PROGRAMA ELECTORAL DEL CANDIDATO DEL PNV

Nuevo concierto político y derecho a decidir "pactado" con España: el estatuto de Urkullu

En el que puede ser su último mandato, el candidato del PNV pretende llegar a un pacto con el PSE-EE en torno al nuevo estatus del País Vasco: el acuerdo debe ser "lo más amplio posible"

Foto: Urkullu, este miércoles, en la presentación del programa electoral. (EFE)
Urkullu, este miércoles, en la presentación del programa electoral. (EFE)

El “nuevo estatus” que plantea el lendakari y candidato electoral del PNV para el País Vasco de cara a la próxima legislatura reivindica un “nuevo concierto político y social para vivir y convivir mejor” que se sustenta en un modelo de relación “bilateral y de igual a igual entre el pueblo vasco y el Estado”, el derecho a decidir de la ciudadanía vasca sobre su futuro a través de una consulta habilitante “pactada” con el Gobierno español, el reconocimiento de la nación vasca y la participación de Euskadi en la Unión Europea.

Así se recoge en el programa electoral con el que se presenta a la reelección Iñigo Urkullu, que ha sido presentado en la tarde de este miércoles en un acto en el Palacio Euskalduna de Bilbao que se ha realizado casi en familia por las limitaciones de aforo que imponen las restricciones sanitarias por el coronavirus y que afectarán al desarrollo de la campaña que este jueves comienza de cara a los comicios del próximo 12 de julio.

El candidato del PNV insiste en sus planteamientos y se compromete a activar la Ponencia de Autogobierno creada hace dos legislatura en el Parlamento vasco, y que el pasado mandato encalló ante la falta de acuerdo en torno a las bases polémicas del nuevo estatuto diseñadas por la comisión de expertos, de marcado acento soberanista, de cara a “culminar los trabajos” y “consensuar un texto articulado lo más ampliamente posible” y “siguiendo los cauces legales establecidos y previstos”. De ver la luz, Urkullu plantea que el proyecto de ley sea sometido a una consulta "habilitante" entre la ciudadanía vasca con carácter “previo a su remisión, según establece el ordenamiento jurídico, a las Cortes Generales para su promulgación como ley que, con posterioridad, será sometida al refrendo” de los vascos.

Urkullu insiste en su propuesta de 2016 de que el estatuto sea sometido a una "consulta habilitante" con carácter "previo" a su remisión a las Cortes

Se trata de un planteamiento similar con el que el lendakari se presentó a las elecciones de 2016. Entonces, el programa reflejaba que las bases del nuevo estatuto que “se acuerden fundamentarán la redacción de un proyecto político y jurídico de reforma del actual Estatuto de Autonomía que deberá refrendar el Parlamento Vasco: Una vez aprobado, consideramos conveniente que dicho proyecto de reforma estatutaria pudiera ser sometido, antes de iniciarse su tramitación ante las Cortes Generales, a una consulta habilitante por parte de la ciudadanía vasca”.

Ya en 2016, la propuesta de Urkullu en esta materia supuso un cambio relevante en relación con su primer asalto a Ajuria Enea, ya que en 2012 se presentó como candidato a lendakari con un programa que fijaba fecha para la celebración de la consulta popular, para 2015. Ahora, vuelve de nuevo a evitar poner plazos a este refrendo popular dentro de un planteamiento que, como deja constancia el programa, debe tener “su entronque en el ordenamiento jurídico”.

Con su apuesta por la “bilateralidad” con el Estado y por actuar de forma “pactada”, el lendakari intenta atraer al PSE-EE a la reforma estatutaria, después de que los socialistas se descolgaran de los polémicos artículos de tinte soberanista y que dejaba en un segundo plano los amplios acuerdos alcanzados en otros ámbitos con el PNV y Podemos. La falta de encaje en la Constitución de planteamientos como el reconocimiento de la nación vasca como sujeto político o la consulta habilitante que denunció el PSE-EE enterró cualquier posibilidad de consenso.

