Arquitectos frente a Ayuso por la Ciudad de la Justicia: "Es un proyecto sin diseño ni armonía"
El Colegio de Arquitectos de Madrid presentó un recurso a la licitación del edificio. Pide repensar su diseño, partiendo de un plan sólido que surja tras celebrar un concurso público
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La idea de una gran Ciudad de la Justicia que reúna los 356 órganos judiciales y sus 28 sedes en Madrid no termina de ver la luz al final del túnel. El macroproyecto, que acumula dos décadas en parálisis, fue rescatado este verano por la Comunidad. Pero ahora se enfrenta de nuevo a un ligero revés. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) presentó un recurso contra la licitación, que Isabel Díaz Ayuso aprobó recientemente para revitalizar una medida estrella que terminó convirtiéndose en fantasma. La principal razón de ser de estas alegaciones, presentadas a contrarreloj ante el Tribunal de Contratación Pública, es que el plan previsto entra en conflicto con la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura –en vigor desde el 16 de junio– y la Ley de Contratos del Sector Público, según el argumentario que esgrime el órgano colegial. En otras palabras: la Ciudad de la Justicia en Valdebebas no alcanza los mínimos de calidad arquitectónica que exige la legislación. "Es un proyecto sin diseño ni armonía", insisten.
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La reciente norma a la que se refieren, que regula los criterios de lo que se considera calidad arquitectónica, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Con el objetivo de preservar el patrimonio cultural europeo, persigue la aplicación del "principio de calidad" también en el ámbito de la contratación público. Los arquitectos colegiados creen que el actual proyecto de Ciudad de la Justicia no cumple con los mínimos de calidad exigidos, así como tampoco abre un concurso abierto para aportar ideas "primando lo económico sobre lo arquitectónico". Además, creen que la convocatoria "nace sin diseño preestablecido, de forma que el arquitecto que lo ejecute no estará sometido a ningún criterio de calidad", tal y como defendió el vicedecano del Colegio de Arquitectos, Pablo Olalquiaga.
"Lo único que pedimos es que se respete a la profesión", insistió, aludiendo a que han de establecerse unos requisitos mínimos desde el organismo público que garanticen los criterios arquitectónicos a seguir, con independencia de quién sea el adjudicatario final. Pero insisten en sus buenas relación con la CAM. "Esto no es un conflicto político, y nuestra intención es que el proyecto salga adelante porque creemos que Madrid debe contar al fin con una Ciudad de la Justicia. Pero eso no lo justifica todo, y por eso simplemente reclamamos tener en cuenta la calidad arquitectónica del edificio y reflejar criterios claros en la convocatoria", expone.
Además, reclaman frenar la licitación actual, para reabrirla tras un concurso público al que puedan presentarse proyectos e ideas definidas. La Comunidad estima en unos 2.800 millones euros lo que puede llegar a percibir el adjudicatario una vez aprobada la licencia, así como una inversión inicial de en torno a 500 millones. Es precisamente la importancia y envergadura del macropoyecto lo que ha instado al COAM a pedir la suspensión de la licitación para reabrir un concurso, de carácter público, con el que elegir previamente las bases arquitectónicas en las que se sustentará la futura sede judicial.
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Una historia de idas y venidas
Este recurso, presentado el 17 de agosto en el último día de alegaciones y al que ha tenido acceso El Confidencial, suma un nuevo revés a la larga historia de idas y venidas para una Ciudad de la Justicia en Madrid. Desde que el Gobierno de Esperanza Aguirre puso la primera piedra hasta que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recuperó la idea, han pasado dos décadas. En un paréntesis intermedio, Ignacio González trató de relanzar al término de su mandato el proyecto pese a estar ya envuelto en polémicas, pero el intento derivó en otro fiasco como ya ocurrió con el intento previo de levantar un modelo similar, el Campus de la Justicia. En todo este camino se han derrochado millones de euros, como constató en su día la Cámara de Cuentas. También han sonado campanas de corrupción que salpicaron a exministros y exconsejeros, e incluso se pilló 'in fraganti' el rodaje de una película, que poco o nada tenía con su intención de uso inicial. Y ahora que todo parecía entrar en curso, nuevas trabas parecen acechar al proyecto. Aunque su origen difiere mucho de otras controversias anteriores.
