El otro debate: qué dirían los candidatos si hablaran sus programas para el 4-M

El día D de la campaña electoral llegó este miércoles. El debate se antojaba un momento clave marcado con fluorescente en las agendas de los candidatos. La cita, organizada por Telemadrid, fue una oportunidad para poner sobre la mesa sus propuestas, encauzar la discusión hacia los ámbitos que más les convienen y, sobre todo, convencer a las bolsas de decenas de miles de indecisos que todavía no tienen claro a quién votarán el 4 de mayo. Sin embargo, no todos los aspirantes centraron los esfuerzos en contar sus programas. El Confidencial ha recabado las principales propuestas recogidas en los documentos oficiales de los partidos en ámbitos esenciales.

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Fiscalidad, ayudas a la hostelería, sanidad, vacunación, vivienda... Los temas que determinan el voto de los madrileños en estas semanas varían en función del perfil del elector, pero cada organización ha puesto sobre la mesa sus iniciativas para tratar de mejorar las vidas de la población en un contexto de crisis generalizada. La única que no ha presentado un programa oficial y en profundidad de cara al 4-M es Vox, que no acostumbra a llevar documentos extensos, sino a limitarse a una decena de medidas sobre la inmigración y la inseguridad o contra la ideología de género, pero sin ir más allá. Utilizaron esta misma estrategia en las gallegas y vascas de julio y en las catalanas de febrero. El PP ha recuperado casi sin modificaciones su edición de hace dos años a la espera de nuevas introducciones que va integrando con el paso de los días.

Fiscalidad

Uno de los elementos que más utilizan las formaciones para distinguirse del adversario es su apuesta en materia impositiva. Aquí, Isabel Díaz Ayuso se reafirma en los aspectos por los que apostó en 2019, cuando prometió una bajada de medio punto en todos los tramos de la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta (IRPF). Hasta el momento, no ha puesto en marcha esta medida, y aunque ha insistido en que la llevará a cabo antes de 2023, en las semanas previas al adelanto electoral desde su entorno se reconocía que no podría llevarse a la práctica ahora mismo por el desplome de ingresos debido a la pandemia. Sí apostaban por hacerlo antes del final de la legislatura.

Los populares cuentan aquí con el respaldo de Rocío Monasterio, que en su brevísimo texto aboga por una "bajada radical" de impuestos, sin precisar en qué se traduce esto. También Ciudadanos se limita a abogar por "impuestos bajos" para que los madrileños no paguen "ni un euro más". Las deducciones y las bonificaciones fiscales son una de las fórmulas más repetidas en el programa del PP.

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En el caso de la izquierda, la apuesta en fiscalidad es variada. Los socialistas sorprendieron con la promesa de no tocar los niveles madrileños en los dos próximos años, dejando a un lado sus intenciones previas encaminadas a subir la presión en los tramos más elevados. El anuncio de Ángel Gabilondo, entendido como un guiño al exvotante de Cs y escudado en la situación excepcional que vive la región, fue recibido con escepticismo por el resto de fuerzas, tanto a izquierda como a derecha. Los movimientos de Moncloa abogando por una armonización fiscal en las últimas fechas no han ayudado a que cale la propuesta del PSOE en Madrid.

En Más Madrid, que apunta a convertirse en tercera fuerza de la Asamblea, han indicado en distintas ocasiones que creen que el marco actual de la comunidad favorece la llegada de grandes fortunas que terminan por no pagar los impuestos que, a su juicio, deberían. Con un programa marcado por el gasto social, las siglas impulsadas por Íñigo Errejón hace dos años piden eliminar la bonificación sobre el impuesto de patrimonio de los 19.000 madrileños que más tienen y crear una exención de 800.000 euros para quienes tienen discapacidad. También apuntan al de sucesiones y donaciones, cambiando la bonificación del 99% por una del 60% para quienes reciban más de un millón, del 25% para los que vayan de cinco a 10 millones, y del 10% para quienes suban de 10 millones. Esperan recaudar 550 millones.

