El Ayuntamiento de Móstoles, investigado por perdonar tributos a empresas

El Tribunal de Cuentas ha ordenado abrir diligencias por las "irregularidades" que ha detectado en el Ayuntamiento de Móstoles, presidido por la socialista Noelia Posse. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la alta instancia económica rechaza las alegaciones presentadas por el consistorio y traslada las pesquisas a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de que esta nombre un instructor y ponga en marcha la investigación. La decisión tiene lugar después de que el interventor del ayuntamiento denunciara que el Gobierno municipal no cobraba los tributos establecidos por ley a algunas empresas concesionarias de servicios.

"Los hechos se refieren a la presunta falta de recaudación de ciertos cánones adeudados por varias concesionarias", resume el mencionado auto del Tribunal de Cuentas, que concreta incluso algunas de estos montantes que ha dejado de percibir el consitorio. "Respecto a la mercantil ITV Móstoles, el interventor denuncia que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2020 se acordó una reducción del canon anual de los 147.654 euros originales a 60.000 euros por año, la quita de 615.000 euros de la deuda por los cánones impagados y, respecto de dicha deuda, el fraccionamiento de la misma hasta 2040 sin intereses de demora ni garantía de pago", detalla el mencionado auto, que destaca un claro "perjuicio para los caudales municipales" derivado de esta condonación.

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EFE

La denuncia del interventor fue presentada junto a una gran cantidad de documentación el pasado 11 de diciembre. En su escrito, además del asunto relativo a la empresa de ITV, el técnico aludió a las concesionarias Coninser 2000 y Arquitectura, Ingeniería y Servicios. Respecto a la primera, dijo, el ayuntamiento renunció a recaudar "los cánones desde el año 2009 al 2017". En el último ejercicio citado, añade el auto, el consistorio hizo una liquidación de todos los tributos anteriores. "A consecuencia de ese proceder, se habría causado la prescripción de los derechos por los cánones correspondientes al periodo 2009 a 2013", concluye el tribunal con base en el escrito presentado por el interventor, que explica el método utilizado para evitar cobrar las siguientes tasas.

"Se habría concedido un plazo para su pago y, llegado el último día de dicho plazo, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta que se resolviese una petición de la mercantil concesionaria para que el importe de los cánones adeudados fuese compensado con otros créditos que dicha concesionaria tenía contra el ayuntamiento", describe el Tribunal de Cuentas, que añade que los hechos que relata el interventor implican un perjuicio para las arcas municipales de la agencia recaudadora del consistorio. "La denuncia se extiende a la resolución del concejal de Hacienda de 20 de octubre de 2020 en la que, con la presunta vulneración de la legalidad vigente, se habría reconocido la existencia de una deuda a favor de la concesionaria por importe de 822.253 euros, una parte de los cuales se habría compensado con los cánones antes referidos, con el consiguiente daño para la Hacienda municipal", explica el alto tribunal.

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Respecto a la concesionaria Arquitectura, Ingeniería y Servicios, agrega el mencionado auto, el escrito "denuncia que no fue hasta 2016 cuando se giraron las liquidaciones correspondientes a los cánones de 1993 a 2015". "La prescripción de los cánones relativos a los ejercicios de 1993 a 2012 fue declarada por sentencia de 17 de octubre de 2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Madrid", añade el Tribunal de Cuentas, que refiere que, según el interventor, "no hay constancia de que se haya realizado actuación alguna respecto del cobro del resto de cánones devengados".

La decisión de seguir adelante con la investigación tomada por el alto tribunal apunta en la misma línea que mantiene la Fiscalía, que pide igualmente nombrar instructor al no considerar suficientes las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Móstoles para descartar la existencia de responsabilidades contables. "Esta juzgadora coincide con el Ministerio Fiscal en que no cabe apreciar en este momento que concurra ninguno de los supuestos previstos para acordar el archivo, por lo que procede que la Comisión de Gobierno nombre instructor para practicar diligencias" que aclaren las "presuntas irregularidades" relatadas.

La investigación abierta por el Tribunal de Cuentas tratará de determinar no solo el montante que el consistorio ha podido llegar a perdonar a estas concesionarias, sino también el dinero que por lo tanto han dejado de percibir las arcas municipales así como el número de compañías que han podido beneficiarse de esta decisión del ayuntamiento de condonar deuda y rechazar el cobro de tributos. Según ha podido saber El Confidencial, el interventor habla de más sociedades que habrían eludido el pago de tasas y cánones a través de la aplicación de mecanismos diferentes con el beneplácito del ayuntamiento. Desde el consistorio por su parte restan valor a la investigación. Trasladan a El Confidencial, en concreto, que el Tribunal de Cuentas ha iniciado un "proceso normalizado" dentro de las funciones que tiene atribuidas y que ha abierto las mencionadas diligencias de forma "preliminar porque considera que necesita más información" y con el fin de requerirla nombra al mencionado instructor.

Una polémica sobre otra

Las diligencias iniciadas por el Tribunal de Cuentas se unen a las abiertas por la Cámara de Cuentas contra la alcaldesa precisamente por otorgar supuestos tratos de favor a empresas del municipio a las que redujo la cuota impositiva. Estas últimas pesquisas también tienen como base los informes del interventor municipal que desvelan que el Gobierno local aplicó una suerte de "amnistía fiscal" a algunas sociedades que "generó mucha preocupación" al autor de las denuncias, que en su escrito elevado a la Cámara de Cuentas también menciona el caso de la ITV a la que el consistorio le perdonó la deuda.

Ambas pesquisas además se suman a otros escándalos que han rodeado a Posse. El juez Pablo Ruz dedujo testimonio contra la alcaldesa por mentir en sede judicial en el marco de una denuncia interpuesta por varios funcionarios que ha conllevado el registro del Ayuntamiento por parte de la Unidad Central Operativa hasta en dos ocasiones, en septiembre y en noviembre de 2020. El cese de uno de los funcionarios que habían denunciado esta supuesta corrupción fue luego anulado por orden judicial. Posse también fue objeto de una polémica a cuenta del nombramiento de amigos y familiares en altos cargos de confianza del ayuntamiento. Todos estos conflictos han provocado que la alcaldesa esté puesta en entredicho dentro también del Partido Socialista, aunque en todo momento ha sido apoyada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la tradicional relación que la regidora mantiene con asesores del jefe del Ejecutivo.