Madrid se rinde ante el ruido: más de 11.000 denuncias, a la basura sin ser tramitadas

Madrid no puede con el ruido de sus calles. La salida del confinamiento y el final de las restricciones han elevado los niveles acústicos de la ciudad hasta unos límites casi insoportables para los vecinos, si bien sus quejas no parecen estar siendo escuchadas. Durante el año pasado, el ayuntamiento recibió casi el triple de propuestas de sanción por ruido de lo que es habitual, 15.200 frente a las 6.500 de promedio, pero ha dejado que 11.600 prescriban sin tramitarlas.

Cuando un ciudadano llama a la Policía Municipal por ruido, una patrulla se presenta en el lugar de los hechos. Sobre el terreno, los agentes deciden si basta con una advertencia para acabar con el problema o, en su lugar, proponen al infractor para una sanción administrativa. Esta es la vía que se utilizó el 80% de las ocasiones durante el año pasado. Después, la propuesta de sanción llega a la Subdirección General de Disciplina Ambiental, dependiente del área de Movilidad y Medioambiente, y es su labor tramitarla para convertirla, si procede, en una multa administrativa.

En el caso de infracciones leves, la multa es de hasta 90 euros. En el caso de infracciones graves, va de 91 a 300 euros. Por último, las infracciones muy graves conllevan una sanción de entre 301 y 600 euros.

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María Zuil Fotografía: Isabel Blanco

En un memorando interno al que ha tenido acceso este periódico, la Subdirección General de Disciplina Ambiental reconoce que se ha visto superada por las circunstancias y que solo ha sido capaz de dar entrada al 23% de las propuestas de sanción de 2021. El resto, al encontrarnos casi en el sexto mes de 2022, ha prescrito, ya que las actas caducan al medio año de su registro.

Esto es, 11.600 comportamientos incívicos han quedado sin sanción. "A pesar de que se han adoptado medidas extraordinarias y coyunturales [Plan de Empleo Temporal, horas extra para funcionarios fijos y eventuales], en 2021 solo han podido iniciarse 3.400 procedimientos por falta de recursos humanos suficientes, quedando sin poder ser tramitadas más de 11.600 propuestas de sanción y de adopción de medidas correctoras", explica la subdirección general en una circular interna.

Las estadísticas muestran un gran incremento de las fiestas en casas entre marzo y septiembre de 2021. Se trata del periodo de restricciones por el covid que impuso la Comunidad de Madrid, que prohibía reuniones privadas y obligaba a los bares y restaurantes a cerrar a medianoche. Según fuentes de la Policía Municipal, esto provocó que muchos clientes, ya entonados después de un tiempo bebiendo en el bar, decidiesen desafiar la normativa y acabar la fiesta en sus domicilios.

En esta línea, el cuerpo municipal lamenta que su trabajo para hacer que se cumpliesen las restricciones haya acabado en un cajón. "Nosotros hemos hecho nuestra parte, si luego los expedientes nunca se inician, no es nuestra culpa", indican.

Este problema puntual, el de las fiestas ilegales, que desapareció con la relajación de las restricciones en septiembre, se suma a otro de mayor enjundia y que no para de cercer: las molestias que generan las terrazas en los vecinos. El número de establecimientos que tienen derecho a poner mesas en el exterior se ha disparado en los últimos cinco años: de las 3.092 terrazas que tenía Madrid en enero de 2017, hemos pasado a casi 7.000 en la actualidad. Se trata de una medida excepcional para compensar a los hosteleros por las pérdidas del covid que les ha permitido utilizar la banda de aparcamiento de sus locales para poner mesas. En principio, el ayuntamiento les dejará hacer hasta 2023, cuando se adoptará una nueva decisión sobre su futuro.

No obstante, el desahogo de los hosteleros es el infierno de muchos ciudadanos. Y, de todas las zonas ruidosas de la ciudad, el eje de la calle Ponzano destaca sobre los demás. Solo en un tramo de 750 metros de Ponzano, su milla de oro, se arremolinan 56 locales de ocio. Los vecinos de este barrio de Chamberí llevan años denunciando que su entorno, acomodado y residencial, se ha convertido en un gigantesco botellón al aire libre.

El caso de Ángel y Carmen es paradigmático. En 1994 se mudaron a un piso que hace esquina entre las calles Bretón de los Herreros y Ponzano. Debajo de su ventana había una floristería, una droguería, una tintorería y tres bares de cañas. "No daban un ruido, fueron unos años fabulosos", dice Carmen. En 2010, impulsados por varios fondos de inversión, la calle Ponzano se fue llenando de restaurantes. Después llegaron los bares y, por último, las discotecas.

