Hacienda subasta 17 fincas del 'rey de la chatarra' porque su desguace debe 22 M

El imperio inmobiliario de Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, dueño de Desguaces la Torre y conocido en el sector como 'el rey de la chatarra', se reduce poco a poco acosado por las deudas que mantiene con el fisco español y proveedores. La Agencia Tributaria acaba de sacar a subasta 17 fincas de su propiedad en Torrejón de la Calzada, la mayoría anexas al imponente centro de tratamiento de vehículos que tiene en este municipio madrileño. Las fincas han sido vendidas por 1,6 millones de euros y servirán para ir condonando la importante deuda que el empresario mantiene con Hacienda: 15,4 millones de euros, según el último listado de morosos.

Aunque la cantidad es mucho mayor. El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid declaró este miércoles el concurso de acreedores de Desguaces La Torre, ante la grave situación de insolvencia que mantiene la empresa. El juzgado considera acreditada la existencia de embargos (por entidades públicas y privadas) y ejecuciones pendientes que afectan de manera clara al patrimonio del desguace. Un informe pericial revela que la deuda real con la Agencia Tributaria asciende a los 21,9 millones de euros, más otros 1,3 millones que debe a la Seguridad Social. "En total, las deudas vencidas y exigibles ascienden a la cantidad de 44 millones de euros", señala el juzgado, que ha nombrado como administrador concursal a Ubsolvia SLP.

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Su lucha con Hacienda no es su único quebradero de cabeza. Luis Miguel Rodríguez acaba de presentar dos recursos en los juzgados de lo contencioso-administrativo número 6 y 28 de Madrid contra los decretos del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, del PP, que inició el 30 de octubre de 2017 el expediente de derribo de las obras que empezó a levantar en la localidad: un museo del automóvil y la ampliación de sus desguaces. Mientras se resuelven esos recursos, el empresario gana tiempo. La Comunidad de Madrid tuvo incluso que ordenar al consistorio que ejecutara la demolición de lo construido tras llevar años dilatando los requerimientos.

Y es que las obras que ha hecho el empresario en Torrejón de la Calzada no son legales. Ni el museo del automóvil ni la ampliación de sus desguaces. La mayoría de los terrenos donde se asientan ambas construcciones no son urbanizables y están protegidos, por lo que el empresario nunca obtuvo licencia municipal para los trabajos. Rodríguez García-Rivera compró 650.000 metros cuadrados en el paraje Las Lagunas, donde ya tiene otros 240.000 metros, para intentar ampliar su negocio y levantar así el mayor desguace de Europa y el museo. Las obras ilegales han acabado en los tribunales. Tanto el empresario como el alcalde, Eusebio García, están imputados en el juzgado número 1 de Valdemoro. El primero por hacer los trabajos sin las licencias pertinentes y el segundo por permitirlos y no hacer nada.

Lo curioso de todo es el interés del 'rey de la chatarra' por litigar judicialmente para frenar un derribo de lo construido en unas parcelas que poco a poco está perdiendo porque Hacienda se las está embargando y subastando. De hecho, el propio fisco avisó en la subasta de que algunas de las parcelas están afectadas "por la orden de demolición dada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2017. Los adjudicatarios tendrán que asumir las obligaciones del actual propietario".

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De las 17 fincas subastadas, al menos 12 tienen el aviso legal de que lo construido sobre ese terreno tendrá que ser derribado. En teoría, no se puede edificar sobre ellas pero aun así han encontrado comprador. La Agencia Tributaria protege su identidad por la Ley de Protección de Datos. En el Registro de la Propiedad tampoco se ha inscrito el nombre del nuevo dueño. En principio, el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, bajo la supervisión de la Comunidad de Madrid, ha concedido un plazo inicial de tres años y medio para que el empresario derribe la ampliación ilegal que hizo de su desguace, un plazo que la oposición municipal quiere acortar.

La Agencia Tributaria también ha decidido sacar a subasta la impresionante vivienda de 5.375 metros cuadrados que Rodríguez tienen junto a su exmujer en el municipio madrileño de Torrejón de Velasco, el pueblo vecino a aquel donde ha levantado su imperio de desguaces, Torrejón de la Calzada. El inmueble saldrá al mercado por un precio de partida de 10,9 millones de euros. El empresario es un asiduo últimamente de la prensa rosa. Tras romper su especial amistad con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco, ahora ha iniciado una relación con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

El inmueble está en pleno centro de Torrejón de Velasco. El titular es La Casa Grande Aceite de Oliva, una sociedad que Luis Miguel Rodríguez comparte al 50% con su exmujer, María Asunción Fernández López, y que también tiene más de 60 fincas en Toledo. Esta empresa, que lleva sin actualizar sus ejercicios fiscales desde 2008, tiene una deuda con Hacienda de 1.925.835 euros. La casa subastada es una de las más grandes de la localidad. Tiene acceso por tres calles y tres zonas bien diferenciadas: el de vivienda, el de almazara, con un volumen de tres alturas que alberga un molino viejo, y una edificación subterránea para locales de hostelería.

Líos para el alcalde

El destino del 'rey de la chatarra' parece que va unido al del alcalde de la localidad, Eusebio García. Además de su imputación en el juzgado que investiga las obras ilegales del empresario, el pasado 25 de junio el juzgado de instrucción número 4 de Valdemoro dictó la apertura de juicio oral contra el regidor por varios delitos de prevaricación. La Fiscalía pide multa y dos años de inhabilitación. La acusación popular, ejercida por un grupo de la oposición,  el GLITC, pide además que indemnice al ayuntamiento con 81.799 euros. El juzgado le pide una fianza de 106.339 euros. 

En esta causa se investiga el despido por parte del alcalde del arquitecto municipal, que llevaba 21 años en el cargo, la suspensión del contrato que se mantenía con la empresa que gestionaba la escuela infantil del municipio y la forma en que se tramitó por parte del Gobierno local la relación de puestos de trabajo (RPT) en el ayuntamiento.