Investigan al tesorero y al exconcejal de Hacienda de Móstoles por perdonar tributos
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TRAS UNA QUERELLA DE MÁS MADRID

Investigan al tesorero y al exconcejal de Hacienda de Móstoles por perdonar tributos

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad madrileña les cita a declarar el próximo 15 de julio

placeholder Foto: La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (1d), durante un pleno del ayuntamiento en 2019. (EFE)
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (1d), durante un pleno del ayuntamiento en 2019. (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado a declarar el próximo 15 de julio al actual tesorero del ayuntamiento, Francisco Javier Torner, y al exconcejal de Hacienda, Aitor Perlines, en el marco de la investigación abierta contra el Gobierno municipal por supuestos delitos de prevaricación y malversación. Las actuaciones se derivan de una querella, interpuesta por Gabriel Ortega y Susana García, concejales de Ganar Móstoles —marca local de Más Madrid—, y admitida a trámite el pasado abril, contra la alcaldesa de la localidad, la socialista Noelia Posse, y el resto de miembros de su Ejecutivo, a quienes ambos portavoces acusan de haber perdonado, supuestamente, casi dos millones y medio de euros a una empresa. La compañía, adjudicataria de un contrato desde 2011, debía abonar un canon anual por su actividad al consistorio, pero a lo largo de los últimos años ha contraído sustanciosas deudas.

Según consta en la querella, los dos concejales de Más Madrid-Ganar Móstoles —formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el Gobierno local de PSOE y Podemos— atribuyen a la Junta Municipal el haber aprobado fraudulentamente "una quita de la deuda de 615.000 euros" a la mercantil ITV Móstoles S. L., así como "el fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]". A juicio de los querellantes, esto último supone "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".

Foto: La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. (EFE)

En el escrito, los dos concejales de Más Madrid también acusan al Gobierno mostoleño de haber obviado deliberadamente los informes del interventor del ayuntamiento —encargado de supervisar la gestión financiera del consistorio—, quien se opuso de forma contundente a esta rebaja, hasta el punto de acabar remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas en el que alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal".

placeholder Perlines, a la izquierda, junto a la alcaldesa mostoleña, Noelia Posse. (Ayuntamiento de Móstoles)
Perlines, a la izquierda, junto a la alcaldesa mostoleña, Noelia Posse. (Ayuntamiento de Móstoles)

Dicho funcionario fue cesado el pasado 5 de mayo —justo un día después de las elecciones autonómicas en Madrid—, un movimiento que la oposición tacha de clara represión por haber denunciado esta presunta corrupción ante el organismo fiscalizador, que, tal y como avanzó El Confidencial, abrió una instrucción, casi paralela en el tiempo a la de la jueza, tras observar "irregularidades" en la gestión municipal.

El interventor que denunció esta gestión ante el Tribunal de Cuentas fue cesado el pasado 5 de mayo

Por su parte, en una nota informativa, el ayuntamiento alegó que la destitución del funcionario se debió a que este "dio el visto bueno a adjudicaciones que ahora están siendo investigadas por los tribunales por presunta corrupción" en el marco de las tramas Púnica y Gürtel, vinculadas a dos exregidores del PP imputados, y acusó a este partido de "mentir" sobre el cese.

Recuerda también que el de interventor es un puesto de libre designación y enmarcan su destitución en un "proceso de renovación" del Gobierno local para "romper con cualquier rastro de corrupción". Y refuerzan su decisión argumentando que "el hasta ahora interventor ha sido el responsable de fiscalizar, sin ninguna objeción, los presupuestos del Instituto Municipal del Suelo (IMS), un ente con una deuda de 53 millones de euros que está al borde de la quiebra".

Foto: La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tras ser reprobada por todos los grupos municipales por los nombramientos de cargos de confianza en 2019. (EFE)

Sin embargo, en un informe al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio de Hacienda —que se pronunció sobre la petición del cese por parte del ayuntamiento, ya que el cargo de interventor tiene habilitación nacional— no aprecia "falta de diligencia en el desempeño de las funciones legalmente asignadas a la Intervención General del Ayuntamiento de Móstoles en lo relativo a la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad mercantil municipal IMS". "No han quedado acreditadas las circunstancias de pérdida de confianza exigidas jurisprudencialmente, por lo que la propuesta de cese formulada no puede ser informada favorablemente", incidía el informe de Hacienda, cuya valoración, no obstante, no es vinculante.

