Atrapada entre Púnica y la política: la lucha de una empleada por cobrar su sueldo

M. E. P. se pasó seis meses sin cobrar su nómina porque tuvo la mala suerte de estar en el sitio inadecuado en el peor momento. Seguía yendo a trabajar, pero sin recibir ingreso alguno que remunerara su tarea. Una vez que arregló el entuerto, la mala fortuna volvió a posarse sobre su cuenta corriente, que de nuevo experimentó la ausencia de retribución durante varios meses como consecuencia esta vez de depender laboralmente de un organismo con enorme vinculación política donde concluyen intereses enfrentados.

La mujer, en concreto, es secretaria de administración en Móstoles Tecnológico y su primer periodo sin cobrar lo sufrió a causa del caso Púnica. Un consejero del consorcio, Alejandro de Utrilla, que además era concejal del Ayuntamiento de Móstoles, estuvo imputado en la investigación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. El edil era además apoderado de la cuenta corriente del organismo, cuya propiedad se dividían al 50% el consistorio de Móstoles y la Comunidad de Madrid. Al embargar la Audiencia Nacional todos los depósitos de Utrilla como consecuencia de la investigación judicial, quedó también inmovilizado el depósito bancario del consorcio.

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El embargo provocó que M. E. P. se quedara sin cobrar, ya que su sueldo salía de esa hucha bancaria. Desde diciembre de 2018, un mes después de que diera a luz a su segundo hijo, y hasta junio de 2019, su bolsillo no recibió ingreso alguno como consecuencia de su trabajo como secretaria del organismo. A pesar de esto, ella siguió yendo a trabajar cada día durante medio año. Tuvo que enviar un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que el organismo público pidiera a la Audiencia Nacional el desbloqueo de la cuenta con el fin de que ella pudiera cobrar lo que le debían, extremo que finalmente consiguió después de mucha insistencia.

Sin embargo, el desagradable episodio no sería el único que sufriría la mujer, quien apenas cuatro meses después de solucionar ese periodo en blanco se vio sorprendida por una nueva repetición de la 'jugada', aunque esta vez por otros motivos. En noviembre, el dinero de la caja del consorcio se acabó, según le informó su jefe, Carlos Ucar Arnedo, gerente del organismo. ¿Cómo podía ser posible? La razón, según explica la propia M. E. P., es que uno de los dos dueños del organismo público no asumía su parte de responsabilidad. Ella era la única empleada y, por lo tanto, solo ella estaba afectada. Ucar Arnedo dependía de la empresa pública Obras de Madrid, de la que sí cobraba religiosamente su salario.

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Una sentencia judicial obligó a Móstoles Tecnológico a abonar a la empresa pública Madrid Network 190.000 euros, que se sumaban a la deuda que también tenía que afrontar el consorcio con un grupo de proveedores y que ascendía a 200.000 euros. En total, casi 400.000 euros que el consejo de administración de Móstoles Tecnológico decidió que pusieran sobre la mesa a partes iguales la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, los dos propietarios. El Gobierno regional asumió su parte, pero el consistorio se negó a hacerlo.

El consorcio se lo reclamó vía burofax, pero el ejecutivo municipal hizo caso omiso. Ucar Arnedo se reunió con el concejal de Hacienda, Aitor Perlines Sánchez, pero este no le dio solución alguna. "Si los entes consorciados no pagan, yo no puedo inventarme la tesorería de la nada, estoy atado de pies y manos, no puedo hacer nada más", asegura Ucar Arnedo a El Confidencial. "El consorcio no tiene liquidez porque el Ayuntamiento de Móstoles no atiende sus obligaciones", resume el gerente. La afectada, por su parte, envió una carta al ayuntamiento en la que informaba de que el consorcio no podía pagar las nóminas. Igualmente, remitió otras misivas a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y a Obras de Madrid, de quien depende el gerente del consorcio. Solo esta última empresa pública respondió.

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Obras de Madrid contestó a M. E. P. que ella era empleada de Móstoles Tecnológico y que era ese consorcio el que debía hacerse cargo de su nómina. Fue en ese momento cuando la afectada decidió personarse en el despacho de la subdirectora general de Consorcios Urbanísticos de la Consejería de Medio Ambiente, Sonia Méndez, que igualmente recordó a la visitante que la comunidad había asumido su parte del pago, que era el consistorio el que debía cumplir, que no tenía otra que irse a los juzgados o presentarse en el consistorio.

El Ayuntamiento de Móstoles no paga

Tras varios intentos fallidos, lo único que consiguió la mujer fue reunirse con una asesora de Perlines, que le indicó —según la afectada— que el consorcio se conformó en la época anterior, en la que no estaba el actual equipo de gobierno municipal. Desde el Ayuntamiento de Móstoles, argumentan a El Confidencial, por su parte, que no tienen intención de meter más dinero en el consorcio porque consideran que "sus cuentas no son del todo limpias". "Hasta que no esté todo claro, no meteremos dinero", aseguran desde el consistorio, que entiende que la mujer que lleva casi cuatro meses sin cobrar debería reclamar al consorcio, que es su pagador y con quien ella mantiene la relación contractual.

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"El ayuntamiento tiene ciertas reservas con respecto a la gestión de Móstoles Tecnológico y hasta que no haya claridad y transparencia sobre esas cuestiones, por respeto a los ciudadanos de Móstoles, el consistorio no va a poner dinero en este organismo", especifican desde el ayuntamiento, que niega cualquier responsabilidad sobre la gestión del consorcio. "El gerente es el responsable de la gestión y dentro de sus funciones debe estar la viabilidad del personal", argumenta el consistorio con el fin de desviar esa responsabilidad. "No decidimos a quién se contrata y a quién no", añaden.

M. E. P. lleva 15 años como administrativa en Móstoles Tecnológico, tiene dos hijos a su cargo y jamás se ha dado de baja a pesar de la ansiedad que le provoca, según explica su entorno, la incómoda situación que sufre. "Las cuentas están claras, pero en cualquier caso, el hecho de que no lo estuvieran no justificaría el incumplimiento de acuerdos adoptados y menos que yo no cobre mis salarios; es un ente consorciado al 50% y tienen que tratar los temas y adoptar los diferentes acuerdos en los consejos de administración", argumenta la víctima del desacuerdo institucional, que acaba de presentar una demanda por el impago contra el consorcio y subsidiariamente contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles como propietarios a partes iguales.