"Subió el nivel de ruido, pero no era tan grave, porque al final estaban dentro del local", explica Ángel. La cuestión se tornó insoportable al salir del confinamiento, cuando descubrieron que todos los bares del entorno obtuvieron licencia para instalar una terraza. Desde ese momento, la vida de este matrimonio es un infierno. "Justo debajo de nuestra cama hay cinco bares rodeándonos. Hablamos de calles muy estrechas, donde se genera efecto túnel y basta con una conversación entre cinco personas para no dejarte dormir, porque en casa se oye mucho más fuerte. Bien, pues lo que tenemos cada fin de semana son cientos de personas gritando y locales con las puertas abiertas con música atronadora dentro", lamenta Carmen.

"Y no es solo eso", apunta su marido. "Un sábado cualquiera, te despierta el camión que limpia las calles con agua a presión a las seis de la mañana. Le siguen los camiones de suministro de los bares, que toman la calle durante toda la mañana. Se marchan antes del mediodía, justo cuando llegan los primeros a tomar el aperitivo. A la una de la tarde, la calle ya está llena de gente. Luego vienen la comida, la sobremesa y las cañas de media tarde. Finalmente, cae el sol y es cuando llega la invasión de chavales a beber. El ruido es terrible, porque también se atascan las dos calles del ir y venir de taxis, y no puedes ni bajar al perro porque no hay espacio en las aceras. A medida que avanza la noche, la juerga va subiendo de nivel y hay gritos, peleas y gente vomitando en cualquier sitio. En torno a las seis de la mañana empieza a irse la gente a casa y crees que puedes dormir un rato, pero no, porque ahí está otra vez el camión del agua a presión metiendo bulla con el compresor".

"Nuestra calle se ha convertido en la conquista del Oeste: en cuanto hay un espacio que no parece asignado, algún hostelero monta ahí su chiringuito y da la tierra por conquistada. Los vecinos ya no tenemos casi espacio público", lamenta el matrimonio.

Un problema que ha llegado a Europa

El Organillo es la punta de lanza del movimiento vecinal de Ponzano contra el ocio descontrolado. Calculan que, durante el año pasado, denunciaron en torno a 600 casos de ruido en sus calles, por eso la noticia de que la mayoría de expedientes han prescrito sin ser tramitados les cae como un jarro de agua fría: "Ya sospechábamos que nuestras denuncias no iban a ningún sitio, pero saber a ciencia cierta que han quedado en un cajón... Uf, es una sensación de indefensión tremenda", dice emocionada Pilar Rodríguez, portavoz de la asociación.

El barrio lleva años luchando por que se considere zona de protección acústica especial (ZPAE), como sucede en el distrito Centro, para limitar la proliferación de bares. El ayuntamiento instaló en febrero del año pasado 22 sonómetros en distintas casas del barrio para concluir que en las 22 se registran niveles de ruido por encima del máximo. "Creíamos que eso sería suficiente para que nos nombraran ZPAE, pero parece que no, que todo sigue igual y que cada día hay más terrazas", responde Rodríguez.

El ayuntamiento prevé que el eje de Ponzano será considerado ZPAE a finales de año.

Desde la asociación vecinal, afirman que ponen "varias decenas de denuncias cada día", con la esperanza de que al menos se presente la Policía Municipal, pero que han dejado de ser efectivas. "La policía ya ni viene. De las últimas 400 denuncias, creo que nos han contestado a 12. Simplemente, no tienen recursos para ocuparse de lo que sucede en Ponzano. En su lugar, algunos hosteleros han contratado seguridad privada, que se supone que es para controlar a sus clientes, pero que nosotros no queremos ni verlos por aquí, porque esa seguridad cobra del hostelero y solo a él le obedece. Todavía un día bajo a protestar por el ruido y acabo cobrando de la seguridad privada", dice Pilar. "Nosotros queremos una seguridad pública, que solo se deba a la ley".

Los vecinos han llevado el ayuntamiento a los tribunales. Paralelamente, solicitaron el amparo del defensor del pueblo, que estimó su causa y pidió informes al ayuntamiento. "¿Sabes qué contestaron? Que les estábamos pidiendo demasiados papeles y que ellos no podían dedicarse a esto, que no tenían tiempo", dicen en la asociación.

Como última instancia, los vecinos de Ponzano han elevado su cuestión hasta la Comisión Europea, que esta semana ha admitido a trámite la petición de investigar el problema de ruido de Chamberí. Ante Bruselas, los vecinos de Chamberí han explicado que se superan 10.000 veces los niveles de ruido en el barrio y que se sienten desamparado por las autoridades municipales. Se trata, en definitiva, de un logro más mediático que operativo, pero que demuestra que los vecinos de Ponzano también saben hacer ruido.