por las adjudicaciones del plan prisma

La UCO investiga en Púnica a empresarios procesados en Gürtel y a donantes del PP

José Luis Ulibarri (Begar) y José Luis Martínez Parra (Teconsa) están acusados de pagar comisiones en Gürtel. Joaquín Molpeceres (Licuas) fue investigado en el caso Bárcenas

Foto: El empresario José Luis Ulibarri (d), a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. (EFE)
El empresario José Luis Ulibarri (d), a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. (EFE)

Los grandes casos de corrupción de nuestro país se entrelazan, como las distintas cabezas de una hidra que comparten un único cuerpo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga dentro del caso Púnica a tres empresarios salpicados de lleno en otros dos importantes sumarios: Gürtel y la principal pieza derivada de este, los 'papeles de Bárcenas'. Los agentes investigan las adjudicaciones que las sociedades Begar, Teconsa y Licuas se llevaron en las dos ediciones del Plan Prisma, un plan de inversiones en los municipios de Madrid dotado con 790 millones de euros y gestionado por la Comunidad de Madrid.

En un auto dictado el pasado 14 de julio, el instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, sostiene que Francisco Granados (ex consejero del Gobierno regional y el principal político investigado en Púnica) reguló el funcionamiento de esos planes Prisma para garantizarse un "dominio absoluto" sobre las "decisiones de adjudicación". El magistrado ha pedido importante documentación sobre estos programas a la empresa pública encargada de gestionarlos (antes Arpegio y ahora Nuevo Arpegio), de la que Granados llegó a ser presidente entre abril de 2005 y diciembre de 2007. 

Velasco asegura que "es necesario avanzar en esta línea de investigación" después de que otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, decidiera colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y facilitara algunos nombres de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del plan Prisma. Marjaliza mencionó los nombres de Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos. Prisma movió casi 800 millones de euros en dos planes (2006-2007 y 2008-2011) que dejaron centenares de obras en casi todos los municipios madrileños.

David Marjaliza, socio de Francisco Granados en la Púnica, a su salida de la cárcel de Aranjuez. (EFE)
David Marjaliza, socio de Francisco Granados en la Púnica, a su salida de la cárcel de Aranjuez. (EFE)

Los dueños de Begar y Teconsa están procesados en la segunda pieza del caso Gürtel, la que dirime los tejemanejes de la trama en el municipio de Boadilla del Monte. La Audiencia Nacional acaba de finalizar la instrucción de esta pieza. La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel para el dueño de Begar, el empresario José Luis Ulibarri Comerzana. Para el dueño de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, la Fiscalía solicita nueve años de prisión. Ambos están acusados en Gürtel de pagar 2,8 millones de euros en comisiones a cambio de obras y parcelas públicas en Boadilla. El dueño de Licuas, Joaquín Molpeceres Sánchez, también fue investigado dentro del caso Bárcenas porque aparecía como uno de los supuestos donantes del PP. Finalmente no fue procesado, como ninguno de los empresarios que aparecían en la contabilidad B del ex tesorero del PP.

Al menos 43 contratos

Estas seis empresas mencionadas por Marjaliza se llevaron al menos 43 contratos valorados en 17 millones de euros. Licuas, por ejemplo, ganó 14 de esas licitaciones. Begar, por su parte, resultó adjudicataria de uno de los más jugosos: 814.000 euros por una biblioteca en Valdemoro, el epicentro de la trama (tres ex alcaldes están imputados) y donde Granados comenzó su carrera política. Avintia también se llevó un jugoso contrato de 2,9 millones por las obras de un centro de servicios sociales en Móstoles. 

Los investigadores tienen ahora que intentar encontrar el nexo de unión entre estas obras y el supuesto pago de comisiones, una labor que se antoja complicada. Las pesquisas están en su fase inicial y tanto la UCO como el juez solo cuentan de momento con la declaración de Marjaliza, que facilitó los nombres de algunas empresas que supuestamente pagaban sobornos pero sin aportar pruebas documentales. Aunque la colaboración de Marjaliza ha sido importante, los investigadores reconocen que aún faltan piezas en este complejo puzzle. De momento, no se ha llamado a declarar a ningún empresario.

Francisco Granados
Francisco Granados

Marjaliza ha explicado que las obras del plan Prisma se repartían, en una especie de acuerdo tácito, en tres lotes: un lote de obras eran amañados por los técnicos de la dirección general de la que dependía el plan, otro lote por el propio director general "y su gente", y el tercero por Granados y Marjaliza. Este ultimo hacía la función de intermediario. A él le comunicaban que empresas habían obtenido las mejores puntuaciones en cada expediente de licitación, y antes de adjudicar la obra Marjaliza se ponía en contacto con estas sociedades para sondear quién estaba dispuesto a pagar por llevarse finalmente el gato al agua. Fue entonces cuando Marjaliza dio los nombres de Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico.

González Taboada

En todo este proceso, Marjaliza facilitó al juez el nombre de Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente y 'número 3' del Gobierno de Cristina Cifuentes. Taboada fue durante una década director general de Cooperación con la Administración Local del Gobierno regional, dirección de la que dependía la planificación del plan Prisma. En febrero de 2006, esta dirección firmó un convenio con Arpegio para que este ente gestionara el Prisma. 

Granados, actualmente en prisión, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Es decir, Taboada planificaba el plan Prisma y Arpegio (con Granados como presidente) lo gestionaba. Granados fue además consejero de Presidencia, Justicia e Interior desde diciembre de 2004 a junio de 2011, con gran poder e influencia dentro del Ejecutivo autonómico. González Taboada estuvo en la Mesa de Contratación de Arpegio en esas dos ediciones del plan Prisma. La Mesa es el órgano técnico que valora las ofertas presentadas por las empresas que concurren a una adjudicación. González Taboada siempre ha negado las acusaciones y una vez que se levantó el secreto de sumario presentó una querella contra Marjaliza.

Ulibarri, en concurso de acreedores

José Luis Ulibarri es uno de los principales empresarios de Castilla y León. En 1980 fundó el Grupo Begar, centrado en la construcción. De ahí diversificó: bodegas, medios de comunicación como 'El Diario de León' y la televisión autonómica, de la que es socio al 50%, además de concesiones de transportes, hospitales y todo tipo de de concesiones públicas. Su entramado empresarial acaba de entrar en concurso de acreedores con una deuda de 189 millones de euros.

Martínez Parra (Teconsa) también está procesado en otra pieza del caso Gürtel: la contratación del montaje audiovisual de la visita del Papa a Valencia en 2008

Martínez Parra, por su parte, es hijo del empresario ya fallecido José Martínez Nuñez, que levantó un imperio centrado en el sector inmobiliario con empresas como Construcciones Martínez Núñez, Teconsa, Catisa, Hormigones La Estrella y el periódico ya desaparecido 'La Crónica de León'. Martínez Parra también está procesado en otra pieza del caso Gürtel. Teconsa está acusada de pagar comisiones por llevarse la contratación del montaje audiovisual que mostró la visita que realizó el papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2008.

En el caso de Joaquín Molpeceres, Luis Bárcenas lo identificó como donante de 60.000 euros en la ya famosa contabilidad B del PP. El nombre de Molpeceres apareció en algunos informes policiales del caso Gürtel porque dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían abonado hasta 225.000 euros a dos empresas controladas por la trama. La Audiencia Nacional también investigó por qué Molpeceres avaló con 1,6 millones a uno de los imputados de la trama, el exconsejero Alberto López Viejo. Finalmente no fue procesado.

Madrid

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