"Quiero demandar, pero no tengo dinero": solo un 20% de los españoles toma acciones legales

"Quiero realizar una demanda, pero no sé cómo hacerlo y tampoco tengo el dinero". Esta afirmación no deja de ser común entre los españoles que se enfrentan a una situación donde les gustaría llevar a cabo un proceso judicial, pero no saben realmente cómo dar inicio a estas cuestiones. Problemas económicos, la complejidad de los procesos y el estrés que conlleva realizar un acto como este, se han convertido en uno de los principales factores para que finalmente no se emprendan acciones legales en nuestro país, y en concreto, solo un 20% de los españoles asegura haber llevado a cabo un litigio.

Así lo asegura un último estudio realizado por onLygal, la compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales, antiguamente DAS Seguros, llamado Necesidades y percepciones sobre las soluciones legales. En esta encuesta, que fue realizada a más de 2.000 personas repartidas proporcionalmente en cada comunidad autónoma, se desvela que la mitad de los españoles se ha planteado emprender acciones legales en alguna ocasión y un 5% muchas veces. No obstante, solo esos dos de cada diez españoles asegura haberlas llevado a cabo.

Por ejemplo, tal y como indica el siguiente gráfico, un 9% de los encuestados hubiese demandado a su empresa si hubiese tenido los recursos económicos necesarios y el tiempo para iniciar un proceso judicial. Por otro lado, otros encuestados también hubiesen tomado medidas con servicios profesionales que contrataron [6%]; con sus vecinos [6%]; con compañeros de trabajo [5%]; o con el casero, su pareja o expareja [ambos en un 3%]. Estas fueron los principales sujetos a los que los ciudadanos hubiesen querido demandar este año.

Al respecto, la responsable del centro de atención jurídica de onLygal, Natàlia Mañas, asegura que además de los costes económicos, que es el principal causante de que se dé un paso atrás en tomar acción, otras razones también han salido a la luz en el estudio. Entre ellas, la complejidad de los procedimientos legales en cualquier ámbito; la carga emocional que conllevan estos procesos y "ya que muchas veces entienden que no compensa el resultado; o la cierta desconfianza que poseen los españoles en relación con nuestro sistema legal y las soluciones que puedan llegar a obtener una vez acuden a él".

La responsable añade que esta decisión se basa en la evaluación de costes y beneficios: costes directos, como los honorarios de los abogados o los judiciales, y los costes indirectos, como el tiempo perdido, el estrés, y otros que se sopesan con los beneficios potenciales de ganar el caso. "Cuando estos costes percibidos superan a los beneficios esperados, se convierten en una barrera que provoca que las personas decidan no emprender acciones legales", zanja.

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Por otra parte, los temas más judicializados por los ciudadanos españoles son aquellos que afectan directamente al derecho de la familia y aquellos que suponen un perjuicio económico para ellos. Según indican desde onLygal, las demandas de divorcio, conflictos con inquilinos o vecinos y temas de sucesiones son las demandas que más se han realizado en los últimos años en el país. Por el contrario, las que más dejan pasar los españoles son las que se centran en ámbitos de consumo, con reclamaciones por servicios mal prestados o estafas.

Desinformación y dudas

Además, lo anterior está directamente relacionado con la desinformación que existe actualmente por parte de los españoles respecto a sus propios derechos. ¿Cómo se podría realizar una demanda, si la persona no sabe lo que corresponde ni cuáles son sus derechos? Actualmente, más del 70% de los encuestados desconoce sus derechos y otro 44% no sabe cómo funciona el sistema judicial español. En concreto, cuatro de cada diez evalúan con un 5 su conocimiento sobre leyes y derechos legales, situándose la nota media en el suspenso alto, con un 4,83.

De acuerdo con el estudio, las principales dudas legales de los españoles están relacionadas con impuestos (34%); herencias (28%); jubilación (26%); solicitud de ayudas y subvenciones (26%) y baja laboral (26%). Otras de las dudas más grandes viene de la mano de la incertidumbre que existe actualmente en el país en el sector de la vivienda: el alquiler y la compraventa, ambos con un 21%. Un tema que ha estado en boga estos días debido a la cantidad de reestructuraciones que ha habido internamente en las empresas, son los despidos, ERE y ERTE que preocupan en un 19% a los españoles.

En la otra mano, donde menos dudas tienen los encuestados, es en ámbitos de agresiones, violencia familiar o acoso por internet. Aun así, muchos se siguen cuestionando si tomar o no medidas. Según Mañas, para mejorar esta situación, lo más importante es impulsar la prevención porque "el conocimiento de las leyes y normas aplicables en nuestra vida diaria es lo que nos permite hacer valer nuestros derechos en cuestiones tan cotidianas como la reclamación ante un comercio por un servicio mal ejecutado, la compraventa de una vivienda o realizar un testamento ante notario".

Sin embargo, la gran mayoría se informa por medios que realmente, y según los expertos, no son los correctos. La mitad de los participantes se ha informado a través de lecturas y publicaciones; seguido por las búsquedas en internet [39%] con método de información para analizar un caso. Los casos de amigos y conocidos también se toman un lugar dentro del ránking de fuentes informativas [26%], otros han estudiado alguna asignatura del ámbito legal [17%], trabaja en un ámbito donde se aplican elementos legales [14%], mientras que el menor número ha estudiado derecho [5%].

Sobre esto, la responsable del centro de atención jurídica de onLygal, pide no dejarse influenciar por posibles informaciones que puedan encontrar online o testimonios de amigos y conocidos, porque estas no suelen ser fuentes acreditadas y, por ende, no están ajustadas al cien por cien a la realidad y al Derecho. "Contar con un profesional de confianza y especialista en la materia es clave para que el ciudadano se asesore, que entienda cuáles son las opciones que tiene su caso y también los riesgos, y vea que el profesional va a hacer todo lo posible por defender sus intereses", finaliza.