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El Gobierno vasco quiere la transferencia de Prisiones mientras mira de reojo a Marlaska
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el pnv espera que el líder del psoe haga un gesto a corto plazo

El Gobierno vasco quiere la transferencia de Prisiones mientras mira de reojo a Marlaska

Va a presionar al presidente para que aborde el traspaso de esta competencia "prioritaria" ante la posibilidad de que el nombramiento del juez en Interior aparque o dilate en el tiempo esta cuestión

Foto: Sánchez y Ortuzar, durante una reunión en 2016, cuando el dirigente socialista era secretario general del partido. (EFE)
Sánchez y Ortuzar, durante una reunión en 2016, cuando el dirigente socialista era secretario general del partido. (EFE)

El nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior ha supuesto un freno a las esperanzas del nacionalismo vasco de lograr la transferencia de Prisiones y de que se produzcan a corto plazo cambios en la política penitenciaria que posibiliten el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. El Gobierno de Iñigo Urkullu y el PNV recelan de un juez que durante su trayectoria en la Audiencia Nacional mantuvo inflexible su dura exigencia hacia los presos de la banda terrorista y que en la actualidad tiene una gran sintonía con las víctimas, quienes rechazan de plano que la competencia de Prisiones recaiga en manos del Ejecutivo de Vitoria.

En todo caso, el Gobierno vasco confía en que la presencia de Grande-Marlaska al frente del Ministerio de Interior no suponga un serio obstáculo de cara a las negociaciones que va a mantener con Pedro Sánchez para lograr la transferencia de Prisiones dentro de una serie de competencias que reclama para sí. El Ejecutivo de Urkullu espera que en las próximas semanas el presidente del Gobierno acometa algún gesto en este sentido que permita abrir la vía para obtener la que es una histórica aspiración del nacionalismo vasco. De momento, el lehendakari contactó por escrito este jueves con el presidente del Gobierno para proponerle un "diálogo sincero" entre los dos ejecutivos para abordar el cumplimiento de las "transferencias pendientes" del Estatuto de Gernika, entre otros temas. Según defiende, la llegada de Sánchez a La Moncloa "abre una oportunidad" para encauzar algunas cuestiones que están pendientes de resolver desde hace años a partir de una relación "bilateral" y de "respeto mutuo".

Foto: Rajoy y Urkullu durante un encuentro entre ambos mandatarios en La Moncloa. (EFE)

La transferencia de Prisiones constituye la gran reivindicación del Gobierno vasco, junto a la gestión del régimen de la Seguridad Social. La reclamación de estas dos competencias tiene carácter “prioritario” en el acuerdo de gobierno que el PNV suscribió con los socialistas vascos y que fija 34 transferencias que “quedan pendientes de materializar” para completar lo recogido en el Estatuto de Gernika. El Ejecutivo de Urkullu confía en que Sánchez cumpla con su compromiso para abordar la mejora del autogobierno vasco, uno de los motivos por los que el PNV dio su fundamental apoyo en el Congreso de los Diputados a la moción de censura para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa y situar en el poder al líder del PSOE.

El Gobierno vasco concederá los 100 días de cortesía a Grande-Marlaska antes de valorar la designación del magistrado como titular de Interior

Además, el Gobierno autonómico cuenta con la baza de que los socialistas vascos hagan presión en Madrid para que el diálogo para abordar la transferencia de Prisiones no se dilate en el tiempo. El PNV considera igual de importante la gestión del régimen de la Seguridad Social, si bien tanto la formación ‘jeltzale’ como el PSE ven “más factible” a corto plazo que cristalice la opción penitenciaria, dadas las dificultades que implica a todos los niveles el traspaso de la otra gran reclamación vasca. No obstante, la pretensión nacionalista no es únicamente asumir la gestión de la Seguridad Social sino crear una Seguridad Social vasca desligada del Estado.