Urkullu no renuncia en la próxima legislatura a alcanzar "un acuerdo básico interno" en torno al nuevo estatus con el "más amplio consenso posible"

Pero el actual lendakari no tira la toalla y, en el que puede ser su último mandato, pretende llegar a un acuerdo con el PSE en torno al nuevo estatus del País Vasco ante la dificultad de sumar a EH Bildu y PP, que ven la apuesta para la reforma del autogobierno excesivamente corta, por un lado, y fuera de la legalidad, por otra, como parte de su legado en Ajuria Enea. Aunque no va a ser fácil, ya que, de partida, Urkullu plantea los mismos postulados que presentó el diputado del PNV y jurista Mikel Legarda en la comisión de expertos en representación de la formación ‘jeltzale’, y que fueron asumidos por Podemos con alguna mínima salvedad. Pero el aspirante del PNV no renuncia en la próxima legislatura a alcanzar “un acuerdo básico interno” con el “más amplio consenso posible”.

El carácter “bilateral” de las relaciones con el Estado, y que deben asentarse en los principios de “reconocimiento mutuo, lealtad, respeto institucional, cooperación, coordinación, competencia y mecanismos e instrumentos de salvaguarda de las singularidades de las materias propias forales”, se plasma en la práctica con la creación de la Comisión Mixta de Concierto Político-Cooperación y la constitución de una Junta Arbitral para abordar los conflictos competenciales entre los dos gobiernos antes de emprender la vía jurisdiccional. Son los dos instrumentos de “salvaguarda” de las materias propias que plantea Urkullu en su programa electoral, de 428 páginas, que sitúa como “beneficiarios” del “elenco completo de derechos” que le asisten a Euskadi a aquellas personas que tengan “la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios del territorio”.

Urkullu plantea la Comisión de Concierto Político y una Junta Arbitral para conflictos competenciales como plasmación a la relación bilateral con España

El nuevo estatuto que propone el candidato del PNV establece el “reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco” y que “recogerá el sentido de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca”. En relación con el derecho a decidir, el programa electoral establece que “la plena realización de los derechos históricos, como manifestación institucional de su autogobierno, se extenderá a través de derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.

Urkullu defiende que el derecho a decidir “no es un opción patrimonio de nacionalistas vascos”, sino que “se trata de un derecho básico de la ciudadanía”. “Es un derecho democrático que debe ser reconocido y cuyo ejercicio concreto debe ser pactado y regulado legalmente”. A este respecto, incide en que el respeto a la voluntad popular debe “encontrar en cada momento un cauce de aplicación y su entronque que el ordenamiento jurídico”, por lo que el nuevo proyecto normativo que sustituya al actual Estatuto de Autonomía debe estar “sustentado en los principios de legalidad y democrático, susceptible de ser consultado a la ciudadanía vasca con carácter previo a su negociación” con el Estado.

“El principio democrático exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca, lo que requiere que el Estado asuma la obligación de negociar y acordar los ajustes legales precisos para responder el deseo expresado por la ciudadanía vasca, excluyendo en suma el principio de unilateralidad”, señala, huyendo así de la vía catalana impulsada por Quim Torra.

La nueva relación con el Estado “de respeto y reconocimiento mutuo, y de carácter confederal” que demanda Urkullu se articulará, según defiende, mediante “un nuevo estatus de convivencia y relación singular adaptado a las nuevas formas de organización política acordes con las circunstancias económicas, sociales y políticas en las que van a desenvolverse el mundo y Europa en el siglo XXI”. En relación con Europa, la propuesta del lendakari contempla la participación de Euskadi en el marco de la UE en aspectos como los tratados constitutivos, la formación de la posición del Estado, la intervención en instituciones y organismos europeos o la representación y defensa ante el Tribunal de Justicia y la Delegación Permanente, entre otros aspectos.

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