Los bufetes alertan de un alud de litigios por el vicio de las empresas por el 'greenwashing'

El reconocido greenwashing puede poner en jaque a las empresas que buscan el camino sostenible. Este concepto que hace referencia al lavado verde de la imagen de una compañía se ha hecho cada vez más presente en el mundo corporativo cuando algunas entidades quieren mostrar una imagen ecológica que realmente no tienen. De esta forma, cientos de litigios se han planteado a nivel global y España está convirtiéndose en uno de los países en los que este tipo de casos va al alza. Según han indicado diversas fuentes del mundo de la abogacía, este tipo de pleitos se convertirán en el nuevo dolor de cabeza de las compañías.

Esta misma semana, Iberdrola abrió una batalla legal contra Repsol por "competencia desleal y publicidad engañosa", acusando a la empresa de la competencia de greenwashing y de engañar a los agentes del mercado. La empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán ha pedido en la demanda que la energética de la competencia retire varias campañas publicitarias y que destruya todo el contenido de estas.

De forma particular, Iberdrola sentencia que Repsol comete irregularidades como "blanqueo ecológico", "estrategias de mercadotecnia dirigida a exagerar, o directamente falsear, el compromiso de una empresa con la sostenibilidad y el medio ambiente". También habla de "actos de engaño" y "omisiones engañosas". Este es solo uno de los casos que han comenzado a surgir en España al respecto. Y según indican los despachos, serán cada vez más los casos que se verán como los de Iberdrola.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Ontier España, Pedro Rodero, indica a El Confidencial que hoy en día la sostenibilidad se ha convertido en una herramienta de venta para las compañías, ya que los consumidores valoran cada vez más los productos o servicios con impactos ambientales significativos. "Por eso surgen cada vez más este tipo prácticas fraudulentas en las que determinadas compañías hacen afirmaciones medioambientales que no son acordes con la realidad o son confusas, para intentar tomar ventaja de forma ilegítima", sentencia.

TE PUEDE INTERESAR

Iberdrola abre una batalla legal contra Repsol por "competencia desleal" y "publicidad engañosa"

Juan Cruz Peña

Por su parte, las socias de Baker McKenzie, Carmen Alonso, experta en litigación, y Ester Navas, del departamento de International Commerce & Trade, aseguran que aunque a nivel de litigiosidad en España y Europa aún no haya alcanzado los niveles de Estados Unidos, sí existe una preocupación creciente por el greenwashing entre las empresas españolas y a nivel europeo hay novedades normativas muy relevantes. "Esto no es más que el reflejo de la evolución social hacia una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y, en particular, sobre los aspectos medioambientales, que demanda a las empresas unas políticas climáticas más sólidas y mayor transparencia y certeza en sus declaraciones", zanjan.

Estados Unidos, el referente

Desde hace ya varios meses, o incluso algunos años, las noticias se han llenado de noticias sobre casos de greenwashing en Estados Unidos. El año pasado, H&M, por ejemplo, ganó un caso contra una acusación de este estilo. La marca de moda salió victoriosa de las acusaciones, pese a las dudas que generó su uso de la palabra "sostenible" en sus campañas y etiquetas con frases de "elección consciente". Sin ir más lejos, hace varios años el dieselgate fue uno de los casos que mayor impacto generó en la industria.

Al respecto, el presidente ejecutivo de Ontier España indica que el blanqueo ecológico no es un problema exclusivo de EEUU, sino que lo que ocurre, como en otros muchos ámbitos, "es que aquel país va por delante en esta materia, en el sentido de que, desde mucho tiempo antes que nosotros, ha surgido una concienciación sobre la gravedad de este tipo de prácticas y su incidencia en el mercado", apunta. El experto también dice que hoy ya puede ser considerado como un problema a nivel global porque ha aumentado la conciencia sobre la sostenibilidad.

Sin embargo, esta realidad no está lejos de lo que podría llegar a ocurrir en cualquier parte del mundo. Ni menos en España. Según un informe llamado Global Trends in Climate Chanche Litigation: 2023 snapshot realizado por Joana Setzer y Catherine Higham, en el último tiempo "se ha visto una explosión de casos de lavado climático presentados ante los tribunales y órganos administrativos como las agencias de protección del consumidor". Dentro de estos, casos de compromisos climáticos corporativos; atributos de productos, exagerar las inversiones o el apoyo a la acción climática, entre otros. Las socias de Baker también apuntan a otros tipos de casos que complementan estos, como competencia desleal, litigiosidad derivada de préstamos verdes, entre otros.

El documento sentencia que este crecimiento de casos, refleja preocupaciones más amplias sobre la responsabilidad corporativa por los compromisos climáticos, junto con debates sobre el papel de las empresas en la toma de decisiones climáticas. Según otro estudio llamado Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review de La ONU y Columbia Law School, Sabin Center for Climate Change Law, España está dentro de las 10 jurisdicciones principales con el mayor número de casos acumulados en litigaciones climáticas.

