Una jueza da la razón a un 'bastión' de Carmena en su pulso contra Almeida por su desalojo

Es julio y son las cuatro de la tarde, el calor aprieta en Malasaña. Aurora vuelve a casa mientras cruza la Plaza del Dos de Mayo. Los 33 °C todavía no han derretido el barrio, todo parece normal salvo por un detalle: cuatro personas entre los que hay dos cerrajeros, enviados presuntamente por el Ayuntamiento de Madrid, están tratando de cambiar la cerradura del espacio vecinal de la Casa del Cura. No pasa ni media hora desde que la vecina da el aviso para que se presenten ahí un multitudinario grupo de residentes del barrio. Hasta los propios 'sintecho' que había en la plaza fueron a ayudar a los vecinos. "Esta gente me da de comer, como no les voy a ayudar", decía uno de ellos en plena convulsión vecinal. La situación cada vez está más candente, algunos intentan bloquear la puerta pacificamente para impedir que sigan con su actuación, pero todo termina enfriándose cuando un vecino llama a la Policía Nacional. Al no haber orden judicial, ni sentencia firme, no se podía llevar a cabo el desalojo, por lo que los malasañeros ganaron la batalla, pero no la guerra.

Por el momento, la Justicia de la razón a los vecinos de la Casa del Cura porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ayer mismo, dictó sentencia a favor de los vecinos y anuló el intento del Ayuntamiento de recuperar de forma anticipada este edificio municipal. Se paraliza así el desahucio administrativo que el consistorio ordenó hace a penas una semana.

El inmueble fue cedido durante el Gobierno de Manuela Carmena a cerca de 40 entidades de Malasaña (Haciendo Barrio), hasta 2023, con la idea de poner en marcha un proyecto común ciudadano tras presentarse a un concurso público para la gestión del edificio. La pandemia del covid-19 impidió que se pudiese utilizar el espacio con la idea inicial, sin embargo, por otra parte sirvió para llevar a cabo otras actividades tan importantes como una despensa solidaria que según afirman ha permitido que casi 200 familias puedan alimentarse en el momento más duro de la pandemia. La despensa todavía sigue funcionando y con la relajación de las medidas sociosanitarias se ha ido recuperando la actividad vecinal en el inmueble.

Los problemas para este proyecto vecinal empiezan en junio de 2020, cuando el actual Gobierno municipal, de José Luis Martínez-Almeida decide revocar el contrato de cesión. Fuentes oficiales del Ayuntamiento explican a este medio que la anterior Corporación cedió este edificio "sin reunir las condiciones de accesibilidad y energéticas". Aclaran que es el actual Gobierno municipal el que ha ejecutado las obras de adecuación. Añaden que una vez comunicada a la asociación la revocación de la cesión del espacio, la junta intentó recuperar de oficio el inmueble, "pero no fue posible por la violencia ejercida por los allí presentes sobre los cerrajeros".

El consistorio pretende destinar el inmueble a una nueva oficina de Servicios Sociales en el distrito Centro, "ya que supone un enclave cercano para los vecinos de Malasaña a los que se evita que se tengan que desplazar a los otros dos centros existentes en el distrito", aclaran fuentes oficiales del Ayuntamiento. Añaden que el contrato de cesión recoge una cláusula que estipula que, en caso de necesidad para fines de interés público, la Junta Municipal del Distrito de Centro recuperaría el inmueble para uso institucional.

“No llegamos a entrar a la reunión y ya se había publicado en los periódicos que habían decidido revocar la cesión del espacio vecinal”

La Casa del Cura es una de las pocas infraestructuras culturales y vecinales que existen en el barrio madrileño. Pilar Cirugeda, una de las portavoces del movimiento vecinal explica a este medio que esto es algo más que un proyecto vecinal. "En el momento más duro de la pandemia, entre todos, creamos una despensa solidaria con la que hemos ayudado a muchas familias, entre las que había mucha gente de clase media que se vio sin trabajo y sin recursos".

Según Cirugeda todo se torció el 19 de junio de 2020, fecha en la que se celebró una reunión entre los vecinos y el concejal del distrito Centro, José Fermández Sánchez (PP), con el fin de decidir el futuro del espacio. “No llegamos a entrar a la reunión y ya se había publicado en los periódicos que habían decidido revocar la cesión”, afirma la portavoz.

