Un exalcalde del PP pide archivar su causa en 'Púnica' por la reforma de la malversación

El que fuera alcalde de Valdemoro en funciones por el PP, Manuel Salguero, ha pedido a la Audiencia Nacional el archivo de su causa en el caso Púnica atendiendo a la reforma de la malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "No se ha lucrado en absoluto de ninguna de las acciones que se investigan en este Juzgado", alega el texto firmado por su abogado, al que ha tenido acceso El Confidencial. La petición ya obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6. Su titular, el magistrado Manuel García Castellón, ya estudia si la reforma legal tiene incidencia en esta macrocausa de corrupción.

Valdemoro era el municipio que dirigió el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Este municipio madrileño fue el epicentro de la trama Púnica, la ingente causa de corrupción que se extendió a diversas localidades y siglas políticas. Manuel Salguero asumió el cargo de alcalde en octubre de 2014. En la política local desde 2007, en ese momento era concejal de Deportes, Urbanismo y Transporte del Ayuntamiento. Sucedió de manera accidental a Germán Alarcón, cuñado de Granados, quien renunció tras ser detenido en el marco de la investigación.

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Semanas después de aquel traspaso, Salguero fue sustituido en diciembre de 2014 por David Conde, quien le mantuvo como número dos en la figura de teniente de alcalde. Cuatro años después, el juez Manuel García Castellón le citó a declarar como imputado en la Pieza 4 de Púnica por las presuntas facturas falsas en los contratos con empresas vinculadas con la trama e implicadas en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

"Facturas ficticias"

Se le citó junto a otros tres altos cargos del Ayuntamiento a petición de la Fiscalía Anticorrupción. A los cuatro se les investiga por haber participado supuestamente "en la confección de facturas ficticias que tuvieron repercusión en el erario público", saltándose los procedimientos oficiales para las adjudicaciones públicas. Manuel Salguero y el resto le dijeron al juez que no tenían trato con Granados y mucho menos participaron en las actividades de la trama Púnica que él lideraba.

A pesar de estas explicaciones, Salguero sigue formalmente encausado en la Pieza 4 de Púnica. Por eso remitió su escrito al Juzgado el mismo jueves, fecha en la que entró en vigor el cambio legal. "Esta reforma afecta a la malversación", expone el documento. En esa pieza se ha investigado un supuesto plan preconcebido por Granados, el exconcejal de urbanismo José Miguel Moreno y los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid para manipular el planteamiento urbanístico del municipio concertando la venta o la cesión del suelo público a cambio de comisiones, en detrimento de las arcas públicas de aquel Ayuntamiento.

Pregunta al ministerio público si, a la vista de la reforma, reclama "el sobreseimiento para alguno de los investigados" en Púnica

Precisamente este jueves el juez Manuel García Castellón incluyó la Pieza 4 en las providencias que remitidas a la Fiscalía para que revise las penas que solicita para los encausados. Pregunta al ministerio público si, a la vista de la reforma del delito de malversación, reclama "el sobreseimiento para alguno de los investigados" en Púnica.

Como ha adelantado El Confidencial, la Fiscalía General del Estado va a unificar criterios respecto al nuevo delito de malversación para tratar de limitar sus efectos en las causas de corrupción. El Ministerio Público quiere evitar que los fiscales defiendan posturas distintas en función del procedimiento. La Fiscalía se inclina por defender que no hay que revisar las penas de los delitos cometidos antes de 2015. Aquel año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy equiparó la malversación por apropiación indebida a la malversación por administración desleal, pero la reforma de Pedro Sánchez vuelve a poner el lucro personal en el centro.

El debate legal

La clave se encuentra en el artículo 432 del Código Penal, donde se regula la malversación. El Gobierno ha reescrito este artículo para castigar con entre dos y seis años a la autoridad o funcionario público que, "con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio". Cuando se produce un entorpecimiento "grave al servicio público" o el perjuicio supera los 50.000 euros, las penas pasan a ser de entre cuatro y ocho años. Si se superan los 250.000 euros, alcanzan incluso los 12 años.

El cambio frente a la legislación anterior se centra en ese "ánimo de lucro". Hasta ahora se castigaba con las mismas penas la malversación por administración desleal, que no exigía probar apropiación o lucro alguno, solo el desvío de fondos del patrimonio público para un fin distinto al previsto legalmente. Al defender que él en ningún caso se enriqueció a título personal con la trama investigada, la defensa de Salguero pide entonces su absolución.

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El magistrado tendrá que decidir ahora si este razonamiento se sostiene o, por el contrario, su actuación aún encaja con alguna de las otras dos malversaciones atenuadas que incluye la reforma del Gobierno. La primera castiga con entre seis meses y tres años de cárcel a la autoridad que, sin ánimo de apropiárselo, destine "a usos privados el patrimonio puesto a su cargo". La segunda eleva las penas a entre uno y cuatro años a la autoridad que dé al patrimonio "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado".

Si el magistrado considera que alguna de estas dos nuevas versiones de malversación encajan con su actuación, las peticiones de cárcel para Salguero serían entonces menores a las que contemplaba la anterior legislación, pero no lograría la absolución. Al menos, hasta llegar a juicio.