"No queremos abrir una guerra con la Comunidad de Madrid. Nuestra crítica es puramente técnica", resaltan desde el Colegio de Arquitectos ante las primeras lecturas que ha tenido su recurso. Sin ir más lejos, el PSOE de Madrid se pronunció tras conocer las alegaciones del COAM y pidió paralizar el proyecto: "Es el típico pelotazo previo a elecciones", denunció el secretario general, Juan Lobato, que pidió reunirse de manera urgente con Ayuso por "hipotecar" a la región augurando un fiasco similar al que ya vivieron Aguirre o González. Pero los arquitectos insisten en que su crítica se mantiene al margen de cuestiones políticas y se centra, en cambio, en la garantía de "una estructura y tonalidad que se ajuste a la finalidad para la que se crea la Ciudad de la Justicia". Es decir, reivindican que el espacio se dote de un diseño más acogedor, que "acompañe" a las circunstancias de quienes acudan allí en circunstancia acomplejas. En el propio recurso, alegan que este concepto en arquitectura es "mucho más que la apariencia o la cosmética".
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Pero la Comunidad de Madrid se desentiende de las críticas. Su consejero de Presidencia, Justicia e Interior y uno de los responsables políticos del proyecto, Enrique López, tachó a Lobato de "ignorante" y deslegitimó el recurso del Colegio de Arquitectos en declaraciones ante los medios. "Son consideraciones de carácter artístico, y si abrimos ahora un concurso de ideas podríamos tener Ciudad de la Justicia el siglo que viene", ironizó un responsable de la Consejería, que no obstante dice respetar la postura del órgano colegial, pero no cree que su recurso salga adelante. "Queremos agilizar la ejecución del proyecto y economizar su ejecución", explicó Presidencia, que trata de desmarcarse del primer organigrama de grandes firmas arquitectónicas planteado por Aguirre. Sin embargo, el COAM arremete contra una fórmula de concesión de obras que deja a la intervención privada decisiones que, de esta forma, "escapan al control público" y reivindica la contratación de arquitectos de prestigio.
Sobre el porqué ahora, en plena cuenta atrás para las elecciones de 2023, la Comunidad de Madrid sostiene que este es "un proyecto de legislatura". Se apoyan en las peculiaridades de un mandato "anodino, partido por la mitad" –la presidenta convocó elecciones adelantadas el año pasado ante la amenaza de una moción de censura– y niegan la mayor a que existan otros motivos electoralistas, "más allá de la intención de agilizar el plan para comenzar a dar pasos cuanto antes". Algo que también esperan que ocurra en el Colegio de Arquitectos, desde donde ven en éste un proyecto "muy interesante" y garantizan tener buenas relaciones con "esta y todas las administraciones". Pero son incisivos en que han de tenerse en cuenta algunas consideraciones: "La base de una buena arquitectura no tiene que pasar por construir el edificio más caro, ni siquiera el que dure más tiempo. Nosotros apostamos por un buen diseño que se ajuste a lo que alberga un gran edificio de Justicia como este", remarcan, advirtiendo que su aplicación "no es una opción" para las Administraciones, sino una "obligación".
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Opinión "Los órganos y autoridades de contratación pública deben cumplir este mandato [...] a través del patrimonio inmobiliario, haciendo un proceso constructivo y de calidad", reza el recurso de la COAM. Recuerdan que en otros casos, órganos públicos como la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) o el Ayuntamiento de Madrid sí tuvieron en cuenta, en mayor o menor medida, sus consideraciones respecto a determinados proyectos. "Queremos que la Ciudad de la Justicia salga adelante, claro que sí. Pero también queremos que se haga bien", sentencia la COAM.
La idea de una gran Ciudad de la Justicia que reúna los 356 órganos judiciales y sus 28 sedes en Madrid no termina de ver la luz al final del túnel. El macroproyecto, que acumula dos décadas en parálisis, fue rescatado este verano por la Comunidad. Pero ahora se enfrenta de nuevo a un ligero revés. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) presentó un recurso contra la licitación, que Isabel Díaz Ayuso aprobó recientemente para revitalizar una medida estrella que terminó convirtiéndose en fantasma. La principal razón de ser de estas alegaciones, presentadas a contrarreloj ante el Tribunal de Contratación Pública, es que el plan previsto entra en conflicto con la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura –en vigor desde el 16 de junio– y la Ley de Contratos del Sector Público, según el argumentario que esgrime el órgano colegial. En otras palabras: la Ciudad de la Justicia en Valdebebas no alcanza los mínimos de calidad arquitectónica que exige la legislación. "Es un proyecto sin diseño ni armonía", insisten.