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Así dañan la economía las 'leyes chapuza': la tesis de un abogado del Banco de España que debería escuchar el Congreso
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A peor calidad normativa, menos empresas

Así dañan la economía las 'leyes chapuza': la tesis de un abogado del Banco de España que debería escuchar el Congreso

El letrado y economista Juan S. Mora Sanguinetti expone cómo la hiperactividad normativa y una mala redacción de las leyes limitan la creación de empresas y lastran su crecimiento

Foto: Vista general de un pleno celebrado en el Congreso de los Diputados. (EFE/J.J. Guillén)
Vista general de un pleno celebrado en el Congreso de los Diputados. (EFE/J.J. Guillén)
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Legislar mucho y mal tiene consecuencias negativas sobre la economía española. En concreto, un aumento del 1% en el volumen de regulación provocaría un descenso del 0,05% del número de empresas. En la misma línea, la mala redacción de una ley (utilizar un lenguaje poco comprensible, abusar de frases largas y tecnicismos, etcétera), así como la inclusión de referencias excesivas a otras normativas dentro de una misma disposición legal, lastra el crecimiento de las compañías y empeora su productividad.

Quien hace estas afirmaciones es Juan S. Mora Sanguinetti, abogado y economista titulado en el Banco de España. En los últimos años, este profesional se ha dedicado a investigar cómo el mal funcionamiento de los tribunales afecta al bolsillo de los ciudadanos, empeorando el mercado del alquiler y dificultando la concesión de hipotecas, entre otras cuestiones. Desde hace un tiempo, sin embargo, el letrado ha decidido abrir el foco para analizar en qué medida daña a la economía no solo la lentitud de los jueces, sino también la mala calidad de las leyes. Su investigación se ha materializado en varios artículos académicos, el último publicado hace unos días en la Revista de las Cortes Generales bajo el título "Las 400.000 normas de la democracia española. Cuantificación e impacto de la complejidad normativa de España".

En el texto, Sanguinetti hace un doble estudio. Por un lado, se centra en el impacto concreto que puede tener un marco regulatorio excesivamente complejo sobre la economía y sociedad españolas. Y, por el otro, examina cómo ha evolucionado la actividad legislativa en España en los últimos 40 años, midiendo desde la cantidad de leyes aprobadas en ese periodo hasta la calidad de su contenido. Y la conclusión a la que llega es algo descorazonadora: "La regulación española tiende hacia una mayor complejidad, tanto por la cantidad como por la claridad de los textos", detalla en conversación con El Confidencial.

Foto: Juan S. Mora Sanguinetti, economista del Banco de España. (Ana Beltrán)

Para medir la calidad del ordenamiento jurídico, el abogado y vicepresidente de Enatic se apoya en tres indicadores. El primero, el volumen de normas aprobadas cada año. En este sentido, en el artículo asegura que un aumento de un 1% de la regulación "se relacionaría con un 0,05% menos de empresas de media" y provocaría un descenso de su productividad. "Al fin y al cabo, un empresario no tiene por qué ser un experto en derecho y, aunque la norma sea fácil y comprensible, si hay muchas se pierde. Además, cuando aumenta la regulación, la posibilidad de incumplimiento se eleva, lo que equivale a mayor riesgo de sanción. Eso desincentiva a muchos a la hora de emprender o de hacer crecer el negocio", razona.

En este punto, el letrado considera que España tiene aún un largo camino que recorrer. Según sus cálculos, entre 1979 y 2021 se aprobaron en nuestro país un total de 411.804 nuevas normas, lo que equivale a 9.800 al año. El mayor pico se registró en 2020, con más de 12.260 disposiciones legales de todo tipo. Un efecto lógico, explica, ya que con la pandemia aumentaron el número de situaciones que debían ser reguladas. Unas cifras, en todo caso, muy superiores a las registradas antes de llegar la democracia a nuestro país, cuando se aprobaban una media de 3.000 normas al año.

