AVE, cárcel de Donosti, rebaja en la luz. ¿Qué se juega el País Vasco en los Presupuestos?

Más allá de las cifras y el contenido, el PNV se ampara en el envoltorio político que cubre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para justificar su permanente rechazo a negociar las cuentas de este año. El único número al que atiende es al 155. Mientras la aplicación de este artículo de la Constitución siga vigente en Cataluña, la formación nacionalista no quiere saber de más números. Pero hay otros muchos —los de las cuantiosas partidas económicas que puede recibir el País Vasco de alcanzarse un acuerdo presupuestario— que están en juego ante la negativa de los 'jeltzales' a negociar las cuentas del Estado de 2018.

Mariano Rajoy se ha dado un mes para convencer al PNV y sacar adelante los Presupuestos en el último momento, tal y como ocurrió el pasado año en un tablero de ajedrez que tuvo a los mismos protagonistas. El presidente del Gobierno se juega mucho en estas cuatro semanas, pero también el País Vasco, que puede ver cómo se paralizan o ralentizan algunos proyectos importantes por la falta de apoyo financiero del Estado de mantenerse el no de la formación nacionalista, cuyos cinco votos en el Congreso son fundamentales para que el Ejecutivo español saque adelante su hoja de ruta económica.

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En materia de infraestructuras, la ausencia de Presupuestos no afectaría al grueso de la alta velocidad vasca, el gran proyecto del País Vasco de cara al futuro, ya que la planificación y concreción de las obras se acordó en el pacto presupuestario PNV-PP del pasado año, donde se recogían compromisos económicos plurianuales para avanzar en la construcción de la denominada 'Y' vasca, prevista para 2023. A cambio de su apoyo a las cuentas de 2017, el PNV arrancó al Gobierno 3.300 millones de euros en inversiones ferroviarias hasta 2023 con un calendario que establece plazos e inversiones detalladas. En todo caso, la prórroga presupuestaria, más allá de posibles retrasos en las inversiones, sí podría tener algún impacto directo en los proyectos de entrada de la alta velocidad a las tres capitales, caso del soterramiento de Bilbao, que está a expensas de consignación presupuestaria tras el reciente acuerdo firmado entre los gobiernos central y vasco y el ayuntamiento bilbaíno para la solución técnica "definitiva" a la llegada del tren a la capital. Fomento tiene previsto realizar el estudio informativo del proyecto para someterlo a exposición pública antes de que finalice el año.

El escenario de la prórroga presupuestaria afectaría al anhelado proyecto de construcción de la nueva cárcel de Zubieta, en San Sebastián, que sustituiría a la vieja prisión de Martutene. Este proyecto es de vital importancia para la capital guipuzcoana, ya que de él depende además el desarrollo urbanístico a futuro de la ciudad, donde las posibilidades de suelo son escasas. El derribo de Martutene, uno de los penales más viejos de España y con unas condiciones que dejan mucho que desear, liberaría esos terrenos para uso residencial. Así, posibilitaría la construcción de 300 viviendas dentro de la segunda fase de reurbanización del barrio de Txomin Enea, cuyo desarrollo está a expensas de un pacto con Madrid que no termina de llegar.

El desarrollo urbanístico de San Sebastián depende de la nueva cárcel, ya que liberaría los terrenos de la actual prisión para 300 viviendas

Dada su trascendencia, ya el acuerdo presupuestario PNV-PP de 2017 incluía el "compromiso" del Gobierno a "agilizar la ejecución efectiva" de la nueva cárcel "con el objetivo de negociar el destino, en el plazo más corto posible, de los terrenos" de la actual prisión de Martutene. Pero el proyecto sigue a la espera. Ante esta demora, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), se reunió en enero en Madrid con responsables de Instituciones Penitenciarias para llegar a un acuerdo en torno a una demandada reivindicación de la ciudad que el Gobierno español asume pero que, entre otras cuestiones, está todavía a falta de consignación presupuestaria. El proyecto, con un presupuesto previsto de 90 millones de euros, sufriría una nueva parálisis en caso de no aprobarse las cuentas del Estado.

En San Sebastián también queda pendiente la construcción de la alternativa al canal bajo del Añarbe, del que depende el abastecimiento de agua de la comarca de Donostialdea, que podría verse afectado. El Ministerio de Medio Ambiente avaló el pasado año este proyecto, una de las grandes obras pendientes de Guipúzcoa, que garantiza el abastecimiento de agua a este gran núcleo poblacional y que está a expensas de asignación presupuestaria para su ejecución.

