Ayuso aplaca la crisis sanitaria a golpe de talón frente a la cautela de otras comunidades

La crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid ha finalizado 115 días después. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso formalizó este jueves con el sindicato Amyts el acuerdo laboral para resolver un conflicto que al Ejecutivo le ha pasado factura en todos los sentidos. El desgaste político ha sido más que evidente, con dos manifestaciones multitudinarias en la capital y una ofensiva sin cuartel de la izquierda en año electoral, pero también en términos económicos. La presidenta autonómica ha aplacado la problemática a golpe de talón, con una subida salarial de hasta 1.150 euros al mes para los médicos y pediatras de atención primaria en la región. El desembolso dista de las actuaciones de otras comunidades autónomas que también han tenido que lidiar con la presión y las huelgas de los profesionales por las carencias del sistema sanitario durante los últimos meses.

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El pacto alivia parte de la sobrecarga asistencial que padecían los sanitarios, con menos pacientes en sus agendas, e incluye varios complementos retributivos que elevan la potencial subida por encima de los 1.000 euros. Ahora se va a pagar un plus fijo de 450 euros mensuales para todos los facultativos de atención primaria. Este, según indican fuentes de la mesa de negociación, sustituye al de productividad existente hasta la fecha por tarjeta sanitaria atendida, que suponía una media de 323 euros para los médicos y 279 euros para pediatras y que ni siquiera llegaba a los profesionales de 44 centros. También se abonarán 500 euros para aquellos que trabajen en el turno de tarde y otros 300 euros mensuales para los que hagan lo propio tres y cuatro días a la semana. Y por último, hasta un máximo de 200 euros por cuatro horas extraordinarias voluntarias, a razón de 50 euros por cada una de ellas.

Otras medidas

Estas mejoras económicas contrastan con las de otras regiones. Todos los gobiernos autonómicos amenazados por las huelgas de atención primaria han reducido en mayor o menor medida la carga asistencial de los médicos y han negociado el pago de las horas extra, pero nadie ha incluido nuevos complementos salariales fijos. La Junta de Andalucía, por ejemplo, estableció un máximo de 35 pacientes por profesional y 45,52 euros por cada hora en el turno de tarde. En la Comunidad Valenciana, por su parte, hay un aumento de la retribución de la hora de guardia, pero en ningún caso hay un plus generalizado.

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Tampoco en Cataluña, aunque este jueves trascendió un acuerdo del Departamento de Salud y el sindicato Metges de entre 5.700 y 19.000 euros al año. Fuentes de esta consejería detallaron a El Confidencial que ya existía y no supone ninguna novedad. "Lo que haremos ahora es revisar su aplicación por si hay algunos sitios donde no se está aplicando bien", declaran.

Ninguno de los territorios ha llegado al extremo de la Comunidad de Madrid. Ni Cantabria, ni Aragón, ni Extremadura, ni Navarra. Tampoco Baleares, que anunció el pago de 4.800 euros al año para los facultativos de Menorca e Ibiza con contratos de tres años. Y Castilla y León, aunque paga 233 euros por cada cuatro horas, está lejos de estas nuevas prestaciones. La realidad es que en ninguna de las comunidades hubo la misma presión que en el caso de Isabel Díaz Ayuso, con dos marchas que reunieron a más de 200.000 personas como protesta por su gestión. Tampoco se dilató tanto la negociación.

Los médicos cobrarán hasta 1.150 euros más al mes, contando el plus fijo y los complementos de tarde u horas extraordinarias

Isabel Díaz Ayuso celebró este jueves el acuerdo alcanzado y recordó que la sanidad es la "joya de la corona" y así seguirá siendo. "Este acuerdo da tranquilidad a los pacientes, a los madrileños y asegura la normalidad de un sistema sanitario que aún tiene mucho camino por delante para mejorar. Pero también el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid de recorrerlo sin escatimar en recursos. Seguiremos trabajando día a día para mejorar la sanidad pública y afianzarla como una de las mejores del mundo", declaró la presidenta madrileña.

En la Comunidad de Madrid, son plenamente conscientes de que nadie ha pagado tanto como ellos para sofocar la crisis sanitaria. La resolución del conflicto hace meses que se convirtió en una prioridad para Ayuso y su equipo, acorralados a apenas unos meses para las elecciones del 28 de mayo. El conflicto, con numerosas reuniones improductivas, se enquistó en mitad de una enorme polémica. Los partidos de la izquierda en la región, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, aprovecharon la inercia de las protestas en la calle e hicieron de este asunto el tema capital de la precampaña. La última concentración, del pasado 12 de febrero, puso de manifiesto que la marea blanca lideraba la oposición contra la presidenta madrileña. A la huelga en atención primaria, además, se sumaron paros de los facultativos de hospitales, aunque la tormenta ha amainado.

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La situación, incluso, condicionó el futuro de Enrique Ruiz Escudero. Más allá de la discusión sobre si el consejero de Sanidad debía ir o no como candidato del PP a Pozuelo de Alarcón, uno de los argumentos de peso para evitar la crisis de Gobierno fue que este tema estaba todavía abierto. "No podíamos desviarnos ni un milímetro del trabajo que estábamos haciendo", dicen desde el entorno de Escudero, que finalmente será uno de los candidatos al Senado por designación autonómica. En el Ejecutivo, esperan que el acuerdo entierre definitivamente la crisis y que esta no influya en los próximos comicios.

El acuerdo ha satisfecho a las dos partes cuando parecía imposible, marcado ya por el ruido del 28-M. La Comunidad de Madrid ofertó al inicio un máximo de 400 euros para el complemento fijo, mientras que Amyts reclamaba 480 euros. Y aunque desde el sindicato lamentan que en otras regiones paguen más por las horas extraordinarias, dan por buenos los términos del pacto. Como informó este diario, también se limitan las agendas de los médicos para aliviar la carga asistencial, con un tiempo por paciente de 10 y 15 minutos en medicina de familia y pediatría, con un máximo de 300. También 30 pacientes en atención primaria y 20 en pediatría, ampliables a otros en casos de urgencias. En segundo término, se valorará la implementación de otras medidas adicionales en los centros donde persistan los problemas de difícil cobertura, a examen de una comisión de seguimiento.