Ayuso asume la construcción y gestión de la Ciudad de la Justicia tras el fracaso del último proyecto

Nuevo intento para levantar la Ciudad de la Justicia. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha retomado el proyecto para unificar las sedes judiciales de la región con un cambio de modelo. El Gobierno autonómico, inmerso en este plan desde hace casi veinte años, apuesta ahora por asumir la construcción y la gestión del futuro complejo en lugar de una concesión a 37 años como estaba previsto. El giro se produce después del enésimo fracaso, ya que el concurso abierto durante la pasada legislatura quedó desierto en dos ocasiones. Con un presupuesto de 660 millones de euros y el año 2030 en el horizonte, el Ejecutivo madrileño trabaja ya en la redacción del anteproyecto de obras.

La Comunidad de Madrid lleva años inmerso en una especie de bucle sin fin con este proyecto. Esperanza Aguirre lo anunció en 2004 como Campus de la Justicia y, desde entonces, siempre ha acabado en nada y envuelto en numerosas polémicas y escándalos. Pero la renovada Consejería, que dirige Miguel Ángel García, está seguro de que esta vez será la definitiva. La ubicación será la misma, en Valdebebas (Madrid capital), sobre una superficie total de 236.475 metros cuadrados sobre rasante y otros 198.711 metros bajo rasante, repartidos en más de una decena de edificios.

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El Gobierno madrileño se decanta ahora por la gestión directa, a través de la licitación de un contrato de proyecto y de obra, y repercutiendo el coste en los presupuestos regionales. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local detallan que la construcción se desarrollará en cuatro fases, con 2030 como fecha prevista para la finalización de los trabajos. La tramitación administrativa será entre los últimos meses de 2023 y el próximo año. "La Administración regional ostentará la plena propiedad de las instalaciones y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales", apuntan.

El proyecto, que se desarrollará en cuatro fases, estará listo en 2030 si se cumplen las previsiones

El último precedente acabó en fiasco. Ayuso recuperó el proyecto y convocó un concurso para la construcción y explotación del futuro macrocomplejo, con una concesión para 37 años, a razón de 50 millones de euros por ejercicio (1.850 millones de euros). En el primer intento no se presentó ninguna empresa, según el Ejecutivo autonómico por el contexto de incertidumbre por la guerra de Ucrania y el alza continua de las materias primas.

En el segundo se conservaron las condiciones económicas en líneas generales, pero entonces se eligió un procedimiento negociado y sin publicidad en el que se invitaba a varias constructoras con capacidad para asumir los trabajos. Se contactó con OHL, FCC, Aldesa, Sacyr, Dragados, Ferrovial, Acciona, Azvi, Iridium y Rover Grupo, pero el resultado fue prácticamente el mismo. La única oferta fue la de Iridium, pero los técnicos de la Consejería consideraron que no se adaptaba a las condiciones estipuladas en el pliego.

Plazos del proyecto

La primera fase, que arrancará en 2025 y se extenderá un año, incluye el inicio de las obras y la urbanización del entorno. También los aparcamientos subterráneos. Si se cumplen las previsiones, en este periodo llegará el traslado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ahora en la calle General Castaños y que se instalará en un inmueble distinto al resto, con el requisito de que el diseño arquitectónico sea singular; y el de la Audiencia Provincial de Madrid, dividida en varias ubicaciones. Las mismas fuentes cifran el ahorro de la mudanza en un 50% del coste actual.

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La Comunidad de Madrid calcula que esta legislatura se produzca un avance significativo en la futura Ciudad de la Justicia. Los próximos cuatro años se hará el traslado de un total de 105 juzgados de primera instancia. En la fase 2, que será a finales del mandato, se construirán dos nuevos edificios para el resto del orden civil. En total, 19 juzgados de lo Mercantil, 49 de lo Social y 34 de lo Contencioso-Administrativo, más sus respectivos aparcamientos y servicios. El conocido como 'donut', que alberga el Instituto de Medicina Legal, seguirá abierto y será parte importante en el complejo.

En las dos últimas fases, que se abordarán la siguiente legislatura, se acabarán los tres edificios destinados a la jurisdicción Penal. 54 juzgados de Instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, siete de Menores y seis de Vigilancia Penitenciaria. En esta última remesa también se levantarán los espacios destinados a la Fiscalía y el Archivo Territorial. Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local explican que las mudanzas se abordarán progresivamente, según vayan acabando las obras.