Redactar demandas durante la sesión de quimio: "El desapego de los tribunales es alucinante"

A finales de agosto, Alberto (nombre ficticio) recibió una aciaga noticia: sus médicos habían encontrado un tumor maligno en su cuerpo. Por suerte, la detección fue temprana, así que con algunas sesiones de quimioterapia y una operación podría recuperarse. Durante estos dos meses y medio, Alberto ha estado sometido a un proceso de curación que describe como un calvario, no solo por la enfermedad en sí, sino por el estrés añadido que le ha causado su trabajo como abogado. A pesar de que pidió la baja temporal tras el diagnóstico, el letrado, que ejerce como laboralista en Madrid, ha tenido que seguir elaborando escritos y demandas, a veces durante las mismas sesiones de quimio. "Pedí la suspensión de los juicios que tenía agendados desde hace tiempo y, aunque la mayoría se aplazaron, los plazos seguían corriendo. No podía parar", relata.

El caso de Alberto no es aislado. Como él, muchos abogados se ven obligados a seguir trabajando en la redacción de demandas, recursos o escritos de todo tipo a pesar de estar de baja por una enfermedad, días después de haber tenido un hijo, tras haber sufrido un accidente o, incluso, el mismo día en que fallece un familiar. Es el caso de otra letrada, Belén García, que cuenta cómo, cuando falleció su padre, tuvo que redactar un recurso al llegar a casa del hospital. "Se me agotaba el plazo para presentarlo ante el juzgado. No pude hacerlo antes porque estuve a su lado tres días seguidos", recuerda la secretaria general del sindicato de abogados Venia.

Este tipo de situaciones, compartidas por la inmensa mayoría de profesionales, ocurren por un sencillo motivo: la ley lo permite. O, más bien, no lo impide. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla en su artículo 188 la posibilidad de que los abogados suspendan vistas en caso de "muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta o baja de maternidad o paternidad". Sin embargo, no recoge supuestos concretos en los que pueden solicitar la paralización de los plazos procesales. De este modo, a pesar de que se cancele un juicio, los letrados están obligados a respetar los estrictos tiempos para presentar cierta documentación, que a veces son apenas unos días.

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Al no estar regulado, la decisión de interrumpir un plazo corresponde al letrado de la Administración de Justicia (LAJ), que es quien tiene la primera y última palabra. "Te puedes encontrar a LAJ simpáticos y otros que te digan que el tiempo corre. Es algo totalmente discrecional", critica Alberto, para quien abundan más los segundos. "Se quejan de falta de medios, pero la empatía no la conocen. Hay un desapego alucinante", lamenta. La arbitrariedad de los funcionarios, continúa el laboralista, deja a los profesionales de la abogacía en situaciones muy delicadas. "Yo he pasado semanas muy perras después del tratamiento. Que te digan que tienes que seguir haciendo escritos es muy duro. Y no estás preparado para hacerlo, no porque no quieras, sino porque no puedes físicamente", asevera.

La necesidad de cambiar la ley para evitar situaciones sangrantes es, precisamente, una de las grandes reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). En los últimos meses, su presidenta, Victoria Ortega, ha insistido en que la nueva Ley de Eficiencia Procesal —que está ahora en plena tramitación parlamentaria— debe incluir ciertos supuestos para la suspensión de los plazos, como el nacimiento o adopción de un hijo, fallecimiento de familiares o enfermedad del profesional. Por el momento, la norma parece haber quedado paralizada y todo apunta a que no se aprobará este año, si bien la institución ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Justicia para que la maternidad y la paternidad del abogado sean un motivo para detener los tiempos procesales. El resto de supuestos, sin embargo, sigue en el aire.

Derechos fundamentales vs. picaresca de algunos

¿Por qué hay tantas reticencias a regular algo que, a priori, parece tan básico? Teresa García, miembro del comité nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, señala que la suspensión de plazos es una cuestión delicada en el ámbito judicial. "La paralización de los tiempos es algo muy aparatoso, puede generar dilaciones grandes que perjudiquen el proceso", explica la jueza, para quien los aplazamientos de vistas tienen el mismo efecto, aunque en menor medida. Ahora bien, admite que es necesaria una regulación al respecto.

La posibilidad de alargar innecesariamente un procedimiento judicial es, de hecho, uno de los argumentos que esgrimen con mayor frecuencia los tribunales para denegar la suspensión de un plazo o de una vista, e instan al abogado a designar a un compañero para que se encargue de redactar los escritos necesarios y cumplir, de este modo, con los tiempos fijados. "Vemos muchos letrados, especialmente compañeros de despachos, que se sustituyen entre ellos en las vistas, así que hay capacidad de maniobra", indica un juez.

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Para los letrados, sin embargo, el hecho de proponer esta alternativa refleja un desconocimiento de su profesión, en que la relación entre el abogado y el cliente es personalísima. Además, algunos procesos son complejos y no se puede pedir el favor así como así. "Hay asuntos difíciles en que tú tienes el conocimiento del caso. Derivarlo a un compañero no es tan sencillo, además de que puede acabar perjudicando a tu cliente", subraya Alberto.

Por otro lado, muchos magistrados miran con recelo esta posibilidad, al considerar que se puede abrir la puerta a que los abogados utilicen esta vía de forma torticera para retrasar los procedimientos en su favor. "Ya hay quien apura para presentar un escrito al último momento para que la otra parte no tenga tanto tiempo para revisarlo", aseguran.

Los jueces temen que los abogados usen esta vía de forma torticera y retrasen procesos a su favor

Una picaresca que, sin embargo, para la letrada Belén García no justifica la ausencia de regulación. "Es cierto que puede haber abusos, pero de entrada no se pueden impedir derechos que aparecen reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores para cualquier empleado. Además, por esa regla de tres, las empresas también podrían negar ciertos derechos por el riesgo de fraude", argumenta.

Para la jueza de AJFV, la solución consistiría en encontrar un punto medio entre, por un lado, los derechos del abogado y, por el otro, los del resto de intervinientes en el proceso. Por ejemplo, solicitando al letrado que acredite que no hay nadie en el despacho que pueda cubrir ese asunto en concreto o que no esté especializado en la materia. En esta línea se pronuncia Victoria Espejel, encargada de la sección de Defensa del Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). "Hay que guardar un equilibrio entre un proceso sin demasiadas dilaciones y el derecho a la salud. Es cierto que no se puede alargar un proceso dos años solo porque el abogado de una de las partes esté enfermo", confiesa.

En su opinión, los jueces deben ceder y sensibilizarse en algunas cuestiones del día a día de los letrados, pero los profesionales de la abogacía también deben interiorizar que, en algunos supuestos, lo mejor es retirarse del ejercicio, ya que pueden perjudicar a otras partes implicadas o, incluso, a su cliente.