La insensibilidad de un juzgado con un abogado hospitalizado: "No tienen respeto"

El pasado 27 de mayo, el abogado catalán Pere Vidal recibió un escrito de un juzgado de Zaragoza: su petición para suspender un juicio, con fecha para el próximo 7 de junio, había sido denegada. Vidal lo solicitó porque estaba hospitalizado después de haber sufrido un grave accidente a principios de mayo. La caída, con un patinete eléctrico, casi le cuesta una pierna, pero tras varias operaciones —"de momento llevo tres, la última fueron seis horas de quirófano", concreta— parece que podrá recuperarse. Tras la caída, pasó tres semanas en el hospital completamente sedado. Ahora ya no toma tantos calmantes, pero sigue sin poder moverse de la cama. Una situación que, sin embargo, no justifica el aplazamiento de la vista, según la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado.

En el escrito, la funcionaria ignoró la baja médica de larga duración que aportó Vidal e indicó que en el poder del pleito figuraban más abogados, "por lo que puede acudir a juicio cualquiera de los relacionados en dicho documento", subrayó. Es decir, que podría suplirle alguno de sus compañeros de despacho. Una resolución que, para Vidal, muestra una falta de respeto y humanidad para los profesionales de la abogacía, además de un "absoluto desconocimiento" del oficio. "En nuestro trabajo, el cliente quiere que sea su letrado quien lleve el juicio, no cualquier tercero. Además, los pleitos hay que prepararlos. Pero la LAJ no parece ser consciente. El mensaje que lanza es que para lo que hace el abogado, que venga cualquiera", lamenta.

El de Vidal no es un caso aislado. Como él, muchos profesionales se enfrentan a negativas por parte del juzgado cuando piden una suspensión o un aplazamiento de un juicio por estar de baja médica. "Es el pan de cada día. Les pasa sobre todo a compañeras embarazadas", afea. Algo llamativo, teniendo en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite cancelar vistas en caso de muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado.

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Ahora bien, la normativa incluye una coletilla, y es que las causas "deben estar suficientemente justificadas a juicio del LAJ". Es decir, que la última palabra la tiene en todo caso este funcionario, que puede mantener un juicio si considera que la presencia del abogado no es indispensable. A este matiz legal se le une una sentencia del Tribunal Supremo de 2015, en la que determinó que no es necesario suspender una vista en caso de que al letrado de alguna de las partes le coincida con otro juicio si en el poder de los pleitos aparecían otros profesionales.

Y son precisamente estos dos elementos a los que se agarra la funcionaria del juzgado zaragozano para denegar aplazar la vista de Vidal, actualmente prevista para el 7 de junio. "Tendrá que ir una compañera, lo estamos gestionando estos días desde el hospital con la carga de preocupación y estrés que eso genera", subraya el abogado.

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Consciente de este problema, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) solicitó a principios de mayo un cambio normativo a los diferentes grupos políticos para eliminar esa coletilla por la que el poder último de decisión queda en manos de los LAJ. En su enmienda, pide que el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en trámite parlamentario, contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como causa para la suspensión de vistas y procedimientos "cuando el profesional, por enfermedad o accidente, requiera hospitalización y mientras dure esa situación y, en caso de baja médica sin hospitalización, hasta que reciba el alta, o por razones de salud pública mientras dure la situación".

Abogados vs. LAJ

El caso de Vidal ha generado cierta agitación en redes sociales, provocando un enfrentamiento entre profesionales del derecho. Por un lado, los abogados, que utilizan este ejemplo para poner de manifiesto el trato injusto y falto de empatía que muchas veces reciben en las sedes judiciales. Asimismo, critican la mentalidad de muchos funcionarios de Justicia, que ven a los abogados como "cromos a intercambiar" o "bienes fungibles" y no conocen o valoran su trabajo.

Sobre el hecho de incluir más letrados dentro del poder de un pleito, explican que es una práctica habitual en litigios que tocan varias áreas o para poder asegurar que el cliente no se ve indefenso en caso de que la vista coincida con otra, pero "no se hace para que el juzgado decida quién va". Además, recuerdan que muchos asuntos llevan meses de estudio y de preparación, por lo que no es tan fácil traspasarlos a un compañero de la noche a la mañana. Por otro lado, varios LAJ (junto con algún que otro juez e incluso abogado) han criticado esta actitud.