La hiperregulación y el ESG retrasan la transformación de las asesorías jurídicas

Las asesorías jurídicas de las empresas se enfrentan a su particular dilema de la manta, esa teoría tan poco sofisticada —pero a la vez tan acertadamente descriptiva— que se emplea para representar situaciones en las que los recursos, escasos, impiden afrontar necesidades simultáneas. Hay que elegir. O nos tapamos los pies o la cabeza; los dos a la vez es imposible. Esto mismo le está sucediendo a los departamentos legales en el contexto actual. Si bien la pandemia puso de manifiesto que era inaplazable que afrontaran su proceso de transformación, revisando sus procesos e incorporando tecnología, la hiperactividad regulatoria, sin embargo, les está obligado a atender de forma prioritaria los riesgos y requerimientos derivados de la misma, posponiendo así las mejoras en materia de eficiencia. Lo urgente, otra vez, impidiendo ocuparse de lo importante.

Así lo pone de manifiesto el reciente informe 2023 State of the Corporate Law Department, de Thomson Reuters, que analiza las prioridades operativas y estratégicas de las asesorías jurídicas de las grandes empresas. El estudio asevera como el manido "hacer más con menos" se ha convertido en una constante para los abogados in house. Tanto es así que, para el presente ejercicio, un 65% de los equipos jurídicos asevera estar experimentando un incremento del volumen de trabajo, mientras que, un porcentaje muy similar, el 59%, tienen que gestionar el área con el mismo o incluso menos presupuesto que en 2022. Tras el aumento de la carga de asuntos a resolver se encuentra la creciente presión normativa y el enfriamiento de la actividad económica, contexto propicio para el surgimiento de litigios, según los autores del documento. Todo ello, concluyen, hará inevitable que en los próximos años las compañías deban elevar la utilización de asesoramiento legal externo.

En este sentido, es significativo cómo las obligaciones en materia de compliance y las exigencias regulatorias han pasado, en solo tres años, del quinto al primer puesto al preguntar a los in house por las materias en las que tienen depositado su foco estratégico. De hecho, quienes apuntaron este factor, se incrementa siete puntos, del 15% al 22%. En segundo término, aparece en el listado el control de riesgos y la prevención de litigios (21%) y, repitiendo en tercera posición, el control de costes (19%). La eficiencia y la agilización de procesos pierde una posición respecto de 2019, cayendo de la cuarta a la quinta, y desciende cuatro puntos, del 16% al 12%. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la encuesta se elaboró a lo largo de 2022. Es previsible que, tras el segundo año con la inflación por las nubes, la presión presupuestaria sobre las áreas legales corporativas se haya elevado de forma notable. Para el estudio se han entrevistado a casi 1.600 responsables de departamentos legales de empresas de todo el mundo.

El incierto entorno creado con los últimos acontecimientos ha provocado, según observa Thomson Reuters, que las asesorías jurídicas hayan reforzado su papel defensivo, como guardianes, frente al proactivo, de ayudar a la generación de negocio. Así, se dispara la preocupación por los asuntos relacionados con la regulación y el compliance, y crece la relativa a la gestión de riesgos, a la vez que se mantiene alto el foco en las disputas. Por su lado, respecto del informe anterior, hay menos energía en la mejora en eficiencia o adopción de tecnología, mientras que se mantiene en máximos el objetivo del control de costes.

Los dolores de cabeza en torno a la regulación no solo proviene de la creación de nuevas normas, o las modificaciones de las anteriores, sino también a los potenciales conflictos con los que tienen que lidiar las compañías presentes en múltiples jurisdicciones, que se encuentran ante el reto de lidiar o armonizar soluciones que sean válidas en todas ellas. Por materias, los encuestados señalaron, las políticas de ESG, pero también cuestiones financieras, sanciones y otras normas que dan respuesta a las tensiones geopolíticas, la legislación contra el blanqueo de capitales, la ciberseguridad, la protección de datos o la economía digital.

Los cambios regulatorios no son solo una preocupación presente, sino que son señalados por las asesorías jurídicas como el gran desafío también a medio y largo plazo. A uno de cada cinco consultados les preocupa no ser capaces de atender a la complejidad y la velocidad con las que estos se producen, seguido muy de cerca por la gestión de los datos personales y el cumplimiento de las exigencias en materia de ESG y diversidad. Estos dos últimos, indica el documento, se presentan como dos asuntos que ocuparán un papel creciente en las mesas de los responsables de los departamentos legales. En el caso de los criterios ESG —materia que si bien no afecta directamente a los in house, sí les exige una aportación relevante—, no es el primer informe especializado que alerta de los riesgos crecientes que supone para las asesorías jurídicas.

A este respecto, es relevante descubrir como los abogados de empresa europeos sienten mucho más cercana la presión por el cumplimiento de las políticas de ESG. Así, casi el 30% de las asesorías jurídicas de la Europa continental lo señalan como uno de los riesgos más relevantes en los próximos 3-5 años, mientras que solo el 18% del conjunto de los encuestados así lo cree. Los in house británicos, por su parte, están mucho más preocupados por los cambios regulatorios y la incertidumbre económica, dos asuntos lógicos dada su vinculación con el proceso del Brexit. A los estadounidenses, además de la hiperactividad normativa, les preocupa notablemente la protección de datos, materia en la que los europeos, sin embargo, se sienten más seguros.

El contexto descrito provoca que desde Thomson Reuters encuentren "nula sorpresa" en que la materia en la que los equipos legales prevén aumentar su gasto en mayor medida sea en la regulatoria. También es en la que menos anticipan que reducirán su presupuesto. Ello, asevera el informe, abre una importante ventana de oportunidad para los proveedores alternativos de servicios legales (ALSP, por sus siglas en inglés), pues muchos de ellos están especializados en servicios vinculados con el compliance y los riesgos regulatorios. La situación inflacionaria, de hecho, puede provocar que algún in house resistente a los ALSP empiece a contemplarlos como opción. Lo mismo sucede con los litigios y los despachos más pequeños, que ofrecen tarifas más competitivas que los grandes.

A pesar de los datos expuestos, el informe concluye con una nota positiva en relación con el proceso de transformación de las asesorías jurídicas. Sus autores reflexionan que el menor foco en la eficiencia, la automatización y la tecnología que se detecta en la última edición puede que no solo responda a la mayor preocupación por responder a la creciente presión regulatoria, sino también al hecho de que las "mejoras" realizadas en estos ámbitos en los ejercicios anteriores están permitiendo que los in house "desplacen su atención" hacia otras áreas que a día de hoy resultan más sensibles para la empresa.