En el caso de Unidas Podemos, el documento publicado este mismo martes defiende una "transformación de la estructura fiscal" para convertirla en más "progresiva y equitativa". En este apartado, aseguran que Madrid es un "paraíso fiscal" dentro de España y detallan que aplicarán el impuesto de patrimonio sobre quienes tienen una riqueza superior a un millón. Algo similar, aunque sin tanta precisión, buscarán con el impuesto de sucesiones y donaciones, mientras que en el IRPF proponen reducir el tipo autonómico en el primer tramo del 9 al 8,5% y subir el máximo del 21 al 25%, añadiendo un tramo para quienes cobran más de 150.000 euros (27%).

Sanidad y pandemia

En materia de gestión sanitaria de la pandemia, el PSOE propone la realización de 200.000 test semanales, la apertura de todos los centros de salud existentes y abrirlos para vacunar el fin de semana o contratar rastreadores hasta elevar el número total a 2.000. Más allá del covid-19 como tal, los de Gabilondo apuntan a un incremento de los recursos sanitarios para la reducción de los tiempos de espera en Urgencias hasta un máximo de cuatro horas, y a los 30 días para las citas de salud mental no urgentes. Asimismo, entienden que la llegada de fondos europeos debe ser un instrumento para "recapitalizar" los hospitales existentes y ampliar la red de centros de salud.

La recuperación de las citas perdidas a pacientes de enfermedades ajenas al coronavirus es una de las prioridades que fija Más Madrid. Los de Mónica García llevan en su texto la creación de un centro de innovación e investigación en lo que ahora es el Hospital de Pandemias Isabel Zendal. En cuanto a vacunación, MM defiende priorizar la proximidad como factor clave para determinar en qué puntos administrar las dosis y propone hacerlo también en centros educativos, sin perjuicio de la docencia. La recuperación de los hospitales privatizados, reducir los altos cargos de los centros privados con concesiones o bajar la temporalidad entre los profesionales sanitarios a menos del 10% en esta legislatura son otras de las medidas que recogen. UP reclama invertir 1.000 millones más al año en Sanidad. Ambos buscarían la extensión de la jornada de 35 horas semanales en el sector.

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En salud, Ciudadanos argumenta la necesidad de una auditoría externa del sistema madrileño y consolidar la incorporación de los 10.000 profesionales que llegaron con 'contratos covid'. La creación de un sistema de guarderías en hospitales es otro de los puntos recogidos en su documento. El PP, que aún está desvelando algunas de sus promesas electorales, cree conveniente mantener el sistema de compra centralizada de material de protección para el personal sanitario de la región, que se almacenaría en las instalaciones del Hospital Zendal. Insisten en la creación de estructuras sanitarias, como la rehabilitación del Hospital Puerta de Hierro y el de la Sierra Norte. Reducir las listas de espera quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y en consultas al 50% es otra de sus metas. Díaz Ayuso ha propuesto recientemente que las empresas puedan ir al mercado a comprar vacunas.

Economía, política social, vivienda...

Aquí, Ciudadanos defiende un plan de rescate de 1.000 millones para empresas, autónomos, pymes y familias o la implementación de "incentivos fiscales" para acabar con la precariedad de las empleadas del hogar. La creación de un sistema de cheques de formación para que los desempleados elijan el centro en el que formarse. En vivienda, destacan las medidas dirigidas a los jóvenes, con un programa para ceder viviendas de particulares para alquiler social y con cupos en los procedimientos de viviendas públicas de alquiler para menores de 35 años y familias con pocos recursos monoparentales y numerosas. Introduce que los centros de trabajo con más de 250 empleados dispongan de guardería para mejorar la conciliación.

