La batalla entre jueces y abogados por la suspensión de juicios por covid se enquista

A la nunca fácil relación entre jueces y abogados, se ha añadido un nuevo foco de tensión: las incidencias ocasionadas por el covid. En los últimos meses, se han hecho públicos algunos episodios que revelan que no en todos los procedimientos en los que un letrado se ve afectado por el virus (ya sea directamente o porque lo ha contraído alguien de su entorno) los magistrados están facilitando las cosas.

Ejemplo de ello es el recurso de apelación resuelto por la Audiencia Provincial (AP) de Valencia a finales de diciembre. El tribunal declaró nula una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Alzira en marzo, justo antes del cierre de los órganos jurisdiccionales, porque el caso había sido juzgado en ausencia del abogado de una de las partes. El letrado había solicitado la suspensión de la vista porque la tarde anterior a su celebración (el 4 de marzo), su esposa había ingresado en el hospital con síntomas compatibles con el covid. Los médicos ordenaron al profesional que permaneciera aislado, sin embargo, el juez no encontró que la ausencia fuera justificada y celebró el juicio sin su presencia.

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Tras estudiar el recurso, la AP de Valencia estimó la impugnación del letrado entendiendo “sobradamente justificada” su ausencia con los certificados médicos aportados, en unas fechas en las que ya “era notoria la expansión del brote epidémico”. E, incluso, la sala reprocha al juez que negara la suspensión por no ser el letrado la persona enferma, lo que supone “desconocer las normas de seguridad sanitaria (ampliamente difundidas)”. A juicio del tribunal, concurría causa para suspender el acto y al no haberla adoptado, se causó “evidente indefensión” a la parte recurrente.

Agustín Ferrer, decano de Alzira: "Algunos jueces responden: 'Que venga un compañero"

“Lo que no puede ser es que suspender o no sea una decisión personal del juez”, lamenta Agustín Ferrer, decano del Colegio de Abogados de Alzira y presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA). Ferrer admite que, con el paso de los meses y el recrudecimiento de la pandemia, la sensibilización de los magistrados ha aumentado. “Pero aún queda alguno de los que te dicen que tienes que ir, y tienes que ir, o que responde: ‘Que venga un compañero’. ¡Pero si el trato con el letrado es personalísimo!”, argumenta.

Protocolos

Precisamente, “que venga un compañero” es lo que vino a responder el Juzgado de Primera Instancia n.º 91 de Madrid a un letrado en un juicio previsto hace unos tres meses, según la anécdota que narró Jaime Concheiro, socio director de CCS Abogados, en su cuenta personal de LinkedIn. Tal y como se describe, el abogado solicitó la suspensión por haber dado positivo por covid-19. Sin embargo, el juez respondió denegándola, argumentando que su despacho “cuenta con un gran número de abogados y el letrado que pide la suspensión no es el que firma la contestación a la demanda”.

Para sorpresa de todos, el día de la vista, el letrado contagiado (que no es identificado en el ‘post’) apareció en la sala, armándose un gran revuelo y llegando a ser detenido, como indica Concheiro. En ese momento, su contraparte, Ignacio Menéndez, de CCS, solicitó la suspensión del juicio.

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Para acabar con situaciones como esta, que Ferrer describe como de “total imprevisión” (y que periódicamente provocan encendidas polémicas en las redes sociales), los colegios y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presionan desde hace meses para que se aprueben protocolos que establezcan una serie de pautas en forma de recomendaciones sobre en qué casos deben los jueces suspender. “Llevamos meses intentando que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dé el visto bueno a un protocolo, pero no hay manera”, lamenta el decano de Alzira y presidente del CVCA.

Desde el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), describen una situación similar. El pasado 14 de diciembre, la Junta de Gobierno aprobó un protocolo que fue remitido el día 30 del mismo mes al TSJ de Madrid. De momento, según indican desde la institución, sin respuesta.

El texto, a cuyo contenido ha tenido acceso El Confidencial, solicita a la sala de gobierno del tribunal que adopte tres recomendaciones. La primera es habilitar que los letrados afectados por alguna incidencia relacionada con el covid puedan solicitar la celebración de vistas o actuaciones telemáticas. La segunda es que se entienda como causa de suspensión justificada el confinamiento del abogado por tener un familiar conviviente contagiado por el virus. Y la tercera, que sea motivo válido, asimismo, tener que permanecer al cuidado de un menor o un mayor que debe hacer cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con un positivo.

Ángela Cerrillos, presidenta de la Comisión de Igualdad del ICAM, reflexiona que “lo ideal sería una reforma legal, pero mientras esta no se produzca, intentamos que se hagan llegar a los jueces recomendaciones para que sean más permeables a algunas situaciones que se producen”. Una visión que completa Victoria Espejel, directora del área de Defensa de la Abogacía del Colegio de Abogados. “Se ven algunos casos sangrantes. Lo que no puede ser es que la situación quede enteramente al arbitrio del juez”, expone.

