El Gobierno da la espalda a los inquilinos 'desahuciados' por los fondos en la trama de la Iglesia

El pasado viernes, Mónica Sevil, abogada de los inquilinos de Fusara, una de las fundaciones que están siendo investigadas por la presunta existencia de una trama organizada para expoliar su patrimonio, envió un correo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, solicitándole una reunión.

En el mail, le pedía expresamente "ayuda para proteger a los vecinos de los inmuebles a los que pretenden desahuciar" y le recordaba que, "como patrono nato, puede sostener la acusación particular en defensa de la acusación".

Sevil, que actúa como acusación popular en la causa que investiga la venta de 14 edificios de Fusara a un entramado societario tras el que están los fondos Castlelake y Ares, buscó el apoyo del Gobierno tras el cambio en la dirección letrada de la fundación, que acaba de ponerse en manos del bufete Baker McKenzie, y las negociaciones que está habiendo para llegar a un acuerdo extrajudicial de venta de las viviendas.

Fusara es una fundación con más de 100 años de historia que tiene como patronos natos al arzobispo de Madrid, al alcalde de la capital, al delegado del Gobierno, al decano del Tribunal Supremo de la Rota y a los párrocos de las parroquias donde radiquen los colegios Santamarca y San Ramón y San Antonio.

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En estas dos entidades educativas existen sendas residencias donde se atiende a más de 100 niñas de familias necesitadas, cuya manutención se sufraga con los alquileres de los 14 edificios de viviendas, rentas que ahora está cobrando el entramado societario de los fondos, lo que pone en jaque no solo el futuro de los inquilinos, sino también de estas niñas.

Tres días después de recibir el correo de Sevil, el pasado lunes 18 de diciembre, el delegado del Gobierno respondió a la representante de la acusación popular que no era miembro del patronato, al no haber aceptado el nombramiento, pero la "emplazó a concertar una fecha y hora en los próximos días". Guante que la abogada cogió inmediatamente, poniéndose a su disposición el día y a la hora que quisiera.

La sorpresa de Sevil fue mayúscula cuando, ayer por la tarde, se enteró por este periódico de que Delegación de Gobierno, ese mismo lunes 18, había llamado a Fusara para comunicar su decisión de dejar de ser patrono nato. Esta decisión va un paso más allá de no aceptar el nombramiento, ya que supone despreocuparse para siempre del futuro de los colegios y de los inquilinos. Además de renunciar a la posibilidad de emprender cualquier tipo de acusación particular.

"Cuando los vecinos llaman pidiendo ayuda, la Delegación de Gobierno responde quitándose de en medio. Tanto que esta va a ser la legislación de la vivienda, ¿qué legislación de la vivienda?, ¡es la legislación de los fondos!", se lamenta Sevil, que también pidió hace dos semanas una reunión con el arzobispo de Madrid, José Cobo, petición que sigue esperando respuesta.

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Quien sí se ha sentado con la abogada ha sido Jesús Santos, el penalista de Baker que ha tomado la representación de Fusara. Su nombramiento, aunque formalmente procede de la fundación, en esencia responde a una decisión de la Iglesia, ya que sus patronos son los únicos que están defendiendo a Fusara, tras las espantadas del Ayuntamiento de Madrid, que sigue sin aceptar el cargo, aunque no ha renunciado a su condición de patrono nato, y de la Delegación del Gobierno, que sí ha optado por romper definitivamente con la fundación.

Desde Delegación de Gobierno, reconocen haber tomado la decisión de salir del patronato, aunque puntualizan que aún deben formalizarla por escrito, y tratan de justificarla diciendo que "la persona que ostenta el cargo no tiene que formar parte de ningún patronato ni órgano de entidades privadas ajenas a la gestión de cualquier servicio público".

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Esta afirmación choca frontalmente con el hecho de que tanto el colegio Santamarca como San Ramón y San Antonio son colegios concertados que se sufragan con fondos públicos y que, por tanto, cumplen un claro servicio público educativo. Además de acoger las citadas residencias para niñas de familias necesitadas.

También choca la afirmación de que, "como Delegación de Gobierno de Madrid, podremos recibir a las familias con más fuerza que a título particular dentro de ningún patronato", cuando tanto Sevil como el centenar de inquilinos que viven en los edificios de Fusara siguen esperando que Francisco Martín Aguirre les dé una fecha para la prometida reunión.