Trabajará para crear un Estado de derecho donde se respeten los derechos y las libertades ''de todos''

Oficialmente, el Gobierno vasco rehúsa interpretar de forma negativa el nombramiento de Grande-Marlaska de cara a la consecución de la transferencia de Prisiones o al deseado cambio en la actual política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA. “No vamos a valorar el pasado”, sostienen fuentes del Ejecutivo de Urkullu, que quieren esperar al “futuro” y analizar su gestión al frente del Ministerio de Interior y los compromisos que adopte en los asuntos que afectan al País Vasco. Así, el Gobierno vasco concederá los 100 días de cortesía al que fuera presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional antes de realizar una valoración. En todo caso, su designación no ha sido bien acogida en Ajuria Enea y Sabin Etxea dada su trayectoria judicial y que 'a priori' dificulta el posible traspaso de Prisiones y un escenario de concesiones a los presos de ETA una vez consumada la disolución de la banda terrorista.

De momento, el magistrado ha evitado pronunciarse sobre los reclusos etarras y la política penitenciaria en sus primeras palabras con la toma de posesión de la cartera. Entre las decisiones que deberá adoptar, está por ver si Grande-Marlaska reactiva la 'vía Nanclares' que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para beneficiar a los presos de ETA arrepentidos que rompieran con la dinámica de la banda terrorista y que había entrado en vía muerta con el Gobierno del PP. El PNV y el PSE son partidarios de retomar este itinerario que implica asumir el rechazo a la violencia de ETA y la petición de perdón, y al que en el pasado se han acogido algunos presos de la banda terrorista, entre ellos históricos dirigentes como Joseba Urrusolo Sistiaga o Carmen Gisasola. En su acuerdo de gobierno, ambas formaciones plantean la puesta en marcha de un plan de reinserción de los presos que contempla el acercamiento a cárceles próximas a sus lugares de origen. Ahora, su posible desarrollo está en manos del juez.

El PNV espera "gestos positivos en diversos ámbitos" en las próximas semanas para "mandar una señal positiva" y crear un clima de "optimismo"

Los recelos hacia Grande-Marlaska están ahí, si bien el Gobierno vasco se remite a la buena disposición que ha mostrado Sánchez para abordar el traspaso de competencias al País Vasco, lo que ha sido clave para que el PNV provocara la caída de Rajoy apenas nueve días después de otorgarle un salvavidas con su aval a los Presupuestos Generales del Estado. A este respecto, la formación ‘jeltzale’ ya ha comenzado a presionar al nuevo presidente del Gobierno, de quien espera “gestos positivos en diversos ámbitos” en las próximas semanas para "mandar una señal positiva" y crear un clima de “optimismo” político de cara al inicio del próximo curso político, tal y como ha afirmado su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.

A este respecto, el presidente del partido, Andoni Ortuzar, ha alabado de forma sintomática al nuevo Gobierno configurado por Sánchez en su vocación de generar un clima de confianza que depare acuerdos relevantes para el País Vasco. “Nadie puede dudar de que es gente contrastada, que ha pasado por puestos importantes, y a nosotros nos parece muy bien”, ha señalado, para poner el acento, además, en que se trata de un Ejecutivo que no está hecho para "aguantar en las trincheras" sino "para durar la legislatura". El Gobierno vasco celebra que 'a priori' la relación con el Ejecutivo del PSOE será “más fructífera” en lo que atañe al traspaso de las “transferencias pendientes” que con el PP. “Peor no podrá ser”, ha señalado de forma elocuente su portavoz, Josu Erkoreka. De igual manera, Urkullu ha mostrado su esperanza de que "el nuevo gobierno español sepa entender mejor los temas como el cumplimiento íntegro del Estatuto, la profundización en el autogobierno y la convivencia normalizada y el encuentro social en el País Vasco".

Foto: El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)

Las relaciones entre los gobiernos de Urkullu y Rajoy se habían normalizado en los últimos tiempos después de unos años marcados por la tensión y la conflictividad, si bien esta buena sintonía, que se había plasmado en dos acuerdos presupuestarios entre otros pactos de relevancia en Madrid, no impedía que el Ejecutivo de Vitoria haya denunciado de forma insistente los “ataques” del Estado al autogobierno vasco. El Ejecutivo de Rajoy se abrió hace ahora un año al traspaso de las dos competencias prioritarias de Urkullu en lo que suponía un claro aviso a Cataluña, en pleno desafío soberanista del Govern, de que se podía llegar a acuerdos con el nacionalismo moderado desde el diálogo y no desde la unilaterialidad. Sin embargo, las negociaciones anunciadas para la vuelta de las vacaciones de 2017 entre ambos ejecutivos, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y de Erkoreka, no pasaron de las intenciones, y la cuestión quedó paralizada entre las protestas del gabinete de Urkullu.

