"Soy abogada, voy a dar a luz el día 17 y la jueza no aplaza un juicio previsto para el 19"

María Benito, abogada de 30 años, tiene dos fechas marcadas en su calendario a mediados de enero. Los médicos prevén que dé a luz el próximo día 17 y el 19, menos de cuarenta y ocho horas después, tendría que asistir a los juzgados de Cáceres como letrada.

Ya que paralizar el hecho biológico resulta complicado, María pretende aplazar la cita judicial. Pero la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad, que sustituye a la jueza de menores, no está por la labor de suspender la vista y establecer una nueva fecha. En una providencia, la magistrada trata de evitar que la futura baja, que prevé "de larga duración", dilate la causa, a pesar de que la vista no es especialmente urgente y su instrucción no haya superado los seis meses, un plazo que no es excesivamente largo para la Justicia española.

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Se da la circunstancia de que otro de los cuatro abogados del caso, Antonio, es la pareja de María, por lo que también será padre en cuestión de días. Esta última considera que la decisión de la jueza vulnera claramente sus derechos y los de su cliente, a quien se obliga a buscar otro letrado. Si no lo hace, advierte la jueza, se le asignará uno de oficio.

"Hemos presentado el certificado de matrimonio y un informe del centro de salud con la fecha prevista de mi parto; también hemos recurrido la resolución y solicitado amparo al Colegio de Abogados de Cáceres, para que denieguen sustituirme por uno de oficio", relata María a El Confidencial. "Mi cliente abogada ya tiene", sentencia por teléfono, y ya anuncia una queja ante instancias superiores y ante el Consejo General de la Abogacía Española.

Ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), norma que regula los procesos penales, como el presente, ni la normativa específica sobre juicios a menores contemplan la maternidad como motivo para solicitar la suspensión de un juicio. La LECrim sí lo hace con las enfermedades, ya que incluye la posibilidad de "que el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado el último sin grave inconveniente para la defensa del interesado".

La norma que regla los procesos civiles sí estipula que las "bajas por maternidad o paternidad" de los abogados son motivo suficiente; permiso del que María y Antonio aún no disfrutan y que la condición de autónomo de ambos, además, dificulta. No obstante, según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, la Ley de Enjuiciamiento Civil "tiene carácter supletorio", es decir: puede recurrirse a ella cuando la regulación procesal penal no recoja de manera explícita un aspecto concreto, como ahora sucede.

"Lo curioso —resalta María— es que la jueza podría negarse en base a todo lo anterior [citar la inexistencia de este supuesto en la LECrim, por ejemplo], pero la providencia habla de evitar retrasos en la Administración de Justicia".

La fecha prevista para el parto, reconoce la futura madre, "no es una ciencia exacta" y puede retrasarse. "Pero, aunque fuese el día 23, no creo que el día 19 esté en condiciones de asistir", remata. Ante tal situación, su cliente ya le ha comunicado que no contratará otra defensa —"tener que pedirle a alguien que por favor no busque otro abogado es angustioso", se queja María— y le ha anunciado su apoyo.

También lo ha recibido de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), agrupación de varias federaciones de letrados noveles de España, que ha emitido un comunicado en el que constata su "asombro" por lo que considera un "atropello" que "atenta frontalmente contra los principios fundamentales", entre ellos, a la defensa y a nombrar libremente un abogado; y de Adefensa, una plataforma de abogados cacereños, que muestra su "repulsa" ante los hechos.

María se remite también la actual Ley de Igualdad, en vigor desde 2007, que considera "discriminación directa por razón de sexo" aquellos perjuicios ocasionados a las mujeres a raíz de su embarazo o maternidad, obliga a los poderes públicos a intervenir para proteger a las trabajadoras de los efectos derivados de la gestación, el parto y la lactancia e insta a la conciliación entre trabajo y vida familiar. Además, en enero de este año, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Consejo de la Abogacía Catalana y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) publicaron, con aval del Consejo General del Poder Judicial, un protocolo, solo aplicable a Cataluña, que incluía la baja por maternidad, e incluso el periodo de reposo tras una intervención de fertilidad asistida, como causa de suspensión de actos judiciales.

Ahora, María y Antonio pretenden elevar su queja hasta el ministerio que encabeza Irene Montero, a fin de visibilizar este "agujero" en la legislación, que, según comentan ambos, provoca de manera muy habitual complicaciones a los letrados, especialmente si quien luce la toga de abogado es una mujer.