La policía anticaca: el nuevo puesto de trabajo contra los vecinos incívicos de Torrelodones

Los residentes de Torrelodones están cansados de vivir rodeados de excrementos. No todos recogen los restos orgánicos de sus mascotas cuando salen a pasear y hay quienes, desesperados, han dado un golpe en la mesa. Desde hace meses, la plataforma de Atención al Ciudadano del municipio madrileño comenzó a recibir decenas de denuncias al respecto. Por ello, y tras barajar varias opciones, el concejal de Medioambiente, Javier Tato, diseñó un plan: abrir una plaza pública para un agente medioambiental encargado de multar a quienes no limpien las cacas de sus perros.

"Entendemos que las patrullas de policía no pueden estar dedicadas a esto, por eso hemos optado por esta iniciativa", explica el concejal a El Confidencial. La plaza ya está publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) y la oposición se convocará en el próximo mes. En 2025 se repetirá el mismo proceso. La intención, según Tato, es combatir una práctica que "afecta a la vida diaria de las personas".

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Lourdes Barragán

Torrelodones cuenta con 25.093 habitantes (INE) y más de 7.000 perros. Aproximadamente, uno de cada tres vecinos tiene un miembro familiar de cuatro patas. Este porcentaje tan elevado se explica por dos cuestiones fundamentales: por un lado, la cercanía con el entorno natural; por otro, el alto poder adquisitivo de sus habitantes. Por poner un ejemplo, el pueblo de al lado —Hoyo de Manzanares— está más rodeado de naturaleza, pero la renta por hogar y el número de perros, son inferiores.

El conflicto, además, viene de largo. La ordenanza municipal que pretendía combatir la dejadez de los vecinos incívicos se aprobó en 2006. En ella, puede leerse textualmente que "los poseedores de animales están obligados a recoger los excrementos inmediatamente y de forma conveniente, limpiando, si fuese necesario, la parte de vía, espacio público o mobiliario que hubiese resultado afectado". Según Tato, la falta de control provocó que, con el paso del tiempo, los residentes se olvidasen de sus obligaciones.

En 2016, el por entonces equipo municipal lanzó una campaña similar a la actual. En su caso, inauguraron una caca hinchable de tres metros de altura para concienciar a la población. El monumento trascendió hasta tal punto que el Ayuntamiento de La Haya (Países Bajos) quiso implantar una iniciativa similar. No obstante, el problema sigue encallado. "Las multas tienen un importe de hasta 3.000 euros", sentencia el consistorio.

Desde Torrelodones, además, también barajaron la opción del control genético. Esta práctica consiste en reconocer el origen de los excrementos gracias al estudio del ADN. Otros municipios madrileños, como Alcalá de Henares, optó por este modelo anticaca. Pero, para llevarlo a cabo, es necesario que los vecinos se comprometan a alistar a sus animales en el censo canino. Es ahí donde Torrelodones vio un hándicap: "Pensamos que no saldría rentable porque no todos iban a censar a los perros", explican. Por eso se optó por habilitar una oposición específica para estas cuestiones. No obstante, el agente medioambiental que consiga la plaza también tendrá otras labores como el seguimiento de las podas.