Sin contar a Estados Unidos, que se lleva el top 1 sin dudas con 1.522 casos hasta diciembre de 2022, el listado está compuesto por Australia (127 casos); Reino Unido (79); Alemania (38); Canadá (34); Brasil (30); Nueva Zelanda (26); Francia (22); México (18); España (17); e Indonesia (12). Según distribución global de todos los casos según representación geográfica, Europa se lleva el 31,2% de los casos hasta finales del año 2022.

"El mayor desafío es la necesidad de equilibrar las demandas competitivas y financieras del mercado con la creciente presión"

De esta forma, las empresas españolas siguen en jaque, enfrentándose a cientos de desafíos verdes. "Sin duda, el mayor desafío al que están enfrentándose las empresas es la necesidad de equilibrar las demandas competitivas y financieras del mercado con la creciente presión (normativa y social) para adoptar prácticas sostenibles", apunta Rodero.

'Atrápame si puedes'

El problema de esta realidad, y una de las razones por las que también los litigios de greenwashing van al alza, es porque la normativa cada día impone más cosas en ámbitos medioambientales, sostenibilidad, y áreas verdes, y no existe solo una forma para su aplicación. Todo esto se ha convertido en un 'atrápame si puedes' con el fin de que las organizaciones puedan ir al ritmo de las exigencias a nivel normativo. Actualmente, existen diferentes leyes, directivas, decretos, y guías que se han ido actualizando y modificando con el fin de amoldar a las organizaciones a las nuevas tendencias y guiarlos hacia un camino verde.

A finales de 2022, salió la CSRD o directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, combinada con el Reglamento de Taxonomía, lo que según piensan Navas y Alonso, han complicado mucho las obligaciones de reporte de las compañías, "al mismo tiempo que han hecho hincapié en la necesidad de reportar diligentemente". En marzo de este año, se aprobó la Directiva sobre el Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, que se complementará con la Directiva de Alegaciones Ecológicas (Green Claims Directive) para regular ecoetiquetas y alegaciones para que sean fiables.

TE PUEDE INTERESAR

¿Inversión de impacto, ESG o ‘greenwashing’? Despejamos las dudas

J.Molina/E.Hita

Así como la Directiva (UE) 2024/82 que obliga a respaldar cualquier compromiso medioambiental futuro con un plan de ejecución completo (incluyendo los hitos temporales y los recursos presupuestarios que se destinarán a su consecución), que deberá ser verificado por un tercero independiente y cuyas conclusiones habrán de hacerse públicas. Y estas son solo algunos de los ejemplos. En materia de sostenibilidad, todo avanza a pasos agigantados y así las empresas intentan hacer un esfuerzo por llegar a tiempo, pero entonces, ¿existe un método en concreto para poder seguirle el paso?

"Lógicamente, no existe una receta única. El primer paso, sin duda, es estar informados. Las organizaciones deben mantenerse informadas sobre las nuevas regulaciones ambientales que puedan afectar su actividad. Esto implica seguir de cerca los cambios normativos y asegurarse de que la organización lleva a cabo y comunica, en cada momento, actuaciones coherentes con la nueva realidad", apunta Rodero.

El experto de Ontier añade que es importante establecer metas y objetivos claros en materia de sostenibilidad y medioambiente; es decir, si se fijan metas para la reducción de emisiones de carbono, deben ser metas específicas y medibles en el corto y medio plazo, medida relacionada con la Directiva (UE) 2024/82 mencionada anteriormente, y, en tercer lugar, indica que es importante que las organizaciones sean transparentes sobre sus prácticas ambientales y sus esfuerzos de sostenibilidad.

"Las organizaciones deben mantenerse informadas sobre las nuevas regulaciones ambientales que puedan afectar su actividad"

Por su parte, las socias de Baker McKenzie también destacan tres puntos clave: asesoramiento preventivo y estratégico, que no sea reactivo, y directamente a los órganos de administración; con gran esfuerzo en la formación interna y en la creación de una cultura de sostenibilidad creíble, como han hecho ya algunas grandes empresas españolas; y haciéndose acompañar de expertos para la elaboración de sus estados de información no financiera y sus informes de sostenibilidad, así como en cualquier otro marco en el que deban hacer declaraciones o asumir compromisos en esta materia.

Mayor colaboración público-privado

A raíz del aumento de casos, y con el objetivo de que esta transición sea más efectiva, y fluida para las organizaciones nacionales, los letrados piensan que es conveniente que en esta materia se produzca una mayor colaboración entre el mundo privado y público. "Las administraciones públicas deben ir de la mano de las empresas y tratar de dotarlas de los instrumentos necesarios para prevenir el greenwashing", anota el presidente ejecutivo de Ontier.

Además, sentencia que, en el concreto ámbito del mercado español, la Unión Europea tiene un papel clave en esta materia porque precisamente a través de la legislación de la UE se puede lograr una homogeneización de criterios normativos en todos los países miembros. En este mismo sentido, las socias de Baker también creen que debe haber mayor interlocución entre agentes, así como mayor transparencia y claridad de los criterios en materia de sostenibilidad.

"Que las empresas no tengan que estar readaptándose a golpe de directiva y los legisladores comunitario y nacional hagan un mayor esfuerzo de armonización y minimalismo normativo, para que haya menos normas, pero más claras", finalizan Alonso y Navas.