Un sindicato demanda a la AP de Madrid por obligar a un abogado de baja a ir a juicio

El sindicato de abogados Venia ha presentado una demanda contra la Audiencia Provincial (AP) de Madrid por haber negado la suspensión de un juicio a un abogado que estaba de baja médica. En la demanda, a la que ha tenido acceso El Confidencial, la agrupación pide que se declare nulo el acuerdo del presidente del tribunal madrileño de mantener la vista y se reconozca el derecho del letrado afectado a estar de baja "en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores públicos o privados".

En su escrito, la organización alega que, con esta decisión, se vulneran varios derechos fundamentales de los letrados, como el de la intimidad y la salud, además de infringirse algunos artículos de la Ley General de la Seguridad Social, que prohíbe a los trabajadores que están en situación de baja desarrollar labores profesionales so pena de cometer un fraude. Al negar una suspensión de una vista, el sindicato entiende que los tribunales fuerzan a los abogados a cometer ilegalidades, además de empeorar su salud.

Según explican desde Venia, el conflicto surgió tras la petición de suspensión de una vista ante la AP de Madrid. El abogado, Ángel Múñiz, presentó su parte de baja médica como justificación de la solicitud, pero el tribunal le exigió que aportase documentación "que especifique la dolencia o enfermedad que padece el señor letrado y sus consecuencias que le impidan la asistencia al juicio". El letrado se negó a facilitar esos datos, por lo que la AP emitió un informe médico forense en base a la información presentada en primer lugar, que se limitaba a informar que la baja se debía a un dolor de espalda.

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En un escueto escrito, el médico señalaba que, a falta de más datos, el dolor de espalda "puede ser una patología incapacitante en determinados tipos de trabajo, fundamentalmente de carácter físico". La asistencia a juicio, sin embargo, "no implica ningún tipo de sobreesfuerzo que impida acudir, ya que una cosa es ir a trabajar y otra es acudir a un lugar en el que se va a estar sentado". Por último, concluye diciendo que, si bien el dolor de espalda puede impedir trabajar al abogado, "no tiene la envergadura suficiente como para impedirle acudir a las sesiones de juicio oral".

Ante esto, el abogado acabó por presentar documentación médica más extensa que acreditaba su incapacidad para moverse, y el juicio fue suspendido. No contento con ello, el sindicato presentó una queja ante el presidente de la AP de Madrid alegando que la exigencia de la Sala de aportar un informe médico detallado supone una vulneración a la intimidad de sus datos médicos, dotados de especial protección según las leyes de privacidad. Además, instó al presidente a que adoptara las "medidas necesarias encaminadas a garantizar el derecho de los abogados trabajadores a recuperar su salud, debiendo suspenderse el procedimiento en que estuvieran personados, hasta su total recuperación".

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La Sala de Gobierno del tribunal, sin embargo, archivó la queja alegando que, cuando la solicitud de suspensión tiene consecuencias muy negativas para el buen desarrollo del proceso, "el tribunal está obligado a verificar que el defensor no puede formar parte en el juicio en la fecha de su señalamiento, y asegurarse de que la causa de suspensión invocada con base al informe de baja es real y existente".

Actuación "más propia de sistemas dictatoriales"

En la demanda, Venia defiende que requerir informes médicos complementarios para evaluar la dolencia de un letrado que pide la suspensión porque está de baja supone una vulneración de varios derechos fundamentales, como de la intimidad, la integridad y dignidad humana. Recuerda que, al hacer esta exigencia, los datos médicos del letrado quedan a merced de terceros no autorizados, que tendrían acceso al expediente sanitario.

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Asimismo, subrayan que se trata de una petición excesiva, sobre todo teniendo en cuenta que los datos relativos a la salud gozan de un carácter especialmente protegido y solo pueden prestarse bajo varias condiciones. "La incorporación a autos de los informes médicos como exigencia del tribunal para poder suspender el acto de la vista del juicio oral vulneran tanto los derechos del letrado como la finalidad y el espíritu de las disposiciones de la Ley de Protección de datos de carácter personal, en una actuación más propia de sistemas dictatoriales que de un Estado social y democrático de Derecho", aseveran en la demanda.

En la misma línea, recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite la suspensión de vistas en caso de enfermedad del letrado, integrante de tribunal o fiscal, sin necesidad de aportación de informes médicos. "A mi mandante se le exige injustificadamente, con claro abuso de Derecho y de la posición procesal que ostenta frente al Juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, información complementaria en la que conste antecedentes y patologías médicas, sin base legal y contraviniendo los derechos fundamentales y disposiciones normativas aplicables respecto al tratamiento de los datos de carácter reservado como son los datos médicos", critican.

Por último, critican la decisión del magistrado, que califican de "arbitraria", y agregan que supone una discriminación para los profesionales de la abogacía, ya que "si hubiera sido el caso de que algún magistrado o el fiscal se encontraran en situación de incapacidad laboral transitoria, no se le habrían pedido los mismos documentos e informes médicos", afean.