Por ello, el Gobierno vasco no quiere que se repita esta situación y, consciente de su posición de “socio preferente” del PSOE, etiqueta que le han colgado los propios socialistas, quiere activar el proceso que derive en la consecución de nuevas transferencias. El acercamiento de los presos, según ha advertido Ortuzar a Sánchez a las primeras de cambio, es una “medida razonable” para la que “no hace falta cambiar ni leyes ni códigos penales”. “Con lo que hay ahora, cumplir el Código Penal ordinario, sin la situación extraordinaria que se aplica a los presos de ETA, ya valdría, ya se acercaría mucho a las reivindicaciones, que no son reivindicaciones de los 'amigos' de los terroristas, son reivindicaciones muy sentidas por una mayoría de la ciudadanía vasca que quiere ir cerrando las heridas”, ha señalado. Pero Ortuzar sabe que Grande-Marlaska puede ser un escollo para esta cuestión y lo refleja a la hora de referirse a su figura, dejando entrever su desconfianza hacia un magistrado que “responde a una época de ‘jueces estrella’ de muchísima importancia y mucho peso mediático”. “Nos conformaríamos, inicialmente, con otra política penitenciaria”, ha aseverado a las claras.

El PSE, socio del PNV, defiende un cambio en la política penitenciaria y ve con buenos ojos la propuesta de crear un foro de trabajo por los presos

En esta reivindicación, el PNV cuenta con el respaldo del PSE, su socio no solo en el Ejecutivo vasco —gobiernan en coalición en las grandes instituciones vascas—, que es partidario de modular la política de dispersión de los presos de ETA y de aplicar un criterio más flexible con los reclusos enfermos y aquellos que superen una determinada edad. Los socialistas vascos también ven con buenos ojos la propuesta de los gobiernos vasco y navarro de crear un grupo de trabajo con el Ejecutivo español para abordar la cuestión de los etarras encarcelados, algo a lo que el Gobierno de Rajoy se opuso. “Todo lo que sea colaboración institucional nos parece muy bien”, señalan fuentes del PSE. La creación de este foro es otra de las cuestiones que deberá abordar el gabinete de Sánchez. En todo caso, los socialistas vascos advierten de que tanto ésta como otras cuestiones, caso de las 34 transferencias pendientes, se encuentran a expensas de las prioridades que marque el nuevo Gobierno y de la voluntad que muestre para abordar estos temas. Además, aseguran que en estos asuntos resulta imprescindible contar con un amplio consenso político y social. Se es consciente de que hay que ir con pies de plomo en todo lo que se refiere a los presos de ETA, y más cuando las asociaciones de víctimas, que han recibido con entusiasmo el nombramiento de Grande-Marlaska, van a estar vigilantes ante todos los movimientos que se puedan realizar.

Si el PNV mira con desconfianza a Grande-Marlaska, EH Bildu arremete con contundencia contra el nombramiento de quien ha sido junto con Baltasar Garzón la bestia negra del brazo político de ETA en los tribunales. “Su designación pone los pelos de punta”, ha reaccionado Arnaldo Otegi, quien no olvida que el magistrado le ha mandado “dos veces a la cárcel” por su pertenencia a ETA. “Mensaje recibido”, ha remarcado el líder 'abertzale' en relación a la decisión de Sánchez de poner al frente de Interior al magistrado, que llegó a ser objetivo preferente para la banda terrorista —el etarra Arkaitz Goikoetxea reconoció que en 2008 recibió la orden de la dirección de atentar contra su persona como algo "prioritario"—, dada su conducta inflexible con todo el entorno etarra.

El nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior ha supuesto un freno a las esperanzas del nacionalismo vasco de lograr la transferencia de Prisiones y de que se produzcan a corto plazo cambios en la política penitenciaria que posibiliten el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. El Gobierno de Iñigo Urkullu y el PNV recelan de un juez que durante su trayectoria en la Audiencia Nacional mantuvo inflexible su dura exigencia hacia los presos de la banda terrorista y que en la actualidad tiene una gran sintonía con las víctimas, quienes rechazan de plano que la competencia de Prisiones recaiga en manos del Ejecutivo de Vitoria.

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