Investigan a la alcaldesa de Móstoles, protegida de Sánchez, por prevaricación y malversación

La Justicia acorrala a la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, protegida de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La titular del Juzgado número 1 de Móstoles, María Pinto, ha citado a la dirigente del PSOE a declarar en calidad de investigada el próximo 18 de noviembre, a las 10:45, por haber perdonado supuestamente una deuda de casi dos millones y medio de euros a una empresa dedicada a las inspecciones de ITV, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

Las actuaciones son el resultado de una querella interpuesta por la marca local de Más Madrid, Ganar Móstoles, que fue admitida a trámite el pasado abril y que ya había provocado las imputaciones del tesorero del consistorio y del exconcejal de Hacienda, del mismo partido que Posse. Según la formación que lidera Íñigo Errejón, la primera edil y su equipo aprobaron de manera fraudulenta en octubre de 2020 y por la vía de urgencia “una quita de la deuda de 615.000 euros” a la mercantil ITV Móstoles SL, que en 2011 resultó adjudicataria de un contrato por el que estaba obligada a pagar un canon a las arcas municipales que no habría satisfecho durante varios ejercicios.

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Además de la condonación, Posse también habría presionado al resto de ediles para sacar adelante un fraccionamiento, “sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años vista”, del resto de la cantidad que adeudaba la sociedad y le habrían concedido una rebaja del 50% en el canon de 2020 y siguientes años, a pesar de que el interventor advirtió de que se trataba de decisiones sin sustento legal que resultaban claramente lesivas para los intereses del ayuntamiento. Este funcionario fue destituido por Posse el pasado 5 de mayo, justo después de las elecciones a la Asamblea de Madrid.

La citación de Posse supone un salto cualitativo en las diligencias. Fuentes próximas a la investigación señalan que la dirigente del PSOE se habría involucrado personalmente en la tramitación de la quita a ITV Móstoles SL para asegurarse de que saliera adelante. Además de su declaración, la jueza Pinto también ha llamado para que comparezca como testigo ese mismo día aun auditor, José Joaquín Navarro, que habría sido utilizado por la alcaldesa socialista para tratar de dar una cobertura jurídica a la decisión.

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En paralelo a la investigación del Juzgado número 1 de Móstoles, los acuerdos relacionados con la ITV también están en el punto de mira del Tribunal de Cuentas, que el pasado febrero decidió abrir sus propias diligencias sobre el impacto contable que la condonación de la deuda tenía en las finanzas municipales.

Posse tiene hilo directo con Moncloa. La dirigente mantiene una estrecha relación de amistad desde hace años con Iván García Yustos, que en la actualidad es director del Departamento de Asuntos Institucionales del Gobierno y está considerado uno de los asesores en la sombra que más influyen en Pedro Sánchez. Antes de llegar a ese puesto en Moncloa, García Yustos también fue concejal socialista en Móstoles y posteriormente dio el salto a la Asamblea Regional de la mano de Rafael Simancas. En 2003, García Yustos fue acusado de utilizar un teléfono móvil del Ayuntamiento de Móstoles para hacer 27 llamadas a líneas eróticas 906 a altas horas de la madrugada, pero la denuncia fue archivada.

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Posse protagonizó otro escándalo en 2019 cuando se descubrió que había colocado a familiares y amigos en puestos de confianza del ayuntamiento. En concreto, enchufó a una hermana, una amiga y al gerente de la empresa de suelo de Móstoles, además de concederle un complemento de 1.600 euros mensuales a un tío que era funcionario municipal. El entonces secretario general de PSOE madrileño, José Manuel Franco, le pidió que dimitiera, a lo que Posse se negó.

Finalmente, el comité federal del PSOE salió en ayuda de la alcaldesa. En agosto de 2020, más de un año después de que saltara este episodio de nepotismo, Ferraz cerró el expediente con la imposición a Posse de una suspensión de militancia de nueve meses que, en ese momento, se dio por cumplida porque la dirigente se encontraba de baja cautelar en el partido desde octubre de 2019. En la actualidad, no pesa ninguna sanción interna sobre ella.