A subasta varios activos de una sociedad vinculada Marjaliza, cerebro de la Púnica

El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en la macrocausa de corrupción Púnica y uno de los presuntos cerebros de la trama, ha sido embargado.

El que fuera socio del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Francisco Granados, ha visto cómo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Parla ha convocado la subasta de dos fincas situadas en Pinto, propiedad de la sociedad Servicios Logísticos Patrimonio Integral 2008, a la que aparecen vinculados David Marjaliza y Arauna Corporación y Consulting, sociedad administrada también por Marjaliza y propiedad al 100% del empresario, tal y como consta en el Registro Mercantil.

El goteo de embargos y subastas judiciales de propiedades de imputados y condenados por las tramas Púnica y Gürtel ha sido constante

Una subasta instada por la entidad de crédito Cref Tas Desgignated Activity Company, quien reclama a esta sociedad 326.248,36 euros. Ambos activos, situados en la calle Pablo Picasso, en Pinto, están valoradas en 185.572,34 euros, cada una. Dos oficinas de algo más de 100 metros cuadrados, situadas en la planta baja de un edificio.

El de Marjaliza es el último de los nombres que se han visto salpicados por un embargo y una subasta judicial de activos de su propiedad o de sus sociedades para hacer frente a sus deudas con Hacienda o con otro tipo de acreedores como Sareb, entidades financieras... hasta fondos buitre.

David Marjaliza, Alberto López Viejo, José Luis Ulibarri, Ramón Cid Sicluna... Todos estos nombres aparecen vinculados a dos de las mayores tramas de corrupción vinculadas a empresarios, funcionarios y altos cargos políticos del Partido Popular: Púnica y Gürtel.

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Y, desde hace un par de años, han sido varias las propiedades de los imputados y condenados por ambas tramas que han salido a subasta pública con el objetivo de saldar deudas. Sin ir más lejos, la semana pasada, un fondo buitre instaba la subasta de tres fincas con olivos y viñas en Almonte (Huelva), propiedad de Antonio Pardal Reyes, abuelo materno de la actriz Adriana Ugarte. Un empresario andaluz implicado, presuntamente, en la trama Púnica.

Púnica, Gürtel...

Otro ejemplo. A principios año, la Agencia Tributaria convocaba la subasta de tres solares en Valdemoro propiedad de Ramiro Cid Sicluna, uno de los reyes del ladrillo en Valdemoro e imputado en la trama Púnica.

Unos suelos propiedad de Hilday Consulting, promotora inmobiliaria de Cid Sicluna, y que llegó a administrar el propio Marjaliza. Solo uno de aquellos solares recibió pujas: 2.000 euros por una parcela con un valor de subasta de poco más de 231.000 euros.

Cid Sicluna ya había sufrido en sus carnes un proceso similar, ya que, en abril de 2021 fue embargado y otros activos de su propiedad salieron a subasta. Entonces, fueron la Sareb y la sociedad Rosales Parque XXI quienes instaron la subasta judicial de una finca urbana en Majadahonda tasada en 15 millones. Aquel activo era propiedad de la sociedad Tuvalu Gestión, administrada también por Ramiro Cid Sicluna y la anteriormente mencionada Arauna Corporación y Consulting.

Sareb, bancos y hasta fondos buitre han instado la subasta judicial para cobrar sus deudas

En aquella ocasión, la cantidad reclamada ascendía a 8,41 millones de euros y la puja más alta se situó en 1,21 millones. Unos meses antes, en enero de 2021, el Juzgado de Primera Instancia n.º 84 de Madrid decretaba la ejecución hipotecaria, a instancias de Realia Business, de una parcela situada en Valdemoro —epicentro de la Púnica—, propiedad de la empresa Lanneman, propiedad de Javier Cid Sicluna, hermano de Ramiro, imputado también en la trama Púnica. En aquella ocasión, la cantidad reclamada ascendía a 3,8 millones, con un valor de subasta de 2,34 millones. Aquella subasta concluyó con una puja de casi 2,5 millones.

