandono que viven la mayoría de nuestros bosques, afectados por las plagas y recargados de combustible, unida a los efectos del cambio climático, está convirtiendo la cubierta forestal ibérica en un inmenso pajar a punto de prender en cualquier momento del año.

Sin embargo, lejos de apoyar las actividades de prevención, dotar a los bomberos forestales de los medios adecuados y normalizar su situación laboral, ¿qué estamos haciendo en España mientras sufrimos el peor año de incendios, comprobando hasta qué punto eso es así? Pues exactamente lo contrario: desatender sus voces de alarma y mantenerlos en la precariedad.

¡Todos a la calle!

Los representantes sindicales denuncian que algunas comunidades autónomas están despidiendo o han despedido ya a entre el 50% y el 70% de los profesionales contratados para hacer frente a esta grave amenaza. Las cifras varían según el territorio: el 75% en Castilla y León, el 70% en Galicia, el 60% en Aragón o más del 30% en la Comunidad Valenciana. Todo ello mientras las llamas siguen vivas en distintos puntos del país, sumando hectáreas calcinadas.

Carlos Martín es el representante sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y trabaja como bombero forestal en Castilla-La Mancha. “Mira si la situación es anómala que ahora mismo —dice mientras atiende la llamada de Planeta A— mis compañeros están luchando contra dos incendios en la provincia de Toledo sabiendo que en unos días van a echar a la calle al 30% de la plantilla”.

La situación de los bomberos forestales en España es de tal nivel de precariedad que, como señala este profesional, “en verdad no sabría decirte cuántos somos, pues ni los planes info de las autonomías ni los portales de transparencia dejan claro el número de profesionales contratados. Es más, en cada comunidad se nos da distinto nombre: algunas incluso contratan cuadrillas temporales sin informar de cuántos ni durante cuánto tiempo”.

Por eso reclaman que se apruebe de manera urgente el Estatuto de los Bomberos Forestales que vienen pidiendo al Gobierno y a las comunidades autónomas. Un mecanismo legal que permitiría regular de una vez por todas la figura del bombero forestal a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de este servicio público esencial, especialmente en un momento como el actual, en el que las labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios cobran más relevancia que nunca.

En cumplimiento de la ley

Lo que piden los bomberos forestales es “contribuir al cumplimiento de la ley mediante el desempeño de nuestra labor: una labor que para que sea eficaz debe centrarse cada vez más en las tareas de prevención, tal y como marca y exige la normativa en vigor”. Carlos Martín recuerda asimismo que la propia Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se dirigió hace unos meses a más de 150 alcaldes para exigirles que pongan en marcha los planes de prevención a los que están obligados o se podrían ver sometidos a una investigación penal.

El requerimiento de la Fiscalía obedece al dictado de la actual Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre), donde se precisa claramente que "los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales deberán ser aprobados por los órganos competentes de las comunidades autónomas y publicados antes del 31 de octubre del año precedente a su aplicación" y que dichos planes "se aplicarán de manera continua durante todo el año". Sin embargo, como nos recuerda este bombero, “apenas se diseña y ejecuta el 10% de los planes de prevención requeridos”.

Ante esta situación, los representantes sindicales de los bomberos forestales anunciaban esta misma semana que no descartan emprender movilizaciones en defensa de sus derechos básicos y contra la precariedad del sector. De esa manera, y si el Gobierno sigue ninguneándolos, podríamos volver a asistir al bochornoso espectáculo de ver a los bomberos forestales manifestándose en las calles mientras nadie les hace caso y el monte sigue ardiendo.