NUEVA SENTENCIA CONTRA EL EMPRESARIO

Un juez apuntilla al 'rey de la chatarra': hay que derribar el nuevo Desguaces La Torre

Avala el decreto del Ayuntamiento. Tendrá que tirar gran parte de su ampliación: dos naves, superficie urbanizada y viales. El Consistorio le amenaza con multas de 637.000 euros

Foto: Una de las naves que tendrá que demoler Desguaces la Torre.
Una de las naves que tendrá que demoler Desguaces la Torre.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Madrid ha acabado con el sueño de Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, más conocido como el 'rey de la chatarra', dueño de Desguaces La Torre. En una sentencia fechada el pasado 22 de mayo, el juez ha rechazado parcialmente el recurso que presentó el empresario contra la orden de derribo que había dictado el ayuntamiento de Torrejón de la Calzada en octubre de 2017, por lo que Rodríguez tendrá que derribar gran parte de las obras que lleva años realizando para ampliar su desguace. La mayoría de los terrenos donde se asientan las nuevas construcciones no son urbanizables y están protegidos, por lo que el empresario nunca obtuvo licencia municipal para la ampliación.

El juez declara "la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas", es decir, de los decretos municipales de demolición, y señala que "las obras a demoler son las dos estructuras metálicas (dos naves en construcción), su cimentación, solera de hormigón y cerramiento de hormigón, así como la superficie urbanizada y viales del entorno de dichas naves; no incluyéndose en las obras a demoler los nueve viales interiores y el muro perimetral de cierre de la totalidad de la finca", La sentencia salva una parte de las obras porque el Ayuntamiento, del PP, sorprendentemente no las incluyó en el expediente de disciplina urbanística.

Queda pendiente otra sentencia, ya que el empresario también está construyendo un gran museo del automóvil junto a sus desguaces, una gran edificación cilíndrica de 37.000 metros cuadrados hecha con coches prensados. Por eso Luis Miguel Rodríguez presentó dos recursos en los juzgados: uno contra el derribo de la ampliación de los desguaces, que cayó en el 6 de lo contencioso, y el otro contra el derribo del museo, que recayó en el 28. Fuentes jurídicas señalan que seguramente la decisión del 28 sea la misma que ha tomado el 6, rechazar el recurso y ordenar que se tire también el museo.

Los gastos de demolición corren a cargo del empresario, aunque será el nuevo Gobierno local que surja tras las elecciones quién deberá velar porque Desguaces la Torre ejecute la demolición. Los comicios los ha ganado un partido independiente, el GLITC, que denunció las obras ilegales. Pero el GLITC no ha obtenido mayoría absoluta, por lo que deberá pactar. Sus cuatro ediles son insuficientes. El PP ha obtenido tres, Ciudadanos y PSOE dos cada uno, Podemos uno y Vox un concejal también. La candidata popular, María Ángeles Rodríguez Jericó, ha formado parte del equipo local que ha permitido estos años los trabajos irregulares del 'rey de la chatarra'.

Obras de ampliación de Desguaces La Torre.
Obras de ampliación de Desguaces La Torre.

De hecho, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió el pasado mes de marzo al juzgado de instrucción número 1 de Valdemoro que abra juicio oral contra el actual regidor del municipio, Eusebio García Gómez, al que acusa de no hacer nada para paralizar las obras del desguace, un cese que fue ordenado en octubre de 2017. El ministerio público solicita tres años de prisión para él por un delito de prevaricación urbanística. El alcalde (lo es desde junio de 2011) tenía "la obligación de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente. Y teniendo conocimiento desde el año 2011 de que se estaban desarrollando unas obras clandestinas, ilegales e ilegalizables por la mercantil, tenía la obligación de haber instado y resuelto las medidas necesarias para reponer la situación a su estado anterior a la ilegalidad", señala la Fiscalía.

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, dictó el pasado 9 de mayo una resolución ordenando el precinto de las instalaciones tras comprobar que los trabajos seguían, y requirió a las empresas suministradoras "que corten el suministro de los servicios de agua, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones de la zona afectada". Incluso la Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Comunidad de Madrid, tuvo que recordar al Consistorio que "con independencia de que la ejecutividad de las órdenes de demolición esté suspendida en tanto se sustancia el procedimiento contencioso interpuesto por la mercantil, ello no ampara ni la continuación de las obras ni el ejercicio de actividad en dichas instalaciones".

En un nuevo decreto al que ha tenido acceso El Confidencial, fechado el pasado 24 de mayo, el Ayuntamiento ha decidido abrir a Desguaces la Torre "expediente para la imposición de multas coercitivas, hasta el cumplimiento de lo ordenando consistente en el cese definitivo del uso de la zona de ampliación". Las multas pueden llegar al 5% del valor de las obras, que el Consistorio ha estimado en 12.750.000 euros. Es decir, que la sanción podría llegar a los 637.000 euros.

Luis Miguel Rodríguez y Agatha Ruiz de la Prada.
Luis Miguel Rodríguez y Agatha Ruiz de la Prada.

En conversación telefónica con El Confidencial, Luis Miguel Rodríguez señala que la sentencia "ha sido bastante favorable" ya que según el empresario no tiene que derribarlo todo. "Voy a recurrir al TSJM porque el nuevo plan urbanístico del municipio va a legalizar estos terrenos. No solo no voy a tirar las dos naves sino que si todo sale bien haré dos más" señala optimista. También asegura que ha recurrido el expediente municipal sancionador. Luis Miguel Rodríguez, un habitual del papel cuché por sus relaciones con Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, también está imputado en otro juzgado por estas obras.

El 'rey de la chatarra' habla de sentencia favorable porque no tendrá que tirarlo todo. La orden de demolición del Ayuntamiento de octubre de 2017 se refería a la "superficie urbanizada, viales y soleras de hormigón y cerramiento perimetral de hormigón" del entorno de las dos naves en construcción que está levantando el empresario. Y el juzgado deja claro que quedan fuera el "muro perimetral" de toda la finca, edificado a partir de 2011, y los nueve viales interiores construidos entre 2011 y 2014, que no fueron objeto del expediente de disciplina urbanística y que, por tanto, "no podrían ser objeto de la orden de demolición".

La sentencia concluye de una forma clara: "Siendo las obras iniciadas sin licencia, no habiéndose solicitado la licencia en el plazo dado por la orden de legalización y siendo ilegalizables conforme a las Normas Subsidiarias vigentes aprobadas que clasifican el suelo en el que han sido construidas como No Urbanizable Protegido, y no habiendo caducado la acción para el restablecimiento de la acción urbanística resulta, conforme a derecho la orden de demolición acordada respecto de las obras a las que se refería la orden de legalización. No así respecto a la demolición del muro perimetral al no haber sido objeto del expediente de disciplina urbanística".

Madrid

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