También algunos de los condenados por la trama Gürtel están viendo cómo algunas de sus propiedades, o las de sus empresas, están siendo embargadas y subastadas. En abril de 2022, por ejemplo, quien sufrió la subasta judicial de algunas de sus propiedades fue José Luis Ulibarri Cormenzana, empresario leonés de la construcción y los medios de comunicación, quien admitió ante la Audiencia Nacional su participación en la Gürtel urdida por el líder de la red de corrupción, Francisco Correa, y Arturo González Panero (PP), exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid).

En abril de 2022 fue condenado a 18 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública dentro de una de las causas de la trama Gürtel.

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El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid acordó la subasta pública de algunos de los activos de UFC SA, filial de Begar Construcciones y Contratas —hoy Elodea—, propiedad de Ulibarri. Una compañía que se declaró en concurso de acreedores en 2013 y que la Fiscalía Anticorrupción tenía en el punto de mira como una de las sociedades presuntamente implicadas en amañar contratos a cambio de comisiones.

Entonces salieron a subasta varios suelos, viviendas, locales comerciales y garajes ubicados en Zamora, Valladolid o León, con cuya venta se esperaba cubrir parte de una deuda de casi 102 millones de euros —101.891.793,20 euros— con sus acreedores, entre los que figuraba, como acreedor privilegiado, Sareb, heredera de buena parte de esas deudas contraídas por la empresa de Ulibarri y algunas de las extintas cajas de ahorros.

En concreto, se trataba de seis lotes con un valor de subasta conjunto de 15,33 millones de euros, cantidad que apenas cubría el 15% de la deuda total reclamada. Todos los lotes recibieron ofertas por un importe total de 8,5 millones de euros.

La vivienda en la que pasó sus últimos años en libertad, su chalé en Arturo Soria, tasado en 1,55 millones de euros

Otro de los casos más sonados fue el de Alberto López Viejo, exconcejal de Alcobendas y delfín de Esperanza Aguirre, condenado por la Audiencia Nacional a casi 32 años de cárcel por la Gürtel tras cometer los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La vivienda en la que pasó sus últimos años en libertad, su chalé en Arturo Soria, tasado en 1,55 millones de euros, salía a subasta hace apenas unas semanas. Una propiedad de 363 metros cuadrados de cuatro plantas, que también pertenece a su mujer.

...Malaya

Varios kilómetros al sur de la capital, también han sido objeto de embargos y subastas judiciales algunos de los imputados y condenados en el caso Malaya, operación contra la corrupción urbanística llevada a cabo por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, empresarios y abogados, con ramificaciones en otras localidades como Málaga, Madrid o Huelva.

En octubre del año pasado, el empresario Rafael Gómez Sánchez, apodado Sandokán, quien saltaba al foco mediático tras ser detenido en 2006 por su presunta implicación en el caso Malaya y uno de los mayores morosos en la lista de Hacienda, a la que adeuda alrededor de 205 millones de euros al fisco, fue embargado y una de sus propiedades, subastada.

De unos cientos de miles de euros a deudas de varios millones de empresas de los imputados

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba dictaba, a instancia de Natixis Lease, la venta en pública subasta de una parcela edificable que el empresario tenía en la ciudad de Córdoba.

El terreno, con una superficie de 10.098 metros cuadrados, estaba valorado en 1,05 millones de euros y fue embargado a Sandokán tras reclamar la entidad a distintas sociedades del andaluz casi 250.000 euros de principal, más 80.380 euros para intereses y costas.

La lista de imputados y bienes subastados —no solo inmuebles, también hay joyas, cuadros y un largo etcétera de bienes—, es extensa. Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella (1991-1998) y mano derecha de Jesús Gil (caso Malaya y caso Saqueo); Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes Suárez, constructores involucrados en la presunta mayor trama de corrupción urbanística en Murcia.

Continuará...