La prórroga afectaría a la urbanización del Memorial de Víctimas del Terrorismo, a la eliminación de pasos a nivel o a las mejoras en los aeropuertos

La falta de Presupuestos puede afectar a la urbanización del entorno del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, cuyo coste estimado de cinco millones está previsto sea sufragado al 50% por el ayuntamiento de la capital alavesa y el Gobierno español. También pueden verse comprometidas las actuaciones previstas para eliminar pasos a nivel en el País Vasco, entre ellos el del barrio bilbaíno de Zorroza, que divide al distrito en dos y que acumula una larga lista de víctimas. El acuerdo PNV-PP del pasado año recogía una planificación para la supresión de estos puntos, si bien algunas actuaciones están a expensas de estudios de viabilidad y de la firma de los respectivos acuerdos con las instituciones implicadas.

Asimismo, la ausencia de las cuentas generales de 2018 puede ralentizar algunas actuaciones previstas por el Gobierno para el País Vasco, como las mejoras contempladas en los aeropuertos vascos.

El Zinemaldia, la Quincena Musical, la ABAO o el Museo Artium lograron el pasado año un aumento de las subvenciones del Estado por el pacto PNV-PP

La prórroga presupuestaría también repercutiría en aquellos proyectos 'menores' que el PNV incluiría vía enmiendas parciales para lograr financiación necesaria para su desarrollo. A este respecto, la formación 'jeltzale' introdujo el pasado año más de una treintena de propuestas que contemplaban apoyo financiero en 2017 y 2018 para las plataformas intermodales de Jundiz (Álava) y Lezo-Pasaia (Guipúzcoa), por un importe de 750.000 y 600.000 euros respectivamente, o para la variante ferroviaria Ordizia-Beasain (450.000 euros). Asimismo, la formación nacionalista logró que las cuentas generales del Estado aportaran tres millones de euros para un proyecto piloto de viviendas para personas mayores de la Fundación Matia, o 1,7 millones para la regeneración de la playa de Santiago de Zumaia. También se vieron beneficiadas numerosas entidades culturales, como el Zinemaldia, la Quincena Musical, el Museo Artium, Eusko Ikaskuntza, la ABAO o Euskaltzaindia, que vieron cómo el Gobierno incrementaba la cuantía de sus subvenciones.

Igualmente, la ausencia de Presupuestos puede tener efecto en la rebaja de la tarifa eléctrica que pactaron el pasado año el PNV y el PP en el acuerdo presupuestario y que afecta a unas 1.250 empresas, no solo vascas sino también de otras comunidades, que pagaban un sobrecoste por el tipo de línea. Cerca de 800 industrias vascas se benefician de un acuerdo que supone unos 50 millones de ahorro para las empresas afectadas y que ahora se encuentra en el aire por la ausencia de unos Presupuestos Generales que incluyan esta partida económica.

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El Gobierno de Iñigo Urkullu y las patronales empresariales vascas defienden que se trata de un acuerdo cerrado que no está a expensas de nuevos compromisos presupuestarios, pero desde el Ejecutivo de Rajoy condicionan la continuidad de esta rebaja a la inclusión de la partida en los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, esta rebaja de la tarifa eléctrica está en entredicho también por la denuncia que presentó la Generalitat de Cataluña ante la UE contra el acuerdo presupuestario de PNV y PP de 2017, al considerar que se trata de ayudas de Estado ilegales. Además, no hay que olvidar que también está el escollo de la negativa de Ciudadanos, la otra pata fundamental para la aprobación de las cuentas públicas, a permitir lo que considera uno de los "muchos privilegios" que se conceden al País Vasco.

La formación de Albert Rivera ha pactado con el Gobierno su apoyo a los Presupuestos al contemplar, entre otras medidas, una subida de las pensiones mínimas y de viudedad del 2%. La no aprobación de las cuentas dejaría sin esta subida a todos los pensionistas, que están convirtiendo Bilbao en la capital de las protestas para exigir unas pensiones justas al Ejecutivo de Rajoy, con manifestaciones todos los lunes. El colectivo de pensionistas es especialmente importante en el País Vasco, al sumar cerca de 548.000 personas, lo que supone casi una cuarta parte de la población vasca.

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Otro colectivo afectado sería el funcionariado, ya que, según ha advertido el Gobierno central, la falta de Presupuestos invalidaría la subida del 1,5% de la masa salarial contemplada en la Ley de Presupuestos vasca de este año para los más de 70.000 empleados públicos. El Ejecutivo, que ha comunicado al Gobierno autonómico su intención de impugnar la ley presupuestaria vasca de no alcanzar un acuerdo en el seno de la comisión bilateral de cCooperación donde se dirimen este tipo de conflictos de forma previa a la vía judicial, contempla una autorización de hasta el 1,75% en los salarios de los funcionarios de cara a este 2018. "Los efectos de la prórroga a nivel social serían muy negativos", advierten desde el PP vasco.