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Los populares apuestan por el Plan VIVE, que ya se puso en marcha y que busca obtener 25.000 viviendas para alquileres más bajos a través de concesiones. Las deducciones del IRPF por múltiples motivos son uno de los ejes vehiculares de su propuesta de 2019, que mantienen ahora, también para vivienda: hasta 1.200 euros (20% más) para jóvenes que vivan de alquiler; elevar del 30 al 40% el porcentaje deducible de la inversión hecha para adquirir acciones en nuevas entidades que creen empleo indefinido (hasta 9.000 euros al año); 700 euros por hijo durante los tres primeros años, y para las familias que crezcan por nacimiento o adopción y compren una vivienda, hasta 700 euros anuales durante 10 años por el 10% del valor de la adquisición. Reducir los plazos para la creación de empresas, crear una aceleradora de 'startups' o la asesoría y la financiación para el crecimiento de las pymes son algunas de las aportaciones en materia económica.

[Consulta el programa del PP, a la espera de nuevas medidas]

[Consulta el programa de Ciudadanos]

Los socialistas, por su parte, incluyen un plan similar al de Cs para comercios, hosteleros, autónomos y familias por valor de 1.300 millones, "la mayoría en ayudas directas". También sostienen que el plan de recuperación y los fondos europeos permitirán la creación de 125.000 puestos de trabajo en la región. Incluyen un complemento para el ingreso mínimo vital de 150 euros destinado a familias, "a todos los beneficiarios", y una paga anual de 400 euros para las pensiones no contributivas. Paralelamente, defienden que el 100% de los pliegos de condiciones de la CAM asuma cláusulas ecosociales y que se promuevan deslocalizaciones de empresas mediante un programa por el que "a menor núcleo de población, mayor bonificación".

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La vivienda ha sido uno de los campos que más encontronazos han causado en el Consejo de Ministros. Los socialistas prometen iniciar la construcción de 15.000 viviendas públicas para alquiler social en dos años, prohibir que se vendan a fondos buitre y un "control indirecto" de precios para jóvenes para que este gasto no supere el 30% de los ingresos de cada uno. Unidas Podemos, como a nivel nacional, se lanza a por la regulación de los alquileres para limitarlos en general en base a los salarios medios de la zona para que no se llegue a ese mismo porcentaje al que se refiere el PSOE, y, en la misma línea, establecer un impuesto a cada inmueble vacío y que los grandes propietarios tengan obligación de cederlas si no están habitadas.

[Consulta el programa del PSOE]

[Consulta el programa de Más Madrid]

[Consulta el programa de Unidas Podemos]

Los morados proponen llevar hasta las 35 horas las jornadas en el sector público y fijarán una cuota del 3% para víctimas de violencia de género y personas trans, mientras que en ayudas por covid-19 contemplan elevar en un 50% las ayudas recibidas por pymes y autónomos de comercio y hostelería por compensación de pérdidas. Aspiran a elevar la renta mínima de inserción hasta el SMI y que se acceda a esta desde los 18 años.

En Más Madrid, exigirán a la Sareb que sus inmuebles se integren en el parque de vivienda pública en alquiler y que las promociones de obra nueva destinen el 30% al alquiler social en zonas urbanas. Los de García entienden que la rehabilitación de viviendas puede servir para condicionar la ayuda a cambio de una cesión temporal para alquiler asequible. UP incluye una vía similar. MM detalla un plan para "reanimar" la comunidad en los primeros 100 días dotado con 2.475 millones: ayudas (150 M) y préstamos (350 M) a la hostelería, pero también a comercios, pymes y autónomos (480 M); un complemento de 200 euros para trabajadores que lleven al menos seis meses en ERTE hasta completar su salario; 200 millones para complementar el ingreso mínimo vital para quienes se han quedado sin subsidio por la pandemia por valor de "600 euros durante seis meses". Una de las medidas estrella de la formación es la implementación de la jornada laboral de 32 horas, que aplicarán de forma gradual al personal de residencias y a proyectos piloto.