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El departamento que dirige Espejel, cuando un letrado les comunica que un órgano judicial no está siendo flexible en la suspensión, se pone en contacto con el juzgado o tribunal para tratar de alcanzar una solución adecuada. “Con mediación, acabamos solucionando la mayoría de conflictos”, subraya. En 2020, Defensa de la Abogacía del ICAM tuvo que actuar en 64 casos vinculados con suspensiones, un 8% más que el año anterior.

El CGPJ, en contra; Justicia no se moja

De momento, la única región donde la Abogacía ha logrado cerrar un compromiso con esta cuestión es Asturias. En noviembre, el TSJ acordó entender que el hecho de que un letrado no pudiera asistir a una vista o diligencia por estar en cuarentena preventiva, o tener que cuidar a algún familiar que lo está, encaja en el 188.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). En el resto, las peticiones han caído en saco roto.

Tampoco el CGAE ha logrado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestre cierta flexibilidad en este sentido. En noviembre, su presidenta, Victoria Ortega, remitió al órgano de gobierno de los jueces que enviara a juzgados y tribunales una instrucción en la línea de lo establecido por el TSJ de Asturias, pero con poco éxito. “La suspensión de los juicios es una cuestión jurisdiccional en la que el CGPJ no puede entrar. Solo la pueden acordar los jueces y magistrados atendiendo a las circunstancias del caso”, responden fuentes del organismo a El Confidencial sobre la propuesta de Ortega.

"La suspensión solo puede acordarla el juez", responde el Consejo General del Poder Judicial

“El covid-19 va para largo, no es una situación provisional, por lo que esta situación debería regularse y no que dependa de cada juez”, protestan desde el CGAE, en donde se sospecha que los órganos judiciales no quieren quedar en evidencia dando una instrucción que después los jueces incumplan.

En paralelo a la petición al CGPJ, Ortega remitió otra al Ministerio de Justicia solicitando la modificación de la regulación de las causas de suspensión de las vistas contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). “Conocemos el documento y lo veremos en próximas semanas en el grupo de trabajo que tenemos con abogados, procuradores y graduados sociales”, responden fuentes del departamento de Juan Carlos Campo. En la Abogacía, sin embargo, no confían mucho en que esta cuestión esté en la agenda del ministro. “Siempre dice que lo estudiará, pero los hechos demuestran que sus prioridades son otras”, responden desde el Consejo.

La visión de los jueces

El artículo 188.5 de la LEC determina que la celebración de vistas “solo podrá suspenderse” por “muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta, o baja por maternidad o paternidad del abogado”, eso sí, “justificada suficientemente, a juicio del letrado de la Administración de Justicia”. El artículo 183, que regula la solicitud de nuevo señalamiento, exige acreditar “causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad” para poder tramitarla. La decisión final, por tanto, queda en manos del órgano judicial.

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En la Abogacía institucional, muchos opinan que no se quiere establecer el automatismo de la suspensión cuando concurran circunstancias vinculadas con el covid porque muchos jueces no quieren perder el pleno dominio sobre la gestión de los asuntos. “Los juzgados son reinos de taifas y ahí nadie se atreve a meter mano”, describe un cargo que encuentra poco razonable que no se discuta el aplazamiento si la incidencia la sufren magistrados o fiscales, pero sí cuando esta afecta a los letrados.

El punto de vista de los jueces es muy distinto. “Obviamente, hay excepciones, pero la mayoría de magistrados actúan de forma razonable”, expone María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, que incide en la enorme presión que tienen muchos de sus compañeros para poner al día los asuntos de su juzgado, y más tras el cierre durante el estado de alarma. Circunstancia que puede estar empujando a algunos a no facilitar los aplazamientos. “Nuestra vocación siempre será la de celebrar el acto procesal. Hay que tener en cuenta que no solo hay un abogado; también están la otra parte, testigos, peritos, etc. Los motivos están tasados por ley y si un letrado no está de acuerdo con la negativa a suspender, tiene derecho a recurrir”.

Del Barco, que admite que la ley podría mejorarse en lo relativo a la conciliación, también advierte de que flexibilizar demasiado la suspensión podría facilitar su uso como una treta procesal. Somos el país de la picaresca. “En todo caso, lo que no se puede es sorber y soplar”, concluye, “porque leo quejas porque no se facilita la suspensión y, a la vez, porque se fijan vistas para 2023”. Todo indica que este será un conflicto sin solución con el que la Justicia tendrá que convivir. Otro más.