La jueza vuelve a negarse a aplazar un juicio por el embarazo de una abogada de Cáceres

La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha vuelto a denegar el aplazamiento de un juicio previsto para este martes 19. Una de las letradas —entonces, embarazada; hoy, ya madre— solicitó el pasado diciembre a la magistrada la suspensión, pero esta se negó, tratando de evitar que la futura baja, que preveía "de larga duración", dilatase una causa en la que hay menores implicados, a los que ordenó buscar una nueva defensa o se les asignaría una de oficio.

La abogada, María Benito, y su pareja, Antonio, también parte del mismo proceso como letrado, recurrieron la decisión de la jueza. La Fiscalía, sin embargo, niega que haya habido vulneración del derecho de defensa y ha solicitado la desestimación de esta petición. Por ello, la magistrada de lo Penal, que sustituye temporalmente a la de menores, ha reiterado su postura.

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"Interesan los recurrentes la suspensión basándose en una baja por maternidad, sin que se haya producido el hecho determinante de la misma", expone el ministerio público. Un "hecho determinante" —el nacimiento del bebé— que no había ocurrido cuando los futuros padres formalizaron su oposición al dictamen de la magistrada. Pero que sí ha ocurrido ahora... a escasas horas del juicio. Este martes, ni María ni su marido podrán acudir a los juzgados de Cáceres.

Pueden interponer otro recurso —de apelación, en este caso, ante la Audiencia Provincial— que, ante la inminencia de la vista, ambos consideran inútil. "La resolución ha tardado 25 días, dejándonos sin plazo para apelar", expone Antonio. "Nuestros clientes nos contaron que les habían telefoneado para decirles que el juicio seguía en pie para el martes y el resto de las defensas nos dijeron que habían recibido la desestimación del recurso. Así es como nosotros conocemos la notificación. Nosotros todavía no hemos abierto LexNet (el sistema telemático de notificaciones judiciales); María y yo estamos en el hospital desde el viernes", añade.

En un auto, fechado el pasado día 15 de enero —un mes después de su primera negativa—, la magistrada expone que no haber suspendido la vista "no vulnera precepto legal alguno" y explica que la petición de María y Antonio no recoge "ninguna de las causas de suspensión establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)", que no incluye la baja por maternidad entre estos supuestos. Según el auto, "no es suficiente que, tal y como ellos mismos refieren, vayan a encontrarse de baja por maternidad/paternidad" en la fecha prevista, el martes 19.

La jueza lo rechaza al ser una causa con menores, no contar con la baja cuando se reclamó la suspensión y no estar contemplado en la LECrim

La LECrim sí incluye a las enfermedades en la lista de motivos para posponer un juicio, considerando la posibilidad de "que el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte ni pueda ser reemplazado el último sin grave inconveniente para la defensa del interesado". La norma sobre los procesos con menores tampoco recoge la maternidad en los supuestos para aplazar un acto judicial.

No obstante, la Ley de Enjuiciamiento Civil —a la que puede recurrirse supletoriamente, es decir, cuando otra norma no es tan específica— estipula que las "bajas por maternidad o paternidad" de los abogados son motivo suficiente para cancelar; pero se trata de un permiso del que María y Antonio no disfrutaban cuando interpusieron su solicitud. Ambos denunciaron entonces a este diario un "agujero" en la legislación que desampara a los letrados en situaciones como estas y merma su conciliación familiar.

Según añade la juez en el auto, al tratarse de una causa con menores implicados, su tramitación es "preferente, dada la naturaleza de las medidas que es posible que se tenga que imponer a estos". En su opinión, "deben adoptarse criterios especialmente restrictivos a la hora de acordar suspensiones" y un "prolongado periodo de tiempo de ausencia de los letrados" puede perjudicar el interés de los defendidos.

"Vulneración de derechos"

Al recurrir, María expresó a este periódico su oposición a lo que consideraba una clara vulneración de sus derechos como letrada y de los de su cliente, a quien se obligaba a buscar otro abogado. Recibió el apoyo de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), agrupación de varias federaciones de letrados noveles de España, que emitió un comunicado en el que constataba su "asombro" por un "atropello" que "atenta frontalmente contra los principios fundamentales", entre ellos, a la defensa y a nombrar libremente un abogado. También, el de Adefensa, una plataforma cacereña, que mostró su "repulsa" ante los hechos, así como el de Victoria Ortega, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y el de Marga Cerro, que encabeza su Comisión de Igualdad.

En opinión de Antonio, la providencia discriminaba a su pareja y "vulneraba" la tutela judicial efectiva

Como explica ahora Antonio a El Confidencial, tras el nacimiento de su hijo, "ya sí tenemos el justificante de paternidad para pedir que se suspenda el juicio", como es probable que ocurra en unas horas. "Pero lo que pretendíamos evitar era lo que al final ha pasado: que no se conceda el aplazamiento que pedimos y que, al final, María, que acaba de dar a luz, no pueda ir". En su opinión, la providencia de la jueza discriminaba a su pareja y "vulneraba" la tutela judicial efectiva, al "limitar" la libre designación de un abogado al cliente de Benito, que manifestó su apoyo al matrimonio.

La jueza, añade Antonio, "puede negarse en base a la LECrim, pero podría haber aplicado a este caso, por analogía, la Ley de Enjuiciamiento Civil y promover así que estos derechos se legislen". En otras comunidades autónomas, como Cataluña, existen protocolos que, con el aval del Consejo General del Poder Judicial, contemplan la suspensión de vistas por bajas de maternidad y paternidad e incluso debido a los periodos de reposo recomendados tras someterse a una intervención de fertilidad asistida.