Entre 1979 y 2021 se aprobaron en nuestro país un total de 411.804 normas, lo que equivale a una media de 9.800 al año

En la misma línea, agrega que la diversidad de fuentes normativas suma una complejidad añadida, ya que obliga a las compañías a estar atentas a las obligaciones que provienen no solo del Estado, sino también de las comunidades autónomas, las provincias y otros niveles por debajo. "Por ejemplo, si una empresa gallega desea expandirse a Asturias, no solo debe plantearse la posibilidad de contratar nuevos trabajadores allí, sino que también tiene que aprender la normativa asturiana, lo que conlleva potenciales costes jurídicos y riesgos de sanción", relata. Este elemento acaba por convertirse en una importante barrera de entrada para muchas organizaciones, especialmente las de menor tamaño, que tienen más dificultad para asumir estos gastos al no contar con departamentos legales internos.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios tras el último Consejo de Ministros del pasado año. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Dentro de este campo, la regulación española también ha evolucionado hacia una mayor complejidad. Así, en 1979, la Administración central del Estado aprobaba el 88,6% de la nueva legislación, mientras que las normas regionales suponían únicamente el 11,3%. Con el desarrollo y consolidación del Estado autonómico, las proporciones han cambiado enormemente y, actualmente, la regulación autonómica engloba entre el 60 y el 80% del total.

Leyes multiaventura

El segundo de los elementos que cita Sanguinetti con los que medir la calidad legislativa es su legibilidad. Básicamente, este concepto hace referencia a la capacidad que tiene un texto de ser comprendido con facilidad por el lector. En el ámbito jurídico, hace referencia a la calidad de la redacción, el uso de expresiones demasiado ambiguas, el abuso de tecnicismos o, incluso, la presencia de frases demasiado largas. En este ámbito, no obstante, España también obtendría un suspenso. "Se observa un paulatino empeoramiento en la legibilidad para la mayoría de las CCAA. Es decir, las normas son cada vez más difíciles de entender por sus usuarios", señala en su artículo.

Por último, el letrado menciona un factor al que bautiza como complejidad relacional. Con este término, alude a la cantidad de enlaces o referencias que contiene una norma hacia artículos o preceptos de otras leyes. Un recurso que, aunque pueda ser necesario en algunas ocasiones, acaba provocando muchas dificultades de comprensión si se abusa de él, ya que exige al lector revisar continuamente otras regulaciones para poder entender el contenido de la principal.

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda díaz. (EFE/Mariscal)

De nuevo, la tendencia que sigue la legislación española en este sentido es negativa. "En todas las comunidades se observa un mayor número de links en los años más recientes, apuntando a un aumento de la complejidad relacional con el paso del tiempo", reza el texto. En concreto, las normas españolas incluyen una media de 11 enlaces, si bien hay diferencias entre regiones. Por ejemplo, la regulación aragonesa suele contener en torno a los 18 enlaces, mientras que Navarra únicamente incluye tres. "Desde una perspectiva relacional, las normas navarras son más autocontenidas y más sencillas de utilizar", indica el economista.

'Too much of a good thing'

Más allá de este análisis, Sanguinetti subraya que el hecho de que exista un mayor número de leyes dentro de una economía no es algo negativo per se. Al contrario. "La regulación se aprueba precisamente para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a mitigar su incertidumbre. Viene a suplir las posibles faltas de información en el mercado", recuerda. Sin embargo, una actividad legislativa deficiente (ya sea por excesiva o por fallos en el contenido) genera el efecto contrario y aumenta la inseguridad jurídica, provoca trabas a la inversión y al crecimiento económico y genera costes extra a los ciudadanos. Una paradoja que el abogado resume con la expresión too much of a good thing. O su versión española: lo poco gusta, lo mucho cansa.

Foto: Exteriores de la sede del TC. (EFE) Opinión

¿Dónde está, entonces, el punto medio? Tanto los países como organismos internacionales, incluida la Unión Europea, han intentado encontrar la respuesta y hablan desde hace un tiempo de políticas de better regulation. En España, de hecho, esta iniciativa se materializó en la Ley del Gobierno de 1997, que introdujo la obligación de incluir una memoria de análisis normativo en la nueva regulación. En esencia, en este documento el legislador debe justificar la necesidad de la nueva disposición, su relación con el resto del ecosistema legal (qué leyes deroga, cómo se relaciona con el resto del ordenamiento español, etc.) y su impacto económico. Ahora bien, teniendo en cuenta la tendencia negativa que parece seguir nuestro ordenamiento, el letrado opina que esta cuestión exige abrir un debate a nivel político para analizar cuáles son los fallos que se han cometido y diseñar soluciones para arreglarlos.

Legislar mucho y mal tiene consecuencias negativas sobre la economía española. En concreto, un aumento del 1% en el volumen de regulación provocaría un descenso del 0,05% del número de empresas. En la misma línea, la mala redacción de una ley (utilizar un lenguaje poco comprensible, abusar de frases largas y tecnicismos, etcétera), así como la inclusión de referencias excesivas a otras normativas dentro de una misma disposición legal, lastra el crecimiento de las compañías y empeora su productividad.

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