Arranca el primer juicio por la corrupción de Púnica con discrepancias en el criterio fiscal

La Audiencia Nacional celebrará la próxima semana el primer juicio centrado en la presunta corrupción de la trama Púnica una década después de que estallara la operación. La derivada leonesa de la red se sienta en el banquillo con discrepancias en el criterio de la Fiscalía sobre la forma de valorar las campañas de reputación online que se atribuyen a la trama. Las nueve sesiones previstas de la vista oral llevarán al banquillo de la Audiencia Nacional a antiguos altos regionales del PP como el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón o el exalcalde Pedro Vicente Sánchez, acusados ambos de emplear fondos públicos para beneficiarse de la labor en redes sociales del conseguidor Alejandro de Pedro.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ambos penas de hasta ocho años de prisión en medio de las dudas sobre la perseguibilidad de este tipo de contrataciones destinadas a incrementar su valoración gracias a acciones en redes sociales. El relato de hechos se centra en la contratación por parte de Martínez Barazón, que asumió el puesto que ese mismo año había dejado el asesinato de Isabel Carrasco, de las empresas de De Pedro y su socio, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa.

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El Ministerio Público asegura que recibieron, durante dos años, casi 100.000 euros por realizar trabajos privados de reputación en internet para los dos últimos presidentes de la Diputación de León y que dicha cantidad se pagó con dinero público. La gran mayoría, 86.850, se destinaron a trabajos para la fallecida Isabel Carrasco, mientras que con los 10.890 restantes se intentó mejorar la imagen de su sucesor, Martínez Barazón.

La investigación emprendida durante más de ocho años apunta a la ocultación de los pagos a través de contratos ficticios de publicidad. La Fiscalía señala que constan pagos por supuestos anuncios en distintos periódicos digitales que en realidad no funcionaban como tales y se limitaban a reproducir notas de prensa procedentes de la Diputación. También se atribuye a De Pedro labores de mediación con el PP nacional, al que trasladó supuestamente valoraciones positivas sobre sus clientes.

La Fiscalía tiene, sin embargo, dos problemas. Además de la amenaza de las dilaciones indebidas, evidentes debido al tiempo transcurrido desde que se iniciara la instrucción, el Ministerio Público ha mostrado criterios dispares respecto a estas campañas de reputación. Por ejemplo, los fiscales del Tribunal Supremo no vieron delito en una actuación similar protagonizada en ese caso por la exsenadora popular Pilar Barreiro y el TS acabó archivando su caso.

El motivo de la división

La Fiscalía del TS y Anticorrupción difieren en su análisis de la conducta delictiva. En el caso de Barreiro se consideró que, pese a "la evidencia" de los hechos, no quedaba clara ni la trascendencia ni que el orden penal sea el canal adecuado para su sanción. La fina línea que separa la reputación de un cargo de la institución llegó a los fiscales del alto tribunal a reclamar el sobreseimiento y defender que, en todo caso, la conducta habría requerido de una sanción administrativa.

En el caso de Barreiro, la acusación se basaba en que sufragó con dinero público reservado para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos privados y personales, como la creación de un diario digital en esa ciudad destinado a dar informaciones favorables sobre ella, incluyendo los honorarios de un periodista. Los hechos son similares, pero el criterio, distinto.

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El juicio que arranca también revisará irregularidades de la trama leonesa en distintos concursos vinculados con la estación de esquí de San Isidro. Anticorrupción detectó amaños dirigidos a que se atribuyeran a empresas de De Pedro mediante la alteración de las condiciones dirigida a que fueran estas compañías las que cumplieran los requisitos reclamados.

La vista oral será la primera que ahonda en los delitos económicos de la trama. De momento, y a pesar del tiempo transcurrido, solo se ha celebrado un juicio vinculado a una actuación personal de Francisco Granados, considerado el cabecilla. Se le condenó a dos años por el chivatazo de un guardia civil que alertó de la investigación en marcha antes de que esta se desarrollara.