En este sentido desde el Ayuntamiento indica que "la Junta de Centro pretende utilizar el edificio para una oficina satélite de servicios sociales que va a permitir distribuir, junto a los otros dos centros de servicios sociales del distrito, el de Puerta de Toledo y el de Maravillas, a los 55 profesionales que forman parte de este departamento en Centro, al que recientemente y debido a la pandemia se ha incorporado cuatro de ellos, por lo que es necesario mayor espacio para la distribución del personal".

Sostienen que en concreto, este nuevo espacio permitirá atender "las necesidades de numerosas familias que acuden a estos servicios. Se ha calculado la distribución de cinco trabajadores por planta, 20 en total". Por otra parte, fuentes vecinales critican que ahora mismo solo existen dos edificios de Servicios Sociales, pero que uno ha permanecido cerrado por las tardes por falta de personal.

Pulso judicial: del Contencioso al TSJM

La Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro, gestora del proyecto Haciendo Barrio, interpuso en agosto de 2020 una denuncia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 por un presunto delito de coacción por parte de la Junta Municipal de Centro tras el intento fallido de cambio de cerradura por parte del Ayuntamiento. El juez frenó el desalojo al "valorar el servicio público y la aportación social del proyecto".

Precisamente, la resolución judicial sostiene que "no se trata de una ocupación ilegal, sino que el uso del edificio fue concedido legítimamente a la Asociación recurrente por el Ayuntamiento de Madrid, siendo el desalojo, aún por las causas indicadas por el Ayuntamiento, de ayuda a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, un evidente perjuicio de difícil reparación, a lo que se une que los fines de la Asociación son proyectos de interés público y social, razón por la que le fue concedido el uso del edificio". En consecuencia el magistrado decide tomar medidas cautelares y procede a suspender el desalojo hasta que se resuelva el recurso.

La resolución del judicial es un respiro y un paso algo significativo para los vecinos, pero esto no va a impedir el desalojo definitivo, porque el proceso judicial todavía no ha terminado. Precisamente, tras conocer el fallo estimatorio, El consistorio ha confirmado a este medio que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "porque la voluntad de la junta de Centro es que el centro de servicios sociales sea permanente, al igual que su personal, no temporal como expresa la juez en el fallo". Lamentan que el retraso en la devolución de este inmueble "está provocando que las personas del distrito de Centro no puedan disponer de una instalación muy necesaria en estos momentos, para la que hay prevista una inversión que se va a perder, puesto que la adaptación del espacio está presupuestada para este ejercicio".

Desde un coro hasta clases de autodefensa

El edificio -de 640 metros cuadrados y cuatro plantas- ha albergado en los últimos tres años un gran número de actividades, más de 22, entre los que se encuentra la ya mencionada despensa solidaria, clases de español para migrantes y refugiados, terapias psicológicas, clases de autodefensa, un grupo de teatro, un coro vecinal, debates feministas y grupos de autoconsumo ecológicos y de proximidad.

En la planta baja se halla la despensa allí Jaime López cuenta a este medio, que cada dos jueves al mes acuden al inmueble al rededor de 90 familias para recoger la “compra”. Aclara que esta despensa no solo se nutre de donaciones de los vecinos, sino también de los propios negocios del barrio.

Ya en la puerta, Irene, una chica que colabora dando clases de español a migrantes, cuenta que este espacio es necesario para que los migrantes puedan integrarse en la sociedad, y evitar así que se formen guetos. Cuenta que han ayudado más de 100 personas enseñándoles algo tan fundamental como el idioma del país al que han migrado.

Cirugeda, la portavoz, que escucha a Irene con atención, se suma a la conversación y añade que es fundamental crear red en un barrio, ya no solo porque fomenta la convivencia sino porque puede ser clave en momentos muy determinados, como por ejemplo sucedió con la borrasca Filomena, allí los vecinos se organizaron en cuadrillas y comenzaron a despejar el hielo y la nieve que bloqueaba las aceras y los accesos a edificios.

Esta batalla judicial tiene lugar en un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid ha desmantelado más espacios vecinales autogestionados y que fueron cedidos de forma legal durante el gobierno de la exalcaldesa Manuela Carmena. Así le sucedió en enero al Espacio Vecinal de Arganzuela y hace unos meses con la Casa de Cultura de Chamberí, donde el consistorio planea instalar un centro de inteligencia artificial que aún no ha sido puesto en marcha.