Contactado por este diario, el ayuntamiento mostoleño indica que la presencia de Torner ante la jueza María Pinto —declarará "en calidad de querellado" y asistido por su abogado, al igual que Perlines, el próximo día 15, a partir de las 11 de la mañana— se debe a que es el responsable de la Tesorería, y fue este organismo el que elevó a la Junta de Gobierno dicha propuesta económica. Del mismo modo, aseguran, expondrá en sede judicial los detalles de la documentación requerida por el juzgado al ayuntamiento mostoleño y remitido por este en una actitud de "total colaboración".

Esquivar los informes en contra

Al utilizar un terreno público para ejercer su actividad privada, la empresa concesionaria ITV Móstoles S. L. debía pagar al ayuntamiento un canon de 147.653 euros anuales. En noviembre de 2017, según consta en la querella, la deuda de la empresa ascendía a 548.749,42 euros. En febrero de 2019, desde la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio —a propuesta de la Tesorería del ayuntamiento, encabezada por Torner, entonces director suplente de Gestión Tributaria y Recaudación—, se plantea a la Junta de Gobierno local una rebaja del canon anual de la mercantil hasta los 95.000 euros. No obstante, un informe del secretario general municipal se opone a esta propuesta, al considerar que "no cabía reequilibrio económico". Unos meses después, en julio de 2020, la concesionaria solicitó una rebaja de su tasa a 60.000 euros y a efectuar una quita del 50% de la deuda de la empresa hasta la fecha, que rondaba los 1,2 millones de euros.

En septiembre de 2020, la Junta de Gobierno acuerda aprobar el preconcurso de acreedores de ITV Móstoles S. L., a pesar de los informes en contra del interventor del ayuntamiento, que manifiesta que el consistorio no puede aprobar dicha fase, que solo puede ser adoptada por un juez mercantil.

Foto: La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tras ser reprobada por todos los grupos municipales por los nombramientos de cargos de confianza en 2019. (EFE)

"La Junta de Gobierno, conociendo ya la posición desfavorable de los funcionarios de la Secretaría e Intervención, porque se quería acordar una quita no prevista en la legislación concursal y expresamente prohibida por el Derecho Público, con grave perjuicio para la Hacienda Local, aprobó la solicitud de preconcurso, que tan solo tenía por finalidad dar una apariencia de legalidad a lo que se pretendía hacer desde el año anterior, que era modificar a la baja el canon de la concesión y, además, en esta ocasión, imponer una quita en contra de la legislación del sector público", reza la querella.

En septiembre, la empresa solicita al Juzgado de lo Mercantil que archive la solicitud del preconcurso y al ayuntamiento que se valide la condonación del 50% de la deuda, el aplazamiento a 20 cuotas anuales del resto y la reducción del canon a 60.000 euros al año.

En la querella, los dos concejales de la marca local de Más Madrid acusaban a la Junta de Gobierno de perdonar tributos

De acuerdo con la querella, "la maniobra de la concesionaria y de los cooperadores en el ilícito era evidente": en ella, se tacha el procedimiento preconcursal y la posterior petición de archivo del preconcurso de "mero artificio para dar apariencia de legalidad a la quita". El interventor municipal, de nuevo, redactó un informe en el que se oponía a esta actuación. En octubre de 2020, mediante una declaración de urgencia a propuesta de la alcaldesa, se aprobó por unanimidad la condonación del 50% de la deuda de la empresa, la reducción del canon anual y el aplazamiento hasta 2040, sin intereses ni recargos, del resto del impago, a razón de 30.000 euros al año.

"Dicha declaración de urgencia en el mismo día fue adoptada a pesar de la oposición [del interventor], con una clara intención defraudatoria, a los efectos de evitar que tanto la Secretaría como la Intervención pudieran pronunciarse en sus respectivos informes, como había venido ocurriendo hasta el momento", reza el documento. Por todo ello, ambos concejales de Más Madrid-Ganar Móstoles consideran que "la decisión de condonar la deuda a la empresa ITV Móstoles S. L. no puede ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente aceptable" y podría constituir los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

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