El juez español ve indicios de monopolio abusivo de FIFA y UEFA con la Superliga

Manuel Ruiz de Lara, juez titular del Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid, está a punto de poner en jaque —veremos si mate— el modelo del fútbol tal y como lo conocemos hasta ahora. En el auto remitido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en el marco de la demanda interpuesta por la Superliga contra la FIFA y la UEFA, el magistrado pide al máximo órgano jurisdiccional europeo que determine si las reglas de funcionamiento de ambos organismos constituyen un monopolio que contraviene la normativa comunitaria y, además, si existe por su parte abuso de posición de dominio, una práctica que atenta contra la libre competencia. Si el TJUE confirma los "indicios" que detecta el juez español, el sistema de competiciones y de explotación de los derechos televisivos del 'deporte rey' saltará por los aires.

En las 32 páginas del auto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Confidencial, Ruiz de Lara expone que hay señales de que los reglamentos de FIFA y UEFA vulneran la normativa y jurisprudencia europeas en materia de competencia. En concreto, los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que prohíben, respectivamente, las prácticas destinadas a impedir, restringir o falsear la competencia, y el abuso de posición dominante. Y, en consecuencia, el magistrado plantea seis cuestiones prejudiciales tan concretas y específicas que, 'de facto', van a obligar al TJUE a pronunciarse a favor o en contra del modelo de fútbol vigente —la redacción de las seis preguntas fue avanzado por Confilegal el pasado martes—.

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El auto —que casi parece una sentencia— desarrolla con exhaustividad los indicios de monopolio y abuso de dominio, y centra la problemática en dos cuestiones. En primer lugar, en la potestad de FIFA y UEFA para autorizar o prohibir competiciones. Y, en segundo término, en la titularidad de los derechos de imagen. Según el juez, el reglamento de ambos organismos y la respuesta dada tras el anuncio de la creación de la Superliga por parte de 12 clubes europeos (entre ellos, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid) permiten observar que se "impide la existencia de una libre competencia en el mercado de las competiciones de fútbol profesional a nivel europeo".

El hecho de que la FIFA y la UEFA se arroguen la competencia exclusiva de organizar o reconocer todas las competiciones futbolísticas —ostentando, además, la capacidad de sancionar a quien cuestione esta potestad— podría, según el juez, constituir una posición de dominio en un mercado relevante de la que ambos organismos "podrían haber abusado". ¿En qué consiste dicho abuso? El auto explica que este se materializa en la aplicación de los estatutos de FIFA y UEFA que somete a autorización la creación de competiciones alternativas a las que ellos mismos organizan, pudiendo adoptar medidas disciplinarias contra los clubes que no se sometan a dicha aprobación.

Se cuestiona que la autorización de FIFA y UEFA no esté sometida a un "proceso objetivo y transparente", sino solo a su "poder discrecional"

"La autorización previa no está sometida a ningún tipo de límite, ni canon ni procedimiento objetivo y transparente, sino al poder discrecional de sendos organismos privados que, a razón del monopolio en la organización de las competiciones y la gestión en exclusividad de rendimientos económicos derivados de dichas competiciones deportivas, tienen un interés claro en la denegación o autorización de las mencionadas competiciones", señala la resolución. Así, al ser la UEFA y la FIFA 'juez y parte' al pronunciarse sobre los torneos, el magistrado infiere "indicios respecto de la existencia de un evidente conflicto de interés". Como recuerda, la jurisprudencia europea no impide que un organismo privado tenga competencias en materia de organización de competiciones, pero sí le impone que dicha función normativa esté sujeta a límites, obligaciones y control "para evitar que la persona jurídica de que se trate pueda falsear la competencia", debiendo, en cambio, garantizar la "igualdad de oportunidades".

De este modo, cuando la FIFA y la UEFA han anunciado sanciones para los clubes organizadores de la Superliga, el juez entiende que pueden estar imponiendo "restricciones injustificadas y desproporcionadas" que tengan como consecuencia la limitación de la competencia en el mercado interior.

Derechos televisivos

El segundo gran caballo de batalla que plantea Ruiz de Lara es la gestión de los derechos televisivos, cuya explotación tienen atribuida FIFA y UEFA "de manera absoluta y sin límite temporal alguno". De este punto, el juez también infiere abuso de posición de dominio, pues se "obliga a los clubes a ceder los derechos comerciales de las competiciones deportivas en las que participan, atribuyéndose la condición de propietarios originales". Ello porque, según razona, se está restringiendo de forma "parcial e injustificada" la posibilidad de que potenciales competidores como los clubes de fútbol puedan organizar torneos alternativos y explotar los derechos de imagen de los mismos.

Todos estos conflictos, además, se producen en dos organismos cuyos procedimientos internos no son transparentes, ni basados en criterios objetivos o de interés general, advierte el auto. Al revés, al carecer de procesos de este tipo, "se abre la posibilidad de que brote una absoluta parcialidad y arbitrariedad en la denegación de la autorización para organizar competiciones de fútbol". Una "ausencia absoluta de seguridad jurídica", remata Ruiz de Lara, "que no parece muy acorde con un Estado de derecho y que podría colisionar con la libre competencia". Asimismo, en relación con los derechos económicos, el auto cuestiona que UEFA y FIFA sean "legislador y parte de dicha regulación", lo que les permite actuar "con un poder normativo ausente de cualquier tipo de control".

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C. H.

Finamente, el juez remata cuestionando el omnímodo poder sancionador de ambos organismos, especialmente su capacidad de expulsar de las competiciones nacionales a clubes y deportistas. Una medida que provoca "un evidente efecto disuasorio para la articulación de cualquier iniciativa deportiva" al margen de FIFA y UEFA y que, además, carece de cualquier "ponderación o proporcionalidad".

Por todo ello, Ruiz de Lara solicita al TJUE que resuelva la cuestión prejudicial por el procedimiento acelerado y suspende el proceso llevado a cabo en España mientras el tribunal comunitario resuelve las seis preguntas planteadas. El futuro del fútbol